Por Armando Tezucún

20 de julio se llevó a cabo una vista pública en la Corte de Constitucionalidad(CC), por el recurso de inconstitucionalidad que el Consejo de los Pueblos Mayas de Occidente presentó contra el Decreto 48-97, Ley de Minería. Los magistrados de la CC escucharon los argumentos presentados por las partes presentes. Además del Consejo, participaron representantes de la Cámara de Industria y del Ministerio Público.

Por la organización indígena hablaron, después de realizar una ceremonia maya, el líder Diego Cotí que habló en idioma K´iche´, y la abogada Lucía Xiloj, quien pidió la anulación de la ley. El argumento es que esta ley es inconstitucional pues fue aprobada seis días después de que cobró vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que incluye el derecho de los pueblos a ser consultados en el caso de instalación de empresas extractivas en sus territorios. La abogada explicó que las actividades mineras afectan a las comunidades indígenas, pues las licencias son otorgadas en áreas pobladas.

Mario Fuentes Destarac defendió el punto de vista de los capitalistas mineros, diciendo que el Convenio no estaba vigente cuando se aprobó la ley, y que la Constitución está por encima de cualquier normativa como el Convenio 169.

Por el Ministerio Público habló Karla Valenzuela Elías, quien pidió a los magistrados de la CC para que permitan la reforma a la ley de manera que incluya las consultas populares, respetando de esta manera la opinión las poblaciones indígenas.

Denunciamos firmemente la actitud profundamente racista, discriminadora y clasista que tuvo la administración de la CC, pues mientras los abogados de los empresarios mineros esperaron el inicio de la vista pública dentro del edificio, los representantes indígenas tuvieron que esperan en la calle. El presidente del Cacif, Andrés Castillo, tuvo el privilegio de ingresar y salir del edificio por el parqueo de los magistrados.

Por su lado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) presentó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República su propio proyecto de reformas a la Ley de Minería. Erick Archila, titular del Mem, explicó que de los 80 artículos que conforman la actual ley, 33 serán modificados.

Entre los cambios que propone el ministerio, figuran normativas para el cierre técnico de las minas, cambios en las fianzas para los proyectos mineros y la creación de una empresa minera estatal (Prensa Libre 19/7/12). Este último punto se relaciona con la propuesta de reforma constitucional que hizo el presidente Pérez Molina y que fue rechazado por la burguesía organizada en el Cacif. El proyecto del Mem no especifica el porcentaje de participación que esta empresa tendría en el negocio de la explotación de los recursos minerales. Tomando como punto de comparación el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que ha dejado importantes ganancias, el proyecto dice: “...considerando que esta empresa estatal pueda ser una entidad autónoma y descentralizada como lo es el Instituto Nacional de Electrificación, se reforma el artículo 8 y  se deja establecido que será creada mediante una ley específica, tal y como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala” (Siglo XXI 26/7/12).

Se propone también crear un Consejo Minero, presidido por el MEM, y con la participación la Gremial de Industrias Extractivas y varias instituciones estatales. Obviamente no aparece por ningún lado la participación de las comunidades afectadas por la actividad minera ni las consultas populares. Como dijera la dirigente comunitaria indígena Lolita Chávez: hay “una clara complicidad entre las empresas transnacionales y los intereses de las oligarquías nacionales” y: (el gobierno) “nos ignora, por lo que no toma en cuenta las consultas comunitarias y nuestras decisiones en torno a la actividad minera”. (Ídem). Rechazamos totalmente esta reforma que, al igual que la ley actual, hace a un lado los derechos de las poblaciones indígenas.

La CC tiene 20 días para pronunciarse a partir de la vista pública. Le exigimos que actúe reconociendo el enorme daño  que las voraces empresas mineras causan al medio ambiente y a la misma existencia de las poblaciones indígenas, y otorgando a los compañeros el derecho a decidir el destino de sus territorios. No debemos confiar en los magistrados, pues en el pasado decidieron que las consuntas populares no son vinculantes. Por eso se hace necesario movilizar a las comunidades en acciones concretas para ejercer presión y lograr un dictamen favorable.