Por Armando Tezucún
El 27 de marzo, miércoles santo, aprovechando que la mayor parte de la población estaba pendiente del inicio del descanso de Semana Santa, el presidente Pérez Molina anunció en conferencia de prensa que el día anterior se concretó la entrega en usufructo a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) un área de 348,171 metros cuadrados de terrenos pertenecientes a la estatal Empresa Portuaria Quetzal, que maneja el Puerto Quetzal en la costa del Pacífico de Guatemala.  TCQ es una subsidiaria de la empresa española Transporte de Contenedores de Barcelona y fue creada seis meses antes de que el gobierno firmara el contrato de usufructo con ella en julio de 2012, con un capital de tan solo Q 5,000.
En ese terreno, entregado por 25 años prorrogables, TCQ construirá una terminal de descarga y manejo de contenedores para suplir la supuesta insuficiencia que existe en las instalaciones de la empresa estatal, la cual causa atrasos en la descarga y pérdida de competitividad frente a otros puertos de la región.
Como comentamos en su momento (El Socialista Centroamericano No. 141, agosto 2012), este contrato fue firmado en secreto, el gobierno negó su existencia hasta que fue denunciada por partidos de oposición y los sindicatos de trabajadores del puerto. El antagonismo que generó este acuerdo, a todas luces dañino a los intereses del país, y sobre todo las acciones de hecho realizadas por los compañeros trabajadores (marchas, huelgas) obligaron al gobierno a suspender el contrato mientras se entraba a un diálogo con los sindicatos y las instancias correspondientes resolvían impugnaciones y acciones legales. Después de siete meses aún quedaban acciones legales por resolver, y según los dirigentes sindicales, el diálogo se suspendió desde septiembre de 2012.
En la conferencia de prensa del 27 de marzo el presidente y el interventor de la EPQ, Allan Marroquín, en presencia de los empresarios españoles, sostuvieron una serie de falsedades, como que  las acciones legales ya quedaron resueltas y los sindicatos finalmente acordaron respaldar la entrega del usufructo.
Lázaro Reyes, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puerto Quetzal, los refutó diciendo: “Están hablando de un puerto saturado y eso es una vil mentira, porque no lo está…Ellos están detrás de vender los servicios del puerto…El presidente habla de que estamos perdiendo gran cantidad de dinero anualmente, pero eso es mentira…” (El Periódico 27-3-13). “No hemos hablado de la concesión desde septiembre del año pasado. Es una vil mentira que nosotros lo estamos apoyando. A todas luces es un negocio que le interesa al presidente” (Prensa Libre 28-03-13).
Lo primero que hizo el gobierno a continuación fue enseñar los colmillos y los dientes enviando a Puerto Quetzal tres contingentes especiales antidisturbios, que se unirían a fuerzas navales y de paracaidistas estacionadas en el área, en caso de que los trabajadores realizaran acciones de hecho.
Pero los trabajadores han decidido actuar con prudencia. Para empezar plantearon una denuncia ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pues se sienten amenazados por la presencia policial y militar en el puerto. El 2 de abril el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puerto Quetzal y el Sindicato de Trabajadores Organizados de Puerto Quetzal presentaron ante la Corte de Constitucionalidad dos amparos contra el interventor Allan Marroquín por considerar que no tiene facultades para enajenar bienes del Estado, como el usufructo en cuestión.
El 4 de abril los compañeros bloquearon la entrada al Congreso junto a miembros de la Unidad de Defensoría del Pueblo y estudiantes normalistas, que planteaban otras demandas. El 11 de abril, el mismo día que 90 mil campesinos protestaron en 20 departamentos del país, los trabajadores de Empresa Portuaria Quetzal realizaron una manifestación en la ciudad de Escuintla presentando un documento de peticiones en la Gobernación Departamental.
La entrega del terreno de la portuaria a la transnacional española es a todas luces ilegal por múltiples razones. Los compañeros trabajadores tendrán en su momento  que acompañar las acciones legales de medidas y acciones de presión, inclusive la huelga. Es necesario actuar con cautela, pues el gobierno está listo para reprimir a la menor señal. Los sindicatos de Puerto Quetzal deben también deslindarse de los partidos burgueses de oposición, que sólo buscan jalar agua para su molino, y mantener total independencia.