Por Edgar Miguel Kan

En mil novecientos noventa y ocho, cincuenta familias se asentaron en el vórtice nororiente del país sobre la sierra Lacandón en La Libertad, Petén, denominando a la comunidad Nueva Esperanza, única comunidad cercana a diversos sitios arqueológicos, la cual poseía un puesto de salud y una escuela realizados mediante esfuerzos de autogestión. Sin embargo el día martes veintitrés de agosto del año en curso, las noventa familias que hasta hace unos días habitaban la comunidad fueron interrumpidos en su cotidianeidad por elementos fuertemente armados del Ejército, Policía Nacional Civil (PNC), así como miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), de la Organización No Gubernamental Defensores de la Naturaleza (ONG-DN) y el Juez de Paz del municipio de la Libertad, según afirmó la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

El Juez de Paz leyó y notificó a las y los comunitarios que tenían cuarenta y cinco minutos para retirarse de la comunidad pues estaban siendo desalojados por usurpación agravada en un área protegida, y por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Los elementos del Ejército y de la PNC destrozaron de manera violenta las viviendas, cosechas, la escuela y el centro de salud, mediante el saqueo y la quema de éstas, generando una situación de pánico en la comunidad. Los comunitarios tuvieron que desplazarse sobre la línea fronteriza al  Ejido Nuevo Progreso, municipio de Tenosique, en el estado de Tabasco, México, informó Julio Pérez vocero de la Comunidad Nueva Esperanza.

Sin embargo ya en México las y los comunitarios están siendo amenazados de ser víctimas de deportación por el Estado mexicano, siendo criminalizados a raíz del violento desalojo que la comunidad ha vivido e incluso estigmatizados como colaboradores del narco, sin saber a dónde dirigirse. “Los comunitarios se encuentran con incertidumbre y consternación, pues están en un país ajeno y son víctimas de acusaciones infundadas de colaboración con el narcotráfico” por lo que al Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) exige que se habilite un albergue temporal en Guatemala para ellos y se aclare dicha situación, declaró Rubén Mazariegos en declaraciones a Radio Sonora el treinta de agosto.

La situación antes descrita, junto con los violentos desalojos en el Valle del Polochic, quienes aún no han recibido respuesta a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y siguen siendo víctimas del abuso ya reportado y denunciado por este medio, así como los desalojos en Retalhuleu, e Izabal,  es la evidente agudización de la conflictividad agraria que vive el país, la cual se remonta a la deuda histórica de los grupos hegemónicos en los intereses de explotación masiva de la tierra. Éstos, bajo posturas colonialistas/mercantilistas aún aspiran a vivir en un Estado Feudal contradiciendo así incluso a la revolución burguesa capitalista, ya que inmersos en el control neoliberal reaccionan en contra de las y los pobladores para instaurar el control del gran capital.

Sin embargo el Estado burgués es el cómplice perfecto para tal política reaccionaria, ya que posee evidentes políticas criminalizadoras hacia las comunidades quienes viven al margen del desarrollo capitalista, situación clara en los desalojos, que son comunidades que no poseen tierra, no para agenciarse de excedente de capital sino para la autosubsistencia, mediante cultivos de granos básicos, siendo en consecuencia una contradicción más del sistema neoliberal.

Un ejemplo más de esta política reaccionaria allende de la tipificación del delito de usurpación agravada,  es el interés de instaurar proyectos de explotación masiva incluso en esas áreas protegidas, como lo son los proyectos de explotación petrolera sobre la Laguna del Tigre, las hidroeléctricas bajo el plan de interconexión eléctrica de Centro América,  el proyecto Cuatro Balam, entre otrosl Presidente de Guatemala ha mantenido una política clara de criminalización tratando de mezclar a comunitarios sin tierra con el narco “Colom dijo que se debe liberar la región de los invasores y del narcotráfico, ubicado especialmente en la zona de la Laguna del Tigre”, diario el periódico 17 de julio de 2008.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), denuncia las políticas reaccionarias del Estado de Guatemala como consecuencia del servilismo al sistema neoliberal. Exige que se cumplan los derechos humanos a la vida, a la salud, a la alimentación y vivienda de las comunidades criminalizadas. A las Judicaturas que se abstengan de emitir resoluciones que atentan con la subsistencia de una parte representativa de la población, que el Ministerio Público deje de solicitar los desalojos y en la resoluciones ya emitidas vele por que se garanticen los derechos antes mencionados, que el Ministerio de Gobernación y el Ejército cesen de realizar esas prácticas arraigadas que fomentan el pánico y miedo en la población.

Desde el PSOCA, nos solidarizamos con los movimientos sociales en apoyo a las comunidades criminalizadas y resistimos junto con ellos denunciando los hechos acaecidos e informando a los y las ciudadanas, de Centro América y del mundo.