Por Marcial Rivera

El 29 de Diciembre de 1996, es una fecha parteaguas en la historia de Guatemala, y Centroamérica. Luego de más de 30 años de una cruenta guerra civil, que dejó como saldo, además de pérdidas económicas, violaciones a derechos humanos, poco más de un millón de habitantes desplazados hacia México, y un sin fin de consecuencias a nivel de la salud mental de las personas, nada más y nada menos, que poco más de cien mil muertos, según cifras oficiales.

Durante los últimos días se han dado capturas que han tenido poca trascendencia en la opinión pública. A estas capturas, pueden darse diferentes interpretaciones, desde las superficiales que cuestionan la realización de estas capturas en período electoral, hasta otras que hacen relación a la justicia restaurativa, es decir, no a la parte legal, en la que quienes son responsables de crímenes de guerra, genocidio, y demás paguen por sus actos; sino más bien se dan estas capturas como mero simbolismo de un sistema judicial, por demás corrupto, servil, y cuestionado.

Héctor Rafael Bol de la Cruz, fue detenido el nueve de junio, del año en curso, en EL Progreso, Jutiapa, en el oriente Guatemalteco, al atribuírsele la desaparición de Fernando García, quien además de sindicalista, era esposo de la actual diputada, al Congreso de Guatemala, Nineth Montenegro. Esta captura es la tercera después de la condena de Héctor Ramírez y Abraham Gómez, quienes ya guardan prisión por la comisión del delito de desaparición en perjuicio de García.

Otra captura importante, y que a su vez ha sido aplaudida por diferentes entidades de derechos humanos, ha sido la de Héctor Mario López Fuentes, quien fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, entre Septiembre del 82 y Agosto del 83, período durante el cual se elaboraron y ejecutaron los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, que pretendían la exterminación de población civil, por estar en “firme apoyo” a la guerrilla. Sobre esto, las declaraciones de Efraín Ríos Montt, -actual diputado por el Frente Republicano Guatemalteco, y entonces presidente de facto- son verdaderamente alarmantes, pues justifica las acciones llevadas a cabo. En una entrevista reciente hecha por Emisoras Unidas, el mencionado personaje comentaba: “fue una lucha contra un grupo específico, de acuerdo con la legalidad existente... Fue una guerra de guerrillas”.

López Fuentes, -quien fue candidato a la presidencia de la República, en 1995- fue uno de los mayores asesores, y colaboradores durante el corto período presidencial de Efraín Ríos Montt, que ha sido -junto con el período de Romeo Lucas García- el tiempo durante el que se han cometido el mayor número de asesinatos. Esta etapa fue muy crítica, no solo por las violaciones a derechos humanos y asesinatos cometidos en contra de la población civil, sino además por la reorganización del Ejército, lo que en parte contribuyó a la realización de esas masacres, con la creación de los llamados “Escuadrones de la Muerte” que fueron grupos paramilitares; quienes tenían labores específicas, como las de torturar, secuestrar, asesinar y desaparecer líderes sociales, religiosos, estudiantiles, universitarios, y demás.

El proceso, sigue un avance aparentemente “coherente”, pues al momento a López Fuentes se le acusa de ser el planificador de diferentes masacres, perpetradas durante los gobiernos sucesivos de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. Como se mencionó anteriormente, este fue el período durante el cual se cometieron la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos, específicamente de asesinatos por medio de 440 masacres a comunidades indígenas; doce de ellas en el triángulo Ixil, que abarca Nebaj, San Juan Cotzal y Chajul, en el Departamento de Quiché.

Después de 10 años, de iniciar el trámite contra López Fuentes finalmente se le da seguimiento; de ahí el dicho que lleva por título este artículo “La justicia tarda pero no olvida”. Sobre este hecho son también irónicas las declaraciones, del embajador estadounidense Stephen McFarland, quien hacía alusión al “esclarecimiento de los hechos ocurridos, y la búsqueda de la reconciliación”. Irónicas, porque la Central de Inteligencia Americana, CIA, y Estados Unidos, son los responsables, de haber entrenado militares, realizar labores de espionajes; entre otros.

Es pues ahora, deber de la sociedad, exigir que los y las responsables de los crímenes de lesa humanidad, paguen por los delitos cometidos, antes, durante y después del conflicto armado, pues aparentemente, los acuerdos de paz, tienen su cumplimiento en la parte formal; falta entonces darle cumplimiento a la parte sustantiva.