Por Armando Tezucún

El 28 de octubre pasado, los directivos de la Cámara de Industria de Guatemala presentaron en conferencia de prensa una carta abierta al presidente Álvaro Colom, en la cual exponían propuestas en materia de seguridad. La carta demandaba que el gobierno diera prioridad al tema y una de las peticiones centrales era la declaración de estados de excepción en las zonas rojas del país y sacar al ejército a las calles. El mandatario calificó la propuesta de una “nueva iniciativa”, pero explicó que el gobierno no tenía presupuesto para algunas de las medidas demandadas (Prensa Libre 29/10/10).

Sin embargo, al parecer Colom guardó esta carta de los empresarios en el fondo de su corazón, pues sorpresivamente, poco más de mes y medio después, el 19 de diciembre, decretó el estado de Sitio por 30 días en el departamento de Alta Verapaz, con el propósito de buscar armas y narcotraficantes que han sembrado la violencia en esa región.

El “gobierno de los sin oportunidades” de la UNE y Colom ha tenido entre una de sus negras características la de ser el único gobierno posterior a la firma de los Acuerdos de Paz que ha suspendido los derechos ciudadanos garantizados por la Constitución de la República.

Esta medida, bajo el nombre de Estado de Prevención, ha sido utilizada por el gobierno para reprimir luchas populares, primero en mayo de 2008 en la capital, y después en San Juan Sacatepéquez, Coatepeque, Malacatán, Huehuetenango y San Marcos. Esta vez la disposición fue aplicada en Alta Verapaz y calificada como Estado de Sitio, el peldaño anterior al Estado de Guerra, por medio del decreto 23-2010 que permite al ejército disolver cualquier organización, detener sin orden judicial a sospechosos y privarlos de libertad mientras dure el Estado de Sitio. También repeler o reprimir por medios preventivos, defensivos u ofensivos cualquier acción que fuera contraria al restablecimiento de la normalidad (diario El Periódico 23/12/10).

El 22 de diciembre el Congreso de la República ratificó el Estado de Sitio. Los únicos diputados que se opusieron fueron los independientes Aníbal García y Otilia Lux, quienes argumentaron que la disposición es violatoria de los derechos humanos, se basa en una ley contrainsurgente y que no fue divulgada en el idioma de la predominante población indígena de la zona.

El decreto represivo del gobierno no fue ejecutado para contrarrestar luchas populares de la región. Su propósito ha sido más bien perseguir al narcotráfico, que ha sembrado el terror en la región mediante la lucha por territorio impulsada por el grupo mexicano de “Los Zetas”. Sin embargo, los magros resultados reportados hasta el 10 de enero (19 personas capturadas y unos Q 6 millones incautados en vehículos, armas y municiones) hacen pensar que las tropas del gobierno llegaron tarde, que hubo filtración de información y que los grandes jefes lograron escapar a tiempo.

Cabe poner en duda si las medidas represivas son capaces de remediar una situación que tiene raíces profundas y está ligado a problemas estructurales como la falta de tierras, la pobreza extrema, la falta de educación y salud, el desempleo y la explotación irracional de los recursos naturales por parte de voraces empresas nacionales y transnacionales.

Dice el dicho que nadie sabe para quien trabaja, y quienes se han aprovechado de la prohibición de reuniones, manifestaciones y protestas han sido precisamente empresas que tienen proyectos que afectan a las comunidades locales. Las organizaciones comunitarias de Lanquín, Santa Cruz Verapaz y grupos ambientalistas del departamento denunciaron el 20 de diciembre a la empresa italiana Enel y a CC Constructores por aprovecharse del Estado de Sitio para construir el tendido eléctrico que proviene de la hidroeléctrica privada Palo Viejo 2. Las comunidades Poqomchi´y Q´eqchi´ habían denegado el permiso para que este cableado atravesara sus terrenos. De igual manera, el dueño de la Finca Guajbal, bajo el amparo del Estado de Sitio está introduciendo maquinaria para iniciar la construcción de una hidroeléctrica en el municipio de Lanquín, pese a que en una reciente consulta popular las comunidades dijeron no al proyecto de levantar una represa en el río Lanquín (Comunicado Urgente del 20 de diciembre).

Las medidas represivas del gobierno no están golpeando significativamente al narcotráfico. Quienes se están beneficiando son los empresarios de siempre, a costillas del pueblo. El gobierno de la Une y Colom pasará a la historia con el oscuro mérito de haber resucitado los instrumentos legales de la época de los gobiernos militares represivos contrainsurgentes.

¡NO MÁS ESTADOS DE SITIO! ¡NO MÁS MÉTODOS REPRESIVOS!