Por Armando Tezucún

El 31 de marzo se vencieron varios lotes de vacunas contra el coronavirus de la marca Sputnik, que fueron compradas a Rusia. En total fueron 2 millones 901 mil 632 dosis, que corresponden a 1 millón 148 mil 262 del primer componente y 1 millón 753 mil del segundo. En términos monetarios la pérdida asciende a Q 256 millones 939 mil 514.

Del 3 al 7 de abril se vencieron varios lotes de la vacuna Moderna, donada por Estados Unidos, que servirían para inmunizar a niños de entre 6 y 11 años. En total se perdieron 1 millón 547 mil 360 dosis; solamente el 18.32% de 2 millones 200 mil niños en ese rango de edad se pudieron vacunar, quienes tendrían que recibir la segunda dosis a mediados de mayo, pero ya no hay vacunas. Hay varios lotes de AstraZeneca y otros del segundo componente de Sputnik V que se vencerán a finales de abril. Según la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en febrero y marzo se perdieron 5.2 millones de vacunas que no fueron administradas y llegaron a su fecha de vencimiento. En total las pérdidas ascienden a unos Q 350 millones.

El ministro de salud Francisco Coma justificó la situación diciendo que la situación de la pandemia es complicada, siendo una enfermedad nueva, y es un tema que es muy complicado en todo el mundo. Tergiversó los hechos diciendo: “Guatemala es el país que más vacunas ha aplicado en la región…si se calcula el porcentaje total de la población, que es como se sacan los cálculos por parte de la Organización Panamericana de la Salud, eso nos pone en desventaja, pero, cuando se aplica sobre la población objetivo real a vacunar, los números cambian”; además, reconoció que las autoridades en salud sabían que las vacunas se iban a vencer (Prensa Libre 3/31/2022). La realidad es que Guatemala es el país de la región con más rezago en el proceso de vacunación, pues se ha llegado solamente al 43% de la población meta, y únicamente tres de cada 10 guatemaltecos cuentan con el esquema completo.

El contrato mediante el cual fueron compradas las vacunas Sputnik despertó numerosas sospechas desde el año pasado, pues se negoció en abril con una empresa rusa de dudosa procedencia, Human Vaccine, que no es la fabricante, como lo manda la ley de vacunación aprobada por el Congreso de la República, y además contiene cláusulas perjudiciales para el Estado de Guatemala. Algunas organizaciones de la sociedad civil califican la transacción de fraude multimillonario que involucra a varios funcionarios del gobierno. Por medio de ese contrato, Guatemala se comprometía a comprar 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik, cancelando el 50% por adelantado, sin claridad del cronograma de entrega; la empresa se retrasó en entregar el producto, y cuando llegaron, tenían solo cuatro meses de vida útil, y en condiciones de almacenamiento y manejo para las cuales el Ministerio de Salud no tenía capacidad; solamente el 45% de los puestos de vacunación están en capacidad de almacenar la Sputnik en las condiciones requeridas para su administración a la población. Para el momento en que llegaron las vacunas rusas, la población ya había recibido dosis de otros inmunizantes adquiridos por medio del mecanismo Covax o mediante donaciones.

Mientras tanto, durante semanas el gobierno ha afirmado que la perjudicial negociación se encuentra en “análisis jurídico” para decidir su suspensión, y Guatemala aún tiene el compromiso de adquirir otros 8 millones de dosis a un costo de Q 614.5 millones. La Contraloría General de Cuentas ya presentó cuatro denuncias al Ministerio Público sobre el proceso de compra de la vacuna rusa, y las investigaciones se encuentran bajo reserva; la Fiscalía Contra la Corrupción tiene abierta una investigación sobre las vacunas vencidas, las cuales no pueden ser destruidas, pues podrían ser parte de un anticipo de prueba.

La causa real de la pérdida de casi cuatro millones de dosis, es que el gobierno ha sido incapaz de realizar un plan de vacunación eficiente. El mismo presidente de la república ha llegado al extremo de culpar a la población por no querer vacunarse, especialmente en el área rural, cuando es su obligación y la de su gobierno planificar las medidas adecuadas para convencer a la población para que se inmunice contra el Covid mediante campañas masivas.

Exigimos al Ministerio Público que investigue y procese a los culpables de estas pérdidas millonarias y a los responsables de la negociación y firma del perjudicial contrato de las vacunas Sputnik. Ante la ineficiencia del Ministerio de Salud y del gobierno, llamamos a los sindicatos de trabajadores de salud a tomar en sus manos el problema y organizar una campaña masiva de vacunación, sobre todo en el área rural, que es donde menos se ha inmunizado la población contra la pandemia.