Por Armando Tezucún

Alarmado por el repunte de los casos de infección por Covid-19, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei anunció el jueves 14 de mayo un cierre total del país. Ese día se reportaron 176 nuevos casos para un total de 1,518 desde el primero reportado el 13 de marzo, y 29 fallecidos; el mandatario declaró que el país entró en la fase de mitigación de la epidemia.

El cierre total inició el mismo jueves por la noche, para finalizar el lunes 25 de mayo a las 5:00 am. El gobierno prohibió la circulación de vehículos particulares; cerró mercados y supermercados, permitiendo solo la atención en tiendas de barrio; cerró gasolineras y bancos; y decidió que la semana siguiente los mercados y supermercados abrirían en horarios restringidos lunes, miércoles y jueves. El vienes 22 habría un nuevo cierre total hasta el lunes 25 a las 5:00 horas.

El cierre tomó por sorpresa a toda la población, y como era de prever, lo primero que sucedió fue la aglomeración tumultuaria de clientes en las tiendas de barrio tratando de abastecerse de alimentos para el fin de semana, obviamente sin tomar las precauciones ni el distanciamiento necesario. En vez de proteger a la población, la repentina  e imprudente medida puso en riesgo de contagio a decenas de miles de personas.

Pero la disposición presidencial afectó también a los pequeños productores, en especial agrícolas del interior, pues las autoridades locales no les permitieron sacar sus verduras y frutas para trasladarlas a la capital.

Inician las protestas de campesinos y pobladores

El campesinado indígena guatemalteco cuenta con una tradición de organización y lucha, que los compañeros no tardaron en manifestar. El viernes 15 a las 14:00 horas grupos de agricultores bloquearon tres segmentos de la ruta CA-1 Occidente, Las Trampas, Los Encuentros y La Cuchilla, en rechazo de la precipitada medida tomada por el presidente. Los representantes de 83 comunidades campesinas del departamento de Sololá denunciaron que debido a que no se les permitió enviar sus productos a la capital tuvieron pérdidas; también reclamaron que el gobierno les discriminó, pues no permitió el traslado de sus hortalizas, y en cambio autorizó la circulación de los camiones distribuidores de las grandes empresas capitalistas, como la Coca Cola, Cerveza Gallo, Bimbo, etc., demostrando su orientación a favor de la oligarquía. Además, no han recibido del gobierno mascarillas, cajas de alimentos ni bonos para la economía informal. Exigieron del presidente Giammattei que avise con 24 horas de anticipación cuando decida cambios en las restricciones de movilidad, para estar preparados.

El cierre de carreteras finalizó a las 16:00 horas. Antes, los campesinos llevaron a un campo cercano su producción de papas, zanahorias, cebollas y otros vegetales y solidariamente la distribuyeron entre la población; esta es la verdadera solidaridad del pueblo, que comparte el fruto de su trabajo, no la pantomima que hacen las grandes empresas con campañas de recaudación en las que no aportan ni un centavo y lucen con lo que las personas incautas les dan. Las Fuerzas Especiales represivas de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes, pero los compañeros evitaron provocaciones.

La Alcaldía Indígena de Sololá emitió el viernes 15 una carta abierta al presidente, expresando su desacuerdo con la decisión de hacer un cierre total sin haber tomado en cuenta a los pequeños agricultores, y exigiendo que las restricciones sean igualitarias “tanto para agricultores como para empresarios, sin favoritismo que perjudiquen a una parte de la población”, por tanto, decidieron impedir el ingreso de transportes de empresas privadas al municipio de Sololá (Prensa Libre 18/05/2020).

A los campesinos de Sololá se unieron el sábado 16 unos 500 pobladores de la aldea Rancho de Teja, San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán, que bloquearon la ruta interamericana en el kilómetro 200. Reclamaron al gobierno que los deje trabajar suspendiendo el toque de queda, pues no cuentan con recursos para sobrevivir durante las restricciones por la pandemia. Al igual que los campesinos de Sololá, no han recibido apoyo de ninguno de los 10 programas de apoyo anunciados por el gobierno. Los compañeros quemaron llantas para impedir el paso de camiones. La PNC atacó a los compañeros con gases lacrimógenos.

Otras acciones de la población se dieron en la ciudad de Totonicapán, en Almolonga (Quetzaltenango), y en Cunén (Quiché). En esta última localidad, las comunidades, solidarizándose con los compañeros de Sololá, impidieron el paso de camiones de las grandes empresas de gaseosas, golosinas y cervezas, bajo la consigna de “o todos hijos o todos entenados”. Las mismas medidas fueron tomadas en Sololá, San Francisco El Alto y Totonicapán. En la cabecera de Sololá las Autoridades Indígenas ordenaron el cierre del restaurante Pollo Campero y su servicio a domicilio; esta cadena de restaurantes es una marca emblemática de la poderosa Corporación Multiinversiones, uno de los principales grupos de la oligarquía. El sentimiento y la conciencia anti-oligárquica se expresaron en las medidas tomadas por las compañeras y compañeros en contra de las grandes empresas monopólicas que inundan el mercado de productos ultraprocesados dañinos para la salud.

Las autoridades retroceden

Como resultado de las acciones de lucha tomadas por las comunidades indígenas y campesinas, el sábado 16 la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación ordenaron la libre circulación del transporte de verduras y alimentos de los pequeños productores. El Ministerio explicó que ese transporte estaba permitido desde el inicio de las disposiciones gubernamentales, pero en algunas regiones fue mal entendido.

El espíritu combativo de campesinos y comunitarios es un ejemplo para los otros sectores del pueblo trabajador. Las restricciones impuestas por el gobierno para contener la pandemia han servido también al gobierno burgués de Giammattei para contener el descontento y la rabia del pueblo al ver deteriorado su nivel de vida y la amenaza del hambre que se cierne sobre las familias, mientras la burocracia del aparato estatal impide que la miserable ayuda aprobada llegue a su destino; pero las compañeras y compañeros han demostrado que el camino es la organización comunitaria, para tomar en nuestras manos el combate a la pandemia y el abastecimiento de la población, frente a un gobierno inútil que no tiene el menor interés real en favorecer a la población y obedece fielmente a los grandes empresarios que le aconsejan el oído lo que debe hacer.

Los empresarios de pronuncian y el presidente Giammattei recula

Los capitalistas organizados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), opinaron sobre las medidas tomadas el 14 de mayo por el gobierno. En la voz de su presidente Nils Leporowski, los empresarios opinaron que las decisiones presidenciales podrían poner en riesgo la cadena de abastecimiento para la población, al restringir los horarios de ventas de los supermercados y provocar aglomeraciones de personas, que podría resultar en más contagios. Leporowski dijo “…lo que debería hacer el presidente Giammattei es dejar los horarios de los supermercados que ya estaban y que trabajen como lo han hecho hasta la fecha y el otro viernes vuelve un cierre total y ahora sí ni las abarroterías atenderán…” (Prensa Libre 16/05/2020), aunque reconoció que el lunes 25 de  nuevo habría aglomeraciones. Finalizó diciendo: “…hay muchos problemas hoy que no tiene una idea el presidente Giammattei y eso sucede por tomar decisiones sin consultar y sin prever todos los efectos que tiene la cadena de producción” (Idem).

Ante las protestas de campesinos y comunitarios, el viernes 15 el jefe de gobierno hizo un patético y demagógico llamado a la unidad nacional y a la disciplina individual para derrotar al virus “cueste lo que cueste” y “le duela a quien le duela”, y denunció que hay “actores irresponsables azuzando a la gente” (Prensa Libre 16/05/2020).

Sin embargo, el domingo 17 en cadena nacional, reaccionando ante el dolor de los empresarios, Giammattei anunció cambios a las medidas, haciendo a pie juntillas lo que dijo su jefe Leporowski. El lacayo de los patronos modificó los horarios de atención de mercados y supermercados, siendo la nueva jornada de 6:00 am a 16:00 de lunes a viernes, manteniendo el toque de queda de 17:00 a 5:00 horas y el nuevo cierre total el sábado 23 y domingo 24. Este individuo no tiene la menor vergüenza en servir de alfombra a los empresarios.

Exigimos al gobierno la Renta Básica Universal para todas y todos los guatemaltecos

Es claro que para enfrentar la pandemia del Covid-19 se debe tomar medidas restrictivas, de aislamiento y suspensión o restricción de actividades económicas. El problema es que el gobierno de Giammattei empezó a tomar esas medidas sin asegurarse antes de garantizar el bienestar de la población, en un país donde no hay empleo, donde el 70% de la PEA trabaja por cuenta propia, donde el nivel de pobreza es del 60% y donde la mayoría empresas son incapaces de aguantar el cierre temporal y con un Estado ineficiente y corrupto.

El resultado ha sido que decenas de miles de personas se están quedando sin empleo, están viendo sus sueldos disminuidos o ya no pueden ejercer sus actividades como cuentapropistas. La precarización, la disminución del nivel de vida y el hambre se apoderan de la población.

Por ello demandamos que el gobierno establezca la Renta Básica Universal, como medida de protección social para proteger las vidas de las familias guatemaltecas. Para financiar la medida, que se suspenda el pago de la deuda externa y que se creen impuestos a las ganancias de los grandes grupos corporativos que controlan la riqueza del país.