Antes de la privatización en 1997, el Estado, a través del Instituto de Nacional de Electrificación (INDE) era el encargado de la generación, distribución y comercialización del servicio eléctrico. Según la lógica de un servicio público y un derecho social para la población, no se podía tener márgenes de ganancia a la hora de prestarlo. Pero a partir de la entrega de dicho servicio al capital extranjero, la lógica fue cambiada por la de ganancia y se inventó una tarifa llamada Valor Agregado de Distribución (VAD), regulado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), instancia de regulación entre el Estado y las empresas propietarias de la red y de generación para imponerle el precio a los consumidores.

Existe también el Mercado Mayorista, que bajo la ley de de la oferta y demanda (maximización de ganancias) decide los precios que después son aprobados por la CNEE. En este juego entran los generadores como el INDE, en proceso de privatización, generadores privados que antes de 1997 no existían y las distribuidoras también privadas. ¿Porque se dice que el INDE está en proceso de privatización? Porque anteriormente el Estado a través de esta empresa pública tenía el monopolio de la generación; posteriormente se le quita ese monopolio, permitiendo la entrada a intereses privados. Ese proceso continúa con la concesión de grandes proyectos hidroeléctricos, sin importar consecuencias sociales y ambientales en las zonas de impacto a consorcios privados, así como la instalación próximamente de 5 plantas de carbón mineral cuya materia prima hay que importar y su costo es muy elevado, y con un efecto altamente contaminador del vapor que emiten.

En todo este sistema existen también 13 empresas municipales distribuidoras del servicio, que le compran el producto al INDE donde una en especial, la del municipio de Tacaná ha tenido litigio con Deorsa por la propiedad del tendido eléctrico que ésta reclama como suya, siendo la propietaria real la municipalidad.

Según el Sindicato Independiente de Electricistas de Guatemala (SIEG), en 12 años de servicio se puede detectar varias anomalías en lo que al servicio al consumidor respecta, tales como: cobros fijos sin que la población sepa por cuál servicio, manipuleo de los contadores para cobrar más, el cobro del VAD es excesivo e ilegitimo, piden documentos legales para lo cual no están autorizados, tales como fotocopias de escrituras, catastros municipales y otros, cobros de garantías sin ninguna autorización de la CNEE.

A eso hay que agregar el terrorismo que Unión Fenosa realiza contra poblaciones que han llevado la vanguardia de la lucha contra estas ratas, como el caso del municipio de Ocós en la costa Sur Occidental del país, departamento de San Marcos. Los consumidores se negaron a seguir pagando un mal servicio y protestaron en las calles; como respuesta, el Estado, fiel a los intereses de las trasnacionales reprimió con policías y soldados. También en la cabecera de dicho departamento, en una actividad de estudiantes de la Universidad de San Carlos en el contexto de la Huelga de Dolores donde se denunciaba los abusos de esta empresa, se lanzaron bombas lacrimógenas contra un mitin en el centro de esta ciudad. Pero lo que es aun más grave, en una total agresión al pueblo de este departamento, impunemente la empresa Unión Fenosa cortó las líneas de trasmisión, negando que fueran ellos. Lo extraño del caso es que se está cortando desde el 6 de marzo de manera repetida usualmente de 6 a 10 PM. Los municipios afectados son San José El Rodeo, El Tumbador, Tecún Umán, Pajapita y Ocós.

Ante esta agresión ni el INDE ni ninguna otra autoridad ha hecho nada para detener tal abuso y por más que diga la empresa que no es responsable, la reiteración del hecho hace sospechar de su culpabilidad. De igual forma esto demuestra la deficiencia administrativa de dicha empresa para brindar el servicio. Todos estos abusos señalados son una demostración de lo lesivo que es esta empresa para los guatemaltecos y si hubiera un gobierno popular ya se hubiera prescindido de los contratos que éstas tienen para prestar el servicio y nacionalizarlo; sin duda es una venganza de la empresa a la población, buscando que ésta reaccione violentamente para tener pretextos para usar la fuerza y reprimir al pueblo.

Otro elemento a señalar es sobre el VAD, pues la CNEE aprobó en 2003 un excesivo aumento al servicio; la acción fue tan ilícita e ilegítima que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó dejar sin lugar dicho aumento y destituir a los miembros de dicha comisión (lo que sí se hizo). Actualmente, debido a ese aumento, las empresas reciben una cantidad de 140 millones anuales en concepto de ganancias. En 2004 la CC, en una resolución dictaminó un reintegro para los consumidores. Hasta ahora no se han cumplido las resoluciones de dicha corte y las autoridades no han hecho cumplir para nada lo ordenado.

El viernes 27 de marzo el Frente Nacional de Lucha convoca a una marcha para las 8:30 AM enfrente de la municipalidad de esta capital para denunciar a estas empresas y nos sumamos a las consignas lanzadas por la nacionalización de la generación, distribución y prestación del servicio eléctrico, administrándose por trabajadores con la participación de los consumidores. Así también llamamos a la desaparición de los márgenes de ganancia antes de la nacionalización, que sólo puede ser obra de la movilización popular.