Por Armando Tezucún

Tal como estaba programado, el 13 de abril el Congreso de la República juramentó a los magistrados electos a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026. El acto fue totalmente anómalo, pues se llevó a cabo sin la participación de dos magistrados titulares y una suplente electos, debido a amparos provisionales e impugnaciones contra los procesos de elección en sus respectivos espacios de designación.

Los excluidos fueron Nester Vásquez y Claudia Paniagua, titular y suplente electos el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y más notoriamente, Gloria Porras, titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Porras ha sido magistrada titular de la CC durante dos períodos consecutivos y se ha destacado por ser parte del grupo de magistrados que ha emitido resoluciones contrarias a los intereses del bloque de políticos, funcionarios y empresarios involucrados en el manejo anómalo de los recursos del Estado. Este grupo destacó por defender a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de los continuos ataques de que fue objeto por parte del gobierno del expresidente Jimmy Morales. Entre los nuevos magistrados, Porras es la única reelecta del grupo anticorrupción, y sus oponentes orquestaron todo un plan para evitar a toda costa que asuma de nuevo su cargo.

La juramentación de Porras fue impedida por dos amparos. El primero tiene fecha del 9 de abril, aceptado por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Masaya, que había sido candidato a magistrado ante el CSU. El segundo fue interpuesto el 12 de abril ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales, quien también fue candidato ante el CSU.

El pleno de diputados juramentó entonces a siete magistrados, todos peones de los grupos corruptos que controlan el Estado: los titulares Dina Ochoa, Leyla Lemus y Roberto Molina Barreto; los suplentes Luis Rosales, Walter Jiménez, Rony López y Juan José Samayoa. En su discurso, el presidente del legislativo, Allan Rodríguez, se regodeó del triunfo de los poderes infames diciendo: “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución ya al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución” (Prensa Libre 24/04/2021), lo que no quiere decir otra cosa que por fin lograron domar a una CC que les había causado problemas durante años.

En representación de los intereses de la burguesía, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se regocijó por la juramentación y posterior toma de posesión de los nuevos magistrados, expresando que ahora se generará “confianza y certeza jurídica en la ciudadanía, indispensables para un Estado de Derecho” y que ahora habrá “resoluciones objetivas y libres de presiones internas o externas” (La Hora 14/04/2021); el alborozo de la oligarquía es porque la anterior CC ordenó la suspensión de actividades de varias empresas extractivas por no proceder correctamente con las consultas comunitarias para avalar sus operaciones. A esto es lo que los industriales han llamado “falta de certeza jurídica”.

La ahora exmagistrada Porras declaró el día de la juramentación, “todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión” (Prensa Libre 14/04/2021). Evidentemente la Junta Directiva del legislativo interpretó las cosas a su conveniencia, pues el mismo Congreso hace unos meses juramentó al exjuez y prófugo Mynor Moto cuando había sido electo por el Cang, existiendo varias impugnaciones en contra de su designación. 

De gira por Estados Unidos, Gloria Porras declaró que defenderá su elección: “Pelearé contra esta decisión porque fui legítimamente electa para el cargo por un tercer período, en reconocimiento a mi sólida trayectoria durante los primeros dos…” (La Hora 20/04/2021). Pero la situación no le es muy favorable, pues el 26 de abril la nueva CC, por unanimidad, confirmó los dos amparos provisionales que impidieron su elección, rechazando dos apelaciones en contra presentadas por el CSU.

La conclusión que los trabajadores, campesinos, indígenas y sectores populares debemos sacar del proceso de elección de magistrados a la CC es que es un proceso viciado, porque permite que la decisión la tomen grupos de intereses para su propio beneficio. Es el pueblo trabajador el que debe elegir las cortes, mediante su voto directo, secreto, libre y soberano. Y esto debe quedar estipulado por una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional que transforme el país en beneficio de los oprimidos y explotados.