Por Arnulfo Fuentes

Los guatemaltecos estamos a un paso de que se apruebe en nuestro país la mal llamada “Ley de Alianzas para el Desarrollo”, que en un principio se llamó “Ley de Participación Público Privada en Materia de Infraestructura”. El Congreso aprobó dicha iniciativa el 13 de abril del presente año.

Ley Nefasta

Esta ley que pretende realizar una alianza entre el Estado, los gobiernos municipales, la oligarquía guatemalteca y las empresas transnacionales, para supuestamente, realizar obras de infraestructura en beneficio del pueblo guatemalteco. No es más que una ley que ayudará a despojarle la tierra a nuestro pueblo, pues la iniciativa habla de declarar de utilidad colectiva, beneficio social e interés público las expropiaciones necesarias para realizar proyectos de Alianza para el Desarrollo de infraestructura Económica. También se establece que la expropiación en sí misma, (no la obra de infraestructura ni la propiedad) se considerará de utilidad colectiva, beneficio social e interés público. Por lo que la expropiación será en función, no del desarrollo nacional, sino del desarrollo de infraestructura económica, creando contratos para la creación, construcción, mantenimiento y ampliación de autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos eléctricos y ferroviarios, creando así una plataforma ideal para el desarrollo de sus empresas.

Crearán un Consejo excluyente

La iniciativa señala que los proyectos serán aprobados por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, dicho Consejo debe estar integrado, por los ministros de Economía, Energía, Finanzas y Comunicaciones; por el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, el Presidente del CACIF, y el de la Cámara de la Construcción. Dejando a un lado a las comunidades que podrían estar siendo afectadas, y al Ministerio de Ambiente, poniendo en riesgo la flora y la fauna.

En ningún momento se menciona la participación de las comunidades que sin lugar a dudas serán afectadas por los “megaproyectos” que piensan construir, tal es el caso del Corredor Tecnológico de Guatemala (CTG) que comunicará un puerto en el Atlántico con otro en el Pacífico. Tampoco menciona nada sobre la protección del medio ambiente.

También se creará una institución que legalice lo ilegal

Se creará la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, cuya Dirección Ejecutiva tiene la facultad de gestionar las expropiaciones que esa institución considere necesarias. También, podrá expropiar a través de la institución que contrate el Estado. Esto significa que el sector privado podrá expropiar lo que se le antoje en el momento que quiera, sin tomar en cuenta si se trata de tierras comunitarias. Anulando así, el Convenio 169 de la OIT, que obliga a realizar consultas en las comunidades indígenas cuando se les afecte de manera directa.

El presidente Alvaro Colom se lava las manos

El presidente del legislativo informó que devolvió al Congreso la Ley de Alianzas para el Desarrollo, porque según él, contiene aspectos que riñen con la Constitución. “La devolví. No la sancioné. Entonces, la tiene que publicar el Congreso”, aseguró. (Prensa Libre, 15 de junio de 2010)

No cabe duda que Alvaro Colom, dejó la responsabilidad de publicar la ley al Congreso, por críticas que se dieron por parte de algunos empresarios. Ellos reclamaban que se le daba mucha prioridad al Congreso, a la hora de aprobar los contratos, y que esto podría politizar las obras de infraestructura.

Una herramienta más para el desarrollo del Plan Mesoamérica (Plan Puebla Panamá)

Esta ley es un eslabón más para llevar a cabo el Plan Puebla Panamá, al cual le cambiaron el nombre por Plan Mesoamérica. Este plan que fue diseñado por los imperialistas del Norte y que está siendo apoyado por empresarios y los gobiernos vende patria de nuestra región.

Por lo que hacemos un llamado a las comunidades en resistencia, a las organizaciones progresistas que aglutinan a campesinos y al pueblo de Guatemala en general a que se pronuncien en contra de esta nueva ley que pretende arrebatarnos el derecho a la tierra.