Su finalidad sería generar un clima de miedo para que la población pida el uso indiscriminado de la fuerza estatal (el ejército) y preparar las condiciones de un gobierno autoritario o abiertamente dictatorial con el protagonismo del ejército.

Tan solo un indicio para comprobar esa hipótesis: el martes 24 de marzo fue un día en que el asesinato de chóferes y ayudantes de buses resultó inusualmente elevado. En la noche el General Otto Pérez Molina secretario general del PP salió en un campo pagado en la televisión pidiendo estado de prevención (suspensión de algunas garantías constitucionales), algo que el gobierno se negó a hacer.

Otro indicio se dio el 15 de abril, cuando se firmó, por parte de los tres poderes del Estado y el Fiscal General, el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia que recoge iniciativas de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Arzobispado, del rector de la Universidad San Carlos y del propio gobierno. Al día siguiente, en declaraciones a varios medios, miembros del PP pidieron estado de prevención. Por su lado, varias agrupaciones empresariales, entre las que destacan la Cámara del Agro, la Asociación de Exportadores No Tradicionales y la Asociación Nacional del Café, publicaron un campo pagado pidiendo lo mismo. ¿No existe aquí una coincidencia?

El gobierno no aporta mucho, pues pone de ministro de Gobernación a Salvador Gándara un individuo que se caracteriza por ser un matón vinculado a limpieza social. Por omisión o acción este gobierno con sus incapacidades y defensa de los intereses del gran capital está abriendo un puente a que la ultraderecha autoritaria regrese al gobierno.

Algunos de los elementos más importantes del Acuerdo para el Avance de la Seguridad y la Justicia son crear un Ministerio de Seguridad Publica, impulsar un sistema de inteligencia donde estará la DIGECI , programas de desarrollo social y de atención a la población juvenil en alto riesgo, crear una policía eficiente y con apego al respeto de los derechos humanos y a la ética por lo tanto tener una política de investigación eficaz con una instancia ética y respetuosa de los derechos humanos que sustituya al actual DINC. Se plantea también la investigación y erradicación de prácticas vejatorias a los derechos individuales por parte de la policía.

Se plantea un plan nacional de reducción de la tenencia de armas en lugar de una eliminación total del uso de éstas. Lo positivo es que el control sobre la tenencia de armas pasa a manos de una instancia civil no militar. Se establece una Comisión de Verificación para el seguimiento de dicho acuerdo, pero que no estipula la participación de las comunidades ni las organizaciones populares.

Sin duda el acuerdo se diferencia de la mano dura de la ultraderecha y tiene medidas que van más en función de combatir la violencia de forma más democrática pero no ve las causas estructurales de la violencia que se encuentran en la injusticia del sistema capitalista, que en última instancia hay que destruir con la violencia legítima. Ni el gobierno ni las instituciones que hicieron las propuestas pueden parar la violencia estructural, pues son parte de la sociedad burguesa.

Alertamos a los trabajadores y sectores populares sobre los planes de desestabilización de la ultraderecha y les llamamos a defender los derechos democráticos amenazados con el pretexto de combatir la violencia delincuencial.