Por Abelardo Maturana

El pasado martes 10 de mayo el tribunal undécimo de sentencia resolvió absolver por mayoría al ex presidente Alfonso Portillo, al ex ministro de finanzas Álvaro Maza Castellanos y Arévalo Lacs, ex ministro de la defensa, de la acusación del supuesto traslado ilegal de 120 millones de quetzales del Banco de Guatemala al estatal banco Crédito Hipotecario Nacional, provenientes de fondos del Ministerio de Defensa.

Esto ha generado un revuelo en la sociedad guatemalteca pues fija al ex presidente en el imaginario simbólico de la sociedad. Este personaje es recordado por parte de la población como el presidente de los pobres, por lo tanto algunos sectores consideran que se hizo justicia.

Por su parte, la oligarquía, la prensa escrita de derecha, organizaciones de derechos humanos y de fortalecimiento de la justicia y otras organizaciones de tendencia social demócrata cuya acción política es fortalecer el estado de derecho, consideran que se fortalece la impunidad.

Las jueces no le dan valor probatorio a informes de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), así como califican con nulo valor probatorio las declaraciones de Armando Llort, ex gerente del CHN, por considerarlo testigo poco confiable. Consideran que no hay relación clara de delito y si bien el dinero fue transferido, es parte de la función pública de estos funcionarios sin ninguna vinculación criminal. La fiscalía, la CICIG y la jueza que vota en contra de la sentencia absolutoria plantea que lo anterior es una interpretación subjetiva y que las pruebas presentadas, 577 en total, entre certificados de depósitos bancarios, auditorias con limitaciones, dobles contabilidades etcétera, sí tienen valor probatorio.

La CICIG interviene por los supuestos vínculos de los imputados con cuerpos clandestinos a cargo del general Ortega Menaldo, miembro de la inteligencia del ejército y parte de redes criminales dedicados al contrabando, que según investigaciones de organismos de derechos humanos también ejercieron como estructuras clandestinas; sin embargo, la CICIG nunca encaminó la investigación en esa dirección sino por peculado.

Durante los últimos gobiernos, todos de derecha, se ha dado el robo del erario público, desvío de fondos, mal uso de recursos, prácticas extrajudiciales, asesinato de líderes sociales, las espurias privatizaciones que benefició a los allegados de Arzú y los desalojos campesinos. Sin embargo no han existido procesos judiciales abiertos sobre todas estas situaciones. Por lo tanto creemos que hay una saña de la oligarquía contra este ex presidente ¿porque?

El gobierno de Portillo fue una expresión de la burguesía emergente, al igual que el actual gobierno. Pero a diferencia de Colom, tuvo prácticas anti monopólicas, reduciendo el consumo de los productos de primera necesidad por medio de importaciones, bajando así los precios monopólicos impuestos por las grandes empresas oligárquicas; detuvo los desalojos campesinos y entregó fertilizantes que más que una dádiva era una exigencia campesina. Creemos que esta diferencia estriba en que Portillo tuvo más capacidad de maniobra pues no enfrentó ninguna crisis económica, como sucede con Colom.

Consideramos que tales políticas fueron beneficiosas para el pueblo pero por sus amarres de clase vinculados a estos sectores burgueses y a militares responsables a crímenes de derechos humanos, tal gobierno no rompió el estatus quo y sólo redujo mínimamente las ganancias de la oligarquía.

Si hubo delito o no, no sabemos. Portillo pasará a ser un politiquero más con discurso anti oligárquico. Habrá que seguir fortaleciendo el actual papel de la fiscalía con capacidades técnicas para la persecución penal como se ha hecho y garantizar el mínimo estado burgués de derecho, con el límite de defender la ley burguesa.

La CICIG de igual forma, tendrá que fortalecer y reorientar su excelente capacidad técnica a desmantelar estructuras de seguridad clandestina como las existentes en este gobierno. Además como hemos mencionado en otros artículos, tendrá que haber una vigilancia por parte de los organismos populares para tal cometido especialmente a lo que se refiere en las líneas orientadoras de la investigación penal, incidir en qué derecho se prioriza: propiedad privada, la vida, el trabajo, la alimentación, etc.

Creemos que si bien hay que fortalecer el estado de derecho burgués, para utilizar las libertades que confiere, no le apostamos sólo a eso, sino a un estado socialista; pero sin embargo, para esta primera tarea reformista habrá que romper la estructura del modelo oligárquico y no caer en tacticismo de creer ingenuamente que se pueden hacer cambios desde la superestructura sin romper la estructura oligárquica.