El trasfondo del problema se resume en el dato preocupante de que el 75 por ciento de la población económicamente activa de Guatemala trabaja en la economía informal. Para el gobierno, el sector informal abarca aquella actividad económica que no tributa a las arcas estatales. Por tanto, incluye pequeños negocios y empresas artesanales que incluso pueden tener unos cuantos empleados, que no pagan impuestos ni están registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria. Para estas pequeñas empresas, los gastos de inscripción, registro y pago de impuestos podrían tener fatales consecuencias para sus frágiles finanzas.

Pero la mayor parte de ese 75 por ciento consiste en vendedores y negociantes individuales que tienen puestos de ventas en las calles, en los mercados, en las aceras, que venden en los buses urbanos o que deambulan por las calles sin un lugar fijo para ofrecer su mercadería.

Esta gran cantidad de personas subempleadas es el resultado de un sistema económico excluyente, que es incapaz de generar suficiente empleo digno a la mano de obra del país; de una situación de explotación y miseria en el campo que no permite la subsistencia de la pequeña propiedad campesina al estar acaparada la mayor parte de la tierra productiva por grandes latifundistas y empresas agrícolas exportadoras. Las ciudades están llenas de personas que llegan del campo en busca de oportunidades. Esta situación ya existía en los años de bonanza económica (2003 – 2007). En la situación actual de crisis del capitalismo con cerca de cien mil desempleados en el sector de la construcción y maquilas y alrededor de 20 mil deportados de USA en lo que va del año, el porcentaje de vendedores informales se incrementará aún más.

Ante la avalancha de vendedores informales, la actitud de los gobiernos municipales ha sido de excluirlos, limitarles espacio y reprimirlos arrebatándoles y destruyendo su mercadería. En el caso de Coatepeque, los problemas empezaron el 22 de agosto cuando la municipalidad decidió trasladar a los vendedores del barrio La Batalla a un mercado. Al oponerse los vendedores, se dieron incidentes violentos. Para el 25 las cosas se habían calmado y el mercado funcionaba sin novedad. El 29 los vendedores protestaron bloqueando la carretera al Pacífico en el kilómetro 216.5.

El 5 de septiembre los comerciantes volvieron a ocupar las calles de La Batalla y cuando llegó la policía municipal a desalojarlos confiscando sus productos, presentaron resistencia. La policía reprimió con gas lacrimógeno. Como resultado del enfrentamiento hubo 25 personas heridas, entre ellos policías, 35 personas intoxicadas con gas, 15 detenidos y un soldado muerto.

Un mes después, los vendedores estaban de nuevo en sus lugares callejeros. El 5 de octubre la Policía Municipal llegó otra vez a desalojarlos, tirando su mercadería al suelo. Los actos violentos que siguieron dejaron como consecuencia un muerto, siete heridos de bala, 11 intoxicados, tres golpeados con objetos contundentes, la municipalidad y un mercado privado incendiados, algunas oficinas destrozadas y dos vehículos quemados.

Fue ante estos actos que el presidente, en consejo de ministros, decidió declarar estado de prevención por 15 días en el municipio de Coatepeque, enviando 100 policías y 100 soldados como refuerzos para restablecer el orden. La medida venció el 20 de octubre.

Rechazamos tajantemente la actitud represiva del gobierno y la limitación de las libertades democráticas que conlleva. Las acciones de los vendedores informales son consecuencia de estructuras económicas que llevan a las masas al desempleo y la miseria. La violencia y la tenacidad con que ellos defienden sus derechos son una muestra del límite al que están llegando los oprimidos en Guatemala, y un anticipo de lo que les espera a la oligarquía, los capitalistas y sus agentes represores cuando los explotados se decidan a sacudirse, mediante acciones revolucionarias conscientes, el yugo que les oprime.

¡NO MÁS ESTADOS DE PREVENCIÓN!