Por Pedro Cotz

El Estado de Calamidad Pública fue decretado en Guatemala el 5 de marzo de 2020 y, desde entonces, el gobierno presidido por Alejandro Eduardo Giammattei Falla, se ha dado a la tarea de incrementar la deuda pública externa e interna, utilizando de justificación la crisis sanitaria surgida por la Pandemia por Covid-19. Por supuesto, estos créditos millonarios servirán para garantizar la estabilidad de las grandes empresas y sus ilustres inversionistas.

Hasta la fecha el sistema de salud pública es deficiente y la respuesta del Gobierno para paliar la crisis, parece más un show publicitario y propagandístico que un tema serio de Estado. Como resultado de los despidos masivos, las suspensiones de contrato, las reducciones de salarios o la imposibilidad de poder realizar actividades en la denominada economía informal, los recursos económicos de las familias han disminuido de manera abrupta, llegando incluso al punto de solicitar la solidaridad de terceros.

Mientras tanto, el Gobierno se entrampa en la burocracia, nada extraña, del país y, hace casi imposible la entrega de lo que los miembros de la actual administración llaman ayuda –como si el Estado y el Gobierno no estuvieran obligados a resolver la situación gravosa de los ciudadanos guatemaltecos. Aquí se vislumbra una disputa de cara a la población, pues por un lado el gobierno del partido VAMOS pretende con los consortes que le da el control la administración central entregar esta “ayuda”; pero por el otro la oposición, sobre todo el partido UNE, quien tiene el control de la mayoría de las municipalidades del país, buscará también salir en caballo blanco.

Pero lo cierto es que existe un sistema de consejos de desarrollo organizado desde lo comunitario, pasando por lo municipal, lo departamental, hasta lo nacional. Si bien su funcionamiento es variable porque da pie al clientelismo, la corrupción y a la imposición en las comunidades ancestrales mayas, también hay ejemplos de que, desde cierto manejo local, las comunidades han logrado fortalecerse o por lo menos administrar mejor los recursos públicos que por ley estos consejos reciben.

Disputas con respecto al manejo del tema de los servicios

Fue hasta el 31 de abril que algunos diputados del Congreso aprobaron, después de mucho retraso debido a la oposición de las bancadas de derecha, el Proyecto de Ley 5745 (MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN PARA POBLACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19), que tuviera como fin paliar la crisis económica de los guatemaltecos. Este proyecto tenía como objetivo garantizar la no suspensión de servicios básicos como la energía eléctrica, el agua, teléfono, cable e internet y posponer los pagos por estos. Dicho proyecto fue conocido de urgencia nacional en única sesión y aprobado, con sus enmiendas, el 3 de abril de 2020, con un total de 140 votos a favor, 1 en contra y 15 ausencias El 7 de abril del mismo año, se remite dicho Decreto al Organismo Ejecutivo, para su sanción o veto.

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el Presidente en Consejo de Ministros puede disponer de vetar el Decreto dentro de los 15 días de haberlo recibido, devolviéndolo al Congreso con las observaciones pertinentes. Giammattei lo vetó como era de esperar –por la clara posición pro empresarial de este gobierno- por medio del Acuerdo Gubernativo 61-2020, de fecha 28 de abril y  remitido al Congreso en esa misma fecha.

El veto fue conocido y rechazado el 30 de abril con el voto favorable de 126 diputados y 1 en contra; el partido de gobierno buscó evitar la superación del veto, al retrasar la sesión, pero sin éxito por la presión de varios diputados de las bancadas opositoras. La jugada del oficialismo y sus adláteres con el control que tiene de la Junta Directiva, era mandar el Decreto 15-2020 a consulta de la Corte de Constitucionalidad, con el fin de seguir aplazando el tiempo para su entrada en vigencia; situación que, como ya expusimos, no sucedió. Al final congresistas de los partidos aliados al gobierno terminaron votando por este Decreto mientras que el oficialismo con sus 17 diputados se ausentó, quedando solamente el presidente del Congreso Allan Rodriguez que fue el único que votó en contra.

Los empresarios recurren a amparo

En resumen, después de recibida la negativa del Congreso sobre el veto, el Ejecutivo tuvo ocho días para proceder a su publicación o, en su defecto, el mismo Congreso debía maniobrar a publicar en los siguientes tres días, plazos que ya se vencieron. Sin embargo, hasta la fecha una serie de 13 amparos ante la CC promovidos por personajes ligados a la burguesía llovieron sobre este Decreto. Según el Centro de Medios Independientes (CMI) estos fueron promovidos por las siguientes empresas:

Entre ellas la Asociación Nacional de Generadores –ANG-, del sector eléctrico, Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo, formada por las empresas Cervecería Centroamericana, la petrolera de origen francés, Perenco, la Licorera Nacional y la misma ANG; La Asociación de Cogeneradores Independientes que representa a los ingenios azucareros que venden energía con derivados de la caña de azúcar; EEB Ingeniería y Servicios perteneciente a la empresa Trecsa, dueña del tendido eléctrico; Redes Eléctricas de Centroamérica, S.A que es parte de Energuate; y Comercializadora Eléctrica de Guatemala perteneciente a la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). Como vemos son los grandes monopolios empresariales que de una u otra forma están inmiscuidos en el negocio de prestar servicios.

Por supuesto, la “pugna” no quedó ahí. El 3 de mayo, en cadena nacional, el Presidente es acompañado por Ricardo Quiñónez, Alcalde de la Ciudad de Guatemala; Luciano Alberto Galasso, Gerente de ENERGUATE; Ricardo Sahagún, gerente de Claro Guatemala; Luis Fernando José Valladares, Director Ejecutivo de Tigo Guatemala; Miguel Ovalle, Presidente de Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y Mario Alberto Naranjo, Gerente de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA); Giammattei anunció un “compromiso público” de las entidades representadas, a efecto de realizar convenios de pago con sus clientes, difiriendo el pago hasta por doce meses sin suspender el servicio.

Al parecer la burguesía de servicios entró en pánico al ver que se le obligaría a dar estos servicios al público que acostumbran estafar. El Decreto 15-2020 tenía incongruencias, lo cual el sector empresarial en conjunto con el Gobierno, usaron para justificar el veto, además de ser un paliativo que no subsana la situación económica de la población, solo la pospone. Pues a la larga los empresarios recargarán sobre los usuarios para no disminuir sus ganancias por medio de las astronómicas cuotas, ajustando sobre la clase trabajadora estos costos.

Por su parte el proyecto enviado al Congreso por el presidente Giammattei, delimitó los meses de servicio a diferirse: mayo, junio y julio. Así mismo, pretendía otorgar 45 millones de Quetzales a Empresa Municipal de Agua, sin razón válida alguna, un subsidio para el grupo empresarial que controla la municipalidad de la Ciudad de Guatemala. Además, permitía a las empresas disminuir la calidad del servicio a las personas que firmaran con ellas convenios de pago. 

Se vislumbra entonces una disputa por el protagonismo político que no la quiere perder Giammattei y con él el sector privado organizado, pues las crisis siempre ponen en riesgo a quienes yacen en el poder y, en consecuencia, la necesidad de las élites de legitimarse constantemente para evitar lo más que se pueda las contradicciones entre clases que yacen en pleno punto de ebullición. Es por tanto parte del show con que el presidente, los personeros de la ANAM y los gerentes de las empresas pretenden vestirse de conscientes de las necesidades populares, cuando es una farsa más para ocultar que buena parte de sus ganancias se hacen con el precio al consumidor de estos servicios y la otra con la violación de los derechos laborales de los trabajadores de estas empresas, como la libre sindicalización.

Organización popular ante los abusos empresariales

Ante la posibilidad de verse obligada a obedecer una ley que no toma en cuenta sus intereses por lo menos momentáneamente, no quedó de otra que lavarse la cara ante la opinión pública y publicitar convenios de pago que le permitan diluir la presión de una Ley general para pasarla al plano de los acuerdos particulares, donde bien sabemos violar las leyes se hace más sencillo, que una normativa que los obligue. Al no haber ningún documento firmado, el “compromiso público” deja la puerta abierta para que las empresas cometan cualquier tipo de abuso contra los usuarios.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que el decreto 15-2020, aunque es un pulso en contra de los negocios de este capital concentrado y contra el gobierno actual que representa sus intereses, es todavía insuficiente. Pues tal como mencionamos en nuestra declaración del 15 de marzo en el punto 13, lo que necesita la población es la congelación del costo de los servicios públicos, aplicando una moratoria sin que implique pagos posteriores de los meses no pagados, ni se suspenda los servicios.

Es importante exigir que se publique y se cumpla esta ley, pero más importante es estar atentos al ajuste posterior, exigiendo que se cobre una cantidad suficiente para el funcionamiento de estas empresas y no para aumentar las ganancias de los empresarios. Ante eso es vital la organización popular donde los sindicatos, organizaciones campesinas y entes representativos de las comunidades rurales y urbanas deben  conformar la unidad en acción.