Por Armando Tezucún

Las agrupaciones campesinas Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CENOC), convocaron a una movilización nacional el pasado 23 de febrero. Las peticiones que los compañeros hacían al gobierno eran: el cese de las persecuciones contra defensores y organizaciones de derechos humanos; el rechazo del salario diferenciado en cuatro municipios del país y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas; el inicio de un proceso de análisis y discusión sobre la necesidad de nacionalizar la energía eléctrica; la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, en su versión original; contra el alto costo de la canasta básica; que se asignen suficientes recursos a los ministerios de salud y educación; ampliar el presupuesto del Fondo de Tierras y atender las demandas de los grupos campesinos que llenaron los requisitos para obtener tierras.

La protesta de los compañeros campesinos consistió en el bloqueo de carreteras en cerca de 22 puntos del país, durante casi ocho horas. Desde las seis de la mañana cientos de manifestantes se ubicaron en puntos estratégicos en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Las Verapaces, Jutiapa, Quiché, Santa Rosa, Sololá, Jalapa, Retalhuleu, Totonicapán, Izabal, entre otros lugares.

En horas de la mañana representantes de los campesinos se reunieron con algunos diputados del Congreso de la República, exponiendo sus peticiones. Hacia las dos de la tarde fueron recibidos en casa presidencial, donde se reunieron con el encargado gubernamental de diálogo nacional, Miguel Ángel Balcárcel. Hasta ahora no se ha hecho público el resultado de este diálogo, ni en los medios de comunicación ni en los medios electrónicos de las organizaciones campesinas.

Las organizaciones de empresarios se lamentaron de que los tranques dejaron Q 50 millones en pérdidas. El Presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, puso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el presidente Otto Pérez Molina, y los funcionarios responsables de la policía, para que impusieran su autoridad. Según Briz las protestas son “un abuso, es un atropello, es un acto delictivo, y vemos que las autoridades simple y sencillamente no accionan. Usted tiene el derecho de realizar su día normal todos los días, y ellos –los manifestantes- le impiden realizar su vida con normalidad” (Prensa Libre 24/02/15). La coordinadora de los gremios empresariales, el CACIF, también protestó contra las acciones de los compañeros campesinos por medio de un comunicado de prensa.

La postura oficial de la iglesia católica se manifestó a través de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que emitió un comunicado diciendo que los bloqueos no son la solución para la solicitud de demandas. El texto dice: “…tales bloqueos son también resultado de proyectos ideológicos que pretenden crear desestabilización social y política y alterar el normal desarrollo de la actividad económica del país...la defensa y promoción de los valores éticos no se logran recurriendo a medidas de hecho, como son los bloqueos…No es con la lesión del derecho de la libre locomoción como se defiende el derecho a ser escuchados por las autoridades respectivas…” (Prensa Libre 25/02/15).

Algo que salta a la vista en las protestas del 23 de febrero es la división entre las organizaciones campesinas. El año pasado asistimos a fuertes movilizaciones por demandas similares, pero de otro bloque de agrupaciones: el Comité de Unidad Campesina, el Comité Campesino del Altiplano, el Consejo de Autoridades Ancestrales, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej, entre otras. De los párrafos anteriores podemos deducir que la derecha y el empresariado están unidos y saltan al unísono cuando tienen que enfrentar a las protestas populares. Sin embargo, los dirigentes campesinos, a pesar de que proceden de un tronco común, que es la ex guerrilla, con el pasar de los años se dispersan y disgregan cada vez más.

Hacemos un llamado a las dirigencias de las organizaciones campesinas para que inicien un diálogo serio que conduzca a acciones unitarias, en beneficio de la población indígena y campesina, con un plan unitario de lucha que incluya las principales demandas: aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral; nacionalización de la producción y distribución de energía eléctrica; respeto a los derechos laborales de los trabajadores agrícolas; respeto a las decisiones de las comunidades en cuanto a actividades mineras e hidroeléctricas; cese de la criminalización y persecución de dirigentes comunitarios; salud y educación públicas de amplia cobertura y alta calidad. La unidad de todas las organizaciones campesinas es vital para enfrentar exitosamente al gobierno y al empresariado.