Por Armando Tezucún

El proceso electoral no ha iniciado oficialmente, pero ya muestra ciertas características. En primer lugar, hay 27 partidos inscritos legalmente. Esta enorme cantidad indica que la burguesía no ha logrado estructurar partidos estables y fuertes. Los partidos se han caracterizado por no tener una ideología clara, construirse alrededor de un caudillo y por ser electoreros. Los políticos continuamente pasan de un partido a otro, según le convenga a sus intereses particulares.

Por otro lado, los partidos más importantes han irrespetado la Ley Electoral y de Partidos Políticos, haciendo campaña antes de la convocatoria oficial, que será el 2 de mayo. La ley manda que el Tribunal Supremo Electoral imponga multas a estos partidos por colocar vallas, pintas y utilizar otros medios de propaganda, pero el monto es irrisorio y los partidos han apelado con el argumento de que es propaganda proselitista y no electoral. Hasta inicios de marzo el TSE había aplicado más de 200 multas, pero sólo una había sido cancelada.

El tercer aspecto es la prohibición constitucional que tienen algunos precandidatos presidenciales. El caso más controversial es el de la esposa del presidente, Sandra Torres de Colom. Después de meses de rumores, sugerencias indirectas y peticiones de sus seguidores, el 8 de marzo Sandra Torres anunció que sería candidata presidencial por el partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El artículo 186 de la Constitución establece que no pueden ser candidatos los parientes del presidente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pero el artículo 190 de código civil dice que los cónyuges son parientes pero no forman grado. La polémica estaba encendida cuando la pareja presidencial anunció que se divorciarían para evitar todo impedimento legal a la candidatura de Torres.

Otro caso importantes el del actual alcalde capitalino Álvaro Arzú, presidente de 1996 a 2000. La constitución prohíbe explícitamente la reelección presidencial y esto es contundente, a pesar de los alegatos de su Partido Unionista, que invocan los derechos humanos y otros argumentos.

Los casos de Torres y Arzú serán decididos por la Corte de Constitucionalidad cuando soliciten oficialmente su inscripción como candidatos. Pero en marzo acaban de ser electos nuevos magistrados, y al parecer la nueva Corte cuenta con integrantes favorables tanto a la Une como al ex presidente Arzú. Ya sabemos que las instituciones burguesas funcionan de acuerdo a intereses pactados y la corrupción está a la orden del día, por lo que podemos esperar cualquier decisión contraria a la propia Constitución.

La oligarquía tradicional y el poder económico no están jugando una carta fuerte en estas elecciones. El principal partido de derecha, el Partido Patriota (PP), con una intención de voto del 42.9% (según encuesta de Borge y Asociados publicada en el diario El Periódico el 21 de febrero), no cuenta con el respaldo total ni de la embajada gringa ni de la burguesía. El punto fuerte de su campaña es la seguridad y el combate a la violencia, el aspecto más débil del actual gobierno.

La UNE ha representado a sectores capitalistas emergentes, utilizando una careta socialdemócrata y programas asistenciales. Sandra Torres tiene una intención de voto del 11.1% en la mencionada encuesta. Se presentará a elecciones junto a la Gran Alianza Nacional (GANA) --lo que queda del partido que llevó al gobierno al representante de la oligarquía Óscar Berger en 2000, después de múltiples fraccionamientos.

Miembros de la oligarquía han decidido lanzarse a través de partidos pequeños. El finquero Carlos Zúñiga con el Centro de Acción Social, Mauricio Urruela Kong con la Unión del Cambio Nacional, Juan Gutiérrez con el Partido de Avanzada Nacional. Pero ninguno tiene posibilidades reales de Ganar.

Los dos partidos fuertes son el PP y la UNE. Lo más probable es que uno de los dos gane y a la burguesía le tocará llegar acuerdos, ya sea mediante presiones o pactos, como lo hizo con éxito con Álvaro Colom. Prueba de este éxito fue el criminal desalojo de comunidades campesinas en las fincas de la familia azucarera Widmann, ahora interesada en invertir en palma africana en las tierras que tenía abandonadas.

Nuestro llamado a los trabajadores, campesinos y a todos los oprimidos es no dejarse engañar por los partidos que representan los intereses de los ricos explotadores, sino más bien organizar un frente unitario de lucha, más allá del proceso electoral, que trabaje por sus verdaderos intereses.