Por Armando Tezucún

El día 11 de febrero, el bloque de bancadas de diputados del Congreso de la República aliadas del partido gobernante, metieron un golpe bajo al lograr la aprobación en tercera lectura de reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. Este hecho puso en evidencia la continuidad de la alianza entre los partidos de extrema derecha en el legislativo, que en la legislatura 2016 – 2020 protegió a los políticos corruptos, impulsó enconadamente leyes represivas y retrógradas y saqueó las arcas del Poder Legislativo.

Por medio de una movida chueca, ese día tres diputados de derecha introdujeron una moción para alterar el orden del día, con un punto resolutivo para que el Organismo Ejecutivo tome medidas para enfrentar el brote del coronavirus, pero en la propuesta incluyeron la iniciativa 5257, las reformas a la ley referida. A pesar de las protestas de diputados de oposición, 83 legisladores votaron a favor las reformas, que constituyeron el Decreto 04-2020 del Congreso. Los partidos favorables al decreto son Vamos, Viva, Todos, Bien, Victoria, Unionista, Valor, UCN, PAN, Podemos, FCN-Nación, Humanista, Prosperidad Ciudadana y algunos diputados de la UNE. Votaron en contra los diputados del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), Semilla, WINAQ, Compromiso Renovación y Orden (Creo), y los diputados de la URNG y la UNE abandonaron el recinto parlamentario en protesta.

La iniciativa 5257 fue presentada por el entonces diputado del FCN-Nación, Christian González, en 2017. Tuvo dictamen favorable y fue conocida por el Congreso en marzo de ese año, y aprobada en primera y segunda lecturas en mayo del mismo año. Había sido engavetada hasta que sorpresivamente la alianza de extrema derecha logró su aprobación el pleno.

La Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo data del año 2003, decreto 02-2003, y bajo su amparo han actuado numerosas asociaciones de toda índole: fundaciones de beneficencia de grandes grupos empresariales, asociaciones de caridad, organizaciones de investigaciones, de defensa de derechos humanos, asociaciones sindicales y campesinas, iglesias y organizaciones religiosas, hasta ongs vinculadas a diputados o alcaldes que han saqueado los fondos públicos. La intención de las reformas aprobadas a la ley es claramente que el Estado tenga una fuerte injerencia en el funcionamiento de las organizaciones, desde su registro, ahora ante varios entes estatales; delimita el tipo de ongs que pueden existir; se debe informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las donaciones recibidas del extranjero a más tardar un mes después de su recepción; se amenaza con la cancelación de las ongs que utilicen sus donaciones para “alterar el orden público”, sin definir qué se entiende por este concepto, dejando la decisión al criterio arbitrario de funcionarios; al entrar en vigor los cambios a la ley, las ongs deben actualizar su información y cumplir con los requisitos en un plazo de 6 meses, so pena de ser canceladas. Estas son algunas de las restricciones impuestas por el decreto 04-2020.

La aprobación de las reformas a la ley es un claro acto de venganza de los políticos corruptos y la extrema derecha contra las organizaciones de la así llamada sociedad civil, que han accionado fiscalizando actos de corrupción, impunidad, defensa de derechos humanos, en una secuela de la punga del expresidente Jimmy Morales y sus aliados contra la CICIG y la ex Fiscal General Thelma Aldana. Estas ongs, como Acción Ciudadana, Fundación Mirna Mack, Seguridad en Democracias, etc., tienen como finalidad la defensa del “estado de derecho”, del funcionamiento transparente y probo del Estado burgués, siguiendo lineamientos del ala democrática de la Unión Europea o donantes como la Fundación Soros.

Sin embargo, la decisión del Congreso constituye también un ataque contra las libertades democráticas en general, y aún más contra organizaciones sindicales y campesinas que lamentablemente desde la firma de los acuerdos de paz dependen cada vez más de fondos provenientes del extranjero. Por múltiples razones, entre ellas la apatía de los militantes de los sindicatos y el acomodamiento de las dirigencias (síntomas en última instancia de un retroceso en las luchas de los campesinos y trabajadores), estas organizaciones han funcionado como ongs, presentando proyectos a donantes, principalmente europeos, que manejan fondos de cooperación, bajo lineamientos de la social democracia o el cristianismo laboral.

A pesar de este hecho, el Partido Socialista Centroamericano defiende incondicionalmente a las organizaciones campesinas y sindicales que se verán afectadas por el decreto 04-2020, y llamamos a la movilización general contra este vil ataque contra las libertades asociación, organización, acción y emisión del pensamiento.