Hoy, a nueve meses de distancia, tristemente podemos comprobar que las promesas de “inteligencia” y “esperanza”, no se cumplieron, y tal vez nunca se cumplan. Es probable que al hacerlas, en el calor de la campaña electoral, el ahora presidente no recordaba lo explicado hace ya 80 años por el pensador italiano Antonio Gramsci, uno de los ídolos actuales de la socialdemocracia: que el Estado burgués es dictadura recubierta de democracia; descansa por igual en la violencia (“o mano dura”) y en el consenso (“inteligencia”).

El Estado no es, como creen los socialdemócratas, un simple “aparato de gobierno”, y mucho menos un padre protector ubicado por encima de las clases y de sus luchas, velando por el bien común. Lo que llamamos Estado es en realidad -como lo advirtió Gramsci- una compleja red de relaciones económicas, de poder e imaginarias, en las cuales los grupos dominantes imprimen, consciente e inconscientemente, su sello de clase. El Estado guatemalteco es burgués desde su misma fundación. Lo fue durante las intermitentes dictaduras de los siglos 19 y 20, y lo es hoy, que oficialmente vivimos en paz y democracia.

El carácter burgués de nuestro Estado no es definido por la ideología política del partido en el gobierno (por ejemplo el paso del gobierno neoliberal de la GANA al “social demócrata” de la UNE), sino por procesos estructurales de mucho más largo alcance, aunque también se revela en las coyunturas. Así, en estos nueve meses de gobierno de la UNE, hemos podido ver a la “mano dura” romper las promesas electorales, y entrar en acción numerosas veces. Algunos ejemplos son los Estados de prevención decretados como respuestas a conflictos puntuales relacionados al transporte (Fraijanes) y a la instalación de una planta cementera (San Juan Sacatepéquez) o los numerosos desalojos, que en solo nueve meses ya superan las cifras de los últimos 3 años de la GANA.

Por el contrario, en estos nueve meses no se ha tenido ocasión de ver a la famosa “inteligencia” en acción, a no ser la inteligencia militar colocando micrófonos en la casa del presidente, o la astucia e inteligencia con que se cierran oscuros y jugosos negocios a espaldas del pueblo. Es cierto que se abren espacios de diálogo y se cuelga la “bandera maya” en las oficinas de gobierno, pero también que se crean burocracias que no muestran siquiera la “inteligencia” necesaria para asegurar el consenso con programas sociales de alivio efectivo a la pobreza. Aún se sigue hablando del “privilegio de los pobres”, pero en los hechos se les deja a su propia suerte. Igual que cada partido de gobierno desde la apertura democrática, la UNE renunció a poner límite a la acción de las empresas nacionales y transnacionales.

Pese a haberse definido como un proyecto “social demócrata”, en el gabinete de la UNE son contados los funcionarios social demócratas. Según varios analistas, en este gobierno están mucho mejor posicionados los grupos con intereses en inversión (turismo, maquila, construcción de mega hidroeléctricas y otros), ex funcionarios de empresas mineras y petroleras e incluso uno que otro representante del movimiento social (para mantener el consenso y las “aguas calmadas”).

En todo caso, los hechos enlistados pueden llevarnos a una de dos posibles conclusiones: O el gobierno de la UNE, luego de nueve meses de perder pulsos con los grupos dominantes, finalmente se rindió ante los mismos, o las dos manitas de la campaña electoral no eran otras que la “mano invisible” del libre mercado (libre para destruir la naturaleza, bajar salarios, subir precios) y la “mano dura” del Estado, siempre lista para reprimir, eso sí, en nombre de la "democracia", la "paz" y el "Estado de derecho".

II.

Según lo afirmado hasta aquí, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pese a los discursos oficiales que subrayan la importancia de la historia, no representa un rompimiento histórico real con el proyecto estatal burgués en marcha desde el siglo 19, ni con el gobierno anterior, en manos de la Gran Alianza Nacional (GANA).

Los discursos oficiales con abundantes alusiones a la pobreza, la solidaridad y la solución pacífica de los conflictos, contrastan fuertemente con las acciones políticas que evidencian un total sometimiento a la “mano invisible” del mercado, y el uso de la “mano dura”, con una política de seguridad cada vez más parecida a la propuesta por el Partido Patriota (PP).

El plan de gobierno de la UNE era más detallado (y mucho mejor redactado) que los del PP o la GANA, pero sus líneas generales en el fondo son las mismas. Esto se evidencia, por ejemplo, en que se haya dejado al gobierno saliente la decisión sobre los salarios mínimos vigentes, incluyendo un aumento menor para los trabajadores en agro exportación (sector vinculado a la GANA) y maquila (tanto Colom como algunos de sus financistas son maquiladores).

Aunque se prometió una “socialdemocracia con rostro maya”, la misma parece limitarse al uso de la “bandera maya” en eventos oficiales, pues la verdadera política de la UNE hacia los pueblos indígenas se evidencia en deplorable manejo de los temas agrario y ambiental (desalojos, hidroeléctricas, minería y petróleo en territorios mayas: sipakapense, mam, k’iche’, kaqchikel, q’eqchi’ y otros).

Con el nuevo gobierno, afianzan sus posiciones de poder y sus privilegios económicos los grupos corporativos que impulsaron, en el gobierno anterior, la explotación petrolera y minera, las mega hidroeléctricas, y las mega plantaciones de palma africana o caña de azúcar (para usos tradicionales o agro combustibles), lo que se refleja en las cifras de desalojos reportados por la prensa, con los que la UNE, en nueve meses, casi alcanza las cifras del primer año de la GANA y supera ampliamente las de los últimos tres.

Fuente: seguimiento de noticias AEC

Estos 38 desalojos no sólo se concentran en los mismos departamentos, también siguen la misma lógica territorial (Tierras Bajas del Norte, Costa Sur y Cuenca Polochic); y están igualmente asociados los mega proyectos (hidroeléctricas, plantaciones, carreteras), al turismo y a la explotación petrolera, minera, maderera y ganadera (21 desalojos de campesinos maya q’eqchi’ en áreas protegidas de Petén e Izabal, mientras se deja operar a las empresas petroleras en las mismas áreas).

En estos nueve meses, el gobierno de la UNE intentó paliar la crisis alimentaria resucitando una vieja ley (Decreto 40-70), con la que la dictadura militar intentó, en 1970, obligar a los latifundistas a producir granos básicos en el 10% de sus tierras ociosas, y proponiendo precios tope para los combustibles y alimentos. Cada vez, en cuanto aparecieron los voceros de las Cámaras del Agro y de la Industria poniendo el grito en el cielo por el “libre mercado”, el gobierno dio marcha atrás, demostrando claramente el carácter burgués del Estado guatemalteco (y de su bloque en el poder).

De poco sirve nombrar a un distinguido ambientalista como Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, mientras maneje un presupuesto y unas cuotas de poder mínimas frente a los Ministerios de Energía y Minas o Agricultura y Ganadería. La verdadera política agraria y ambiental de la UNE se evidencia en la nula prevención de desastres (y en la mediocre atención a los desastres ya ocurridos, como en el municipio maya ch’orti’ de La Unión), en el rechazo a los resultados de la 28 consultas comunitarias contra la minería, en el silencioso pero rápido avance de esta actividad en el Altiplano y en la concepción dominante de la naturaleza como fuente de recursos a explotarse (tierra, agua, bosques, minerales), no como ambiente, ni como territorio, mucho menos como “Madre Tierra”.

Otros ejemplos los podemos encontrar en el manejo de la llamada “conflictividad agraria” por la vía de la “mano dura” y de la “mano invisible”: reparto de tierras improductivas vía mercado, préstamos (en realidad, deudas para los pequeños productores), desalojos de comunidades campesinas en áreas protegidas (declaradas como tales cuando las comunidades ya estaba allí) y desaparición del tema “tierra” en la política de desarrollo rural, enfocándose en la creación de empleos (minería, petróleo, megaproyectos, zonas industriales), en el “aumento de la competitividad” (convertir a los pequeños productores en empresarios) y en favorecer a los sectores que “ya son competitivos” (grandes productores), en un contexto mundial, nacional y local de expansión y acumulación capitalista, marcado por una crisis más entre las muchas por venir.

Guatemala, 12 de octubre del 2008.