Por Armando Tezucún

El gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza no representa directamente los intereses de la oligarquía tradicional que controla la riqueza del país.

Está más vinculado a nuevos grupos de la burguesía, que buscan hacerse un espacio negociando con el Estado y compitiendo contra los monopolios de los grupos corporativos de las familias económicamente fuertes.

Al gobierno de la UNE, autoproclamado socialdemócrata le tocó la mala suerte de pretender aumentar el gasto en asistencia social en medio de la grave crisis mundial del capitalismo y con una caída dramática de la economía nacional. Colom no se ha atrevido a atacar frontalmente a la oligarquía. Sus proyectos de reforma fiscal para mejorar los ingresos del Estado y reforzar los programas sociales han sido derrotados uno tras otro por la intransigencia de los empresarios oligarcas.

Estos cuatro años de presidencia de Colom hemos asistido a un forcejeo continuo en el que la oligarquía ha logrado doblegar al gobierno en los principales temas de política económica, teniendo como trasfondo un ataque permanente, con momentos álgidos, en el tema de corrupción, malversación de fondos, falta de transparencia en el gasto social, clientelismo, endeudamiento etc.

Desde finales del año pasado, los grupos empresariales han intervenido más directamente en la política nacional, suplantando en ocasiones a los partidos de derecha y tomando las riendas del enfrentamiento contra el gobierno.

El 13 de enero el Cacif, junto con la patronalista Unión Guatemalteca de Trabajadores presentaron la propuesta de crear el Consejo Económico y Social. Su objetivo sería promover la institucionalización de un espacio de diálogo social no vinculante que permita impulsar políticas de contenido económico y social.

En un ataque directo contra el movimiento popular, ante el anuncio de bloqueos y protestas para el 24 de febrero que hizo el Frente Nacional de Lucha, directivos de las cámaras de Comercio, Agro e Industria interpusieron el 23 un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar la libertad de locomoción. El recurso fue resuelto en tiempo record por la Corte, ordenando a la policía nacional garantizar tanto el derecho de locomoción como el de manifestación. Como los empresarios consideraron que la policía no actuó con suficiente dureza el 24, solicitaron ese mismo día a la CC que ordenara la destitución del ministro de Gobernación y del director de la Policía Nacional Civil, provocando la ira del presidente.

Igual maniobra hicieron las cámaras empresariales ante el anuncio de bloqueos por parte de los sindicatos de maestros el 6 de abril. La CC amparó a los empresarios y lo docentes desistieron de los bloqueos, aunque presentaron su propio amparo. Pero los burgueses no impidieron que millares de maestros marcharan protestando por las calles de la capital.

Otra iniciativa de los empresarios fue presentada por la Cámara de Industria Guatemalteca el 2 de abril, que consiste en un plan para reducir la pobreza y lograr que la economía crezca a un ritmo del 6 % anual. El proyecto incluye cinco ejes y busca impulsar la inversión en energía, hidrocarburos y minería, los nuevos negocios de la oligarquía. Parte fundamental de la propuesta es la  ratificación del Convenio 175 (sobre el trabajo a tiempo parcial), un ataque directo a los trabajadores.

El 31 de marzo, la cúpula del CACIF presentó un plan para cambiar el país en cuanto a la práctica de valores, liderazgo joven, cultura de paz y protección de la naturaleza. El tal plan, llamado “2012: Nuevo Principio” es una especie de pacto social que sacaría de la pobreza a la mayoría de la población y lograría un crecimiento económico del ¡¡8 %!! Todo ello impulsando la visión del país y de la sociedad que más conviene a la oligarquía.

El empresariado oligarca se está preparando para enfrentar al próximo gobierno, ante la escasa posibilidad de triunfo de los partidos donde los empresarios son candidatos. Ya sea que gane el Partido Patriota de Pérez Molina o la UNE de Sandra Torres, la gran burguesía está construyendo un perfil de actor cada vez más directo en los asuntos nacionales y afinando sus proyectos para imponer su modelo de explotación. Ante eso, las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes revolucionarios, y demás sectores populares debemos construir un frente unitario de lucha que más allá del proceso electoral, enfrente combativamente los planes de la oligarquía.