Por Armando Tezucún

Las mesas de diálogo que el gobierno de Colom logró conformar con las organizaciones empresariales y los partidos políticos representados en el Congreso marchan lentamente y con muy pocos resultados. Creemos que la tendencia es que se logren acuerdos que en última instancia beneficien a la burguesía, pero mientras, hay divergencias que no han podido zanjarse.

El tema que causa más desacuerdos es el de la propuesta de aumento de impuestos presentada por el gobierno. Los empresarios, que por tradición siempre se han negado a pagar impuestos, exigen al ejecutivo que el diálogo sea con “la mesa limpia”, es decir, que se retire de la discusión el tema del ajuste fiscal. Mientras, el gobierno se aferra al incremento tributario como tabla de salvación ante la grave crisis presupuestaria. Ello a pesar de que el tema fiscal fue retirado de la agenda de discusión del Congreso.

Así, el 26 de enero, los partidos opositores y las cámaras empresariales advirtieron al presidente que de no retirar la propuesta de reforma fiscal, romperían el diálogo con el gobierno. Para el Partido Patriota, es aceptable retomar el Pacto Fiscal, pero que se saque del Congreso el proyecto de aumento de impuestos. Carlos Zúñiga, presidente de la Cámara del Agro, afirmó que jamás apoyarían un incremento a los impuestos directos o indirectos. “Ese punto no es negociable” (Diario Prensa Libre 27/01/10).

Colom declaró “Si hay necesidad de diálogo es porque existe una divergencia. La mesa fiscal tiene dos reuniones más; el diálogo está funcionando” y añadió que jamás se había ofrecido retirar la reforma tributaria de las discusiones. (Prensa Libre 28/01/10).

Mientras, el movimiento cooperativo se unió al diálogo, tras una reunión del presidente con Rodolfo Orozco, secretario ejecutivo de la Federación Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas. Algunas organizaciones campesinas afines al gobierno también anunciaron su incorporación al diálogo.

El 31 de enero la Cámara de Industria de Guatemala y la Asociación de Azucareros de Guatemala solicitaron una vez más al gobierno retirar la propuesta de reforma fiscal. Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria dijo “El gobierno prometió la mesa limpia, pero se tiene la reforma fiscal en el Congreso. Lo que menos queremos es perder la confianza. La propuesta tributaria debe estar totalmente fuera de la discusión y del legislativo” y el azucarero Armando Boesche expreso: “Conocemos sobre la necesidad de salud y educación, pero en este momento no se puede aumentar el gasto; deben esperarse tiempos de mayor ganancia” (Prensa Libre 1/02/10). Algunas marchas del pro-gubernamental Movimiento de Organizaciones Sociales de Guatemala en apoyo a los planteamientos del gobierno asustaron a los sectores empresariales y agudizaron más la polémica.

Las mesas instaladas entre el gobierno y los partidos del Congreso han logrado algún avance. El 3 de febrero ambas partes firmaron un acuerdo en el que se comprometen a respetar los compromisos que se logren en las mesas de diálogo. En otra reunión realizada el 10 de febrero, el ejecutivo y el legislativo acordaron aprobar 16 leyes prioritarias en un plazo de 4 meses. El día 17 el Congreso convocó a los sectores públicos, privados, sociales, sindicales, campesinos, indígenas, etc. a que se pronuncien sobre 8 iniciativas de ley referentes a la reactivación económica. Una de estas leyes tiene que ver con el perjudicial convenio 175 de la OIT que se refiere a la flexibilización laboral.

Una característica del diálogo ha sido la notoria secretividad de la mayoría de las mesas. Muchas sesionan a puertas cerradas y las declaraciones a la prensa son mínimas. Según notas de prensa recientes, dirigentes sindicales del Frente Nacional de Lucha están incluidos en el diálogo, hecho no ha dado a conocer el FNL. Reiteramos nuestra postura por una reforma fiscal integral que afecte a los que más tienen, rechazamos la tacañería de los empresarios que se niegan a pagar más impuestos, reclamamos que las discusiones sean abiertas, no al secretismo. Alertamos a los trabajadores sobre la posible aprobación del convenio 175 de la OIT; hacemos un llamado a las organizaciones sindicales y populares a presionar para evitar que se legalice la flexibilización laboral.