Por Armando Tezucún

El próximo año 2023 los votantes guatemaltecos elegirán nuevo binomio presidencial, diputados al Congreso de la República y jefes ediles. Ya es un hecho demostrado desde la apertura democrática de 1985, que cada partido político que ha hecho gobierno sufre un desgaste atroz que impide que repita otro período en el poder ejecutivo; ninguna agrupación política lo ha logrado, ni en el período inmediatamente posterior ni en ningún otro.

Consciente de ese hecho, el actual partido de gobierno VAMOS, está preparando su estrategia para ganar los próximos comicios y gobernar por otro período de cuatro años. El presidente Alejandro Giammattei, sus ministros, funcionarios en instancias del Estado y sus 17 diputados en el Congreso, trabajan ya en varios frentes.  

La alianza entre el gobierno y la UNE de Sandra Torres

Para los planes del oficialismo es vital la alianza con los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la exprimera dama Sandra Torres. La bancada de la UNE cuenta con 40 diputados, y es la más numerosa del legislativo. Paradójicamente, Torres compitió en segunda vuelta con Giammattei en las elecciones de 2019, pero los azares del destino los colocan ahora como aliados.

El punto central de los acuerdos entre el gobierno y la UNE es lograr que Sandra Torres sea inscrita como candidata presidencial en 2023, a cambio de que su bancada apoye la elección de nueva Junta Directiva del Congreso (que ya realizó, quedando de nuevo Shirley Rivera, de VAMOS, como presidente), la aprobación del presupuesto del Estado 2023, la aprobación de la Ley de Adquisiciones del Estado, y la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, que está estancada desde 2020.

Torres enfrenta actualmente un proceso penal por el delito de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado del partido UNE, por no haber reportado en 2015 al Tribunal Supremo Electoral aportes por Q 19 millones 531 mil 753. La excandidata ya estuvo detenida por este hecho, pero fue liberada bajo libertad condicional y consiguió otras prerrogativas, habiendo también recuperado la secretaría general de la UNE después de un reñido proceso legal. El lunes 17 de octubre los tribunales resolvieron que puede hacer giras departamentales con su partido. Además, la Corte de Constitucionalidad resolvió que no sería procesada por el segundo de esos delitos, con el argumento de que fue creado con posterioridad a que sucedieran los hechos por los cuales fue Torres acusada.

Todo indica que Sandra Torres tendrá el camino libre para inscribir su candidatura, media vez sus diputados voten obedientemente por las propuestas del gobierno en el legislativo.

El oficialismo pretende meter zancadilla a los candidatos que no son de su agrado

Un segundo aspecto de los planes de reelección de VAMOS es impedir la inscripción de ciertos personajes que pretenden entrar a la competencia electoral por la presidencia. Para hacer esto, se está recurriendo, por el momento, a la parte de la Ley Electoral que prohíbe que los futuros candidatos caigan en lo que se denomina campaña anticipada, que se interpreta como que no pueden promover su persona, o la “propaganda ilegal de personas individuales”; antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decrete el inicio oficial de la campaña, los partidos solamente pueden hacer campañas de afiliación.

Las primeras víctimas de esta táctica fueron el actual alcalde de Mixco, Neto Bran, y el excandidato presidencial Roberto Arzú. Ambos fueron ya notificados por el TSE que no serán inscritos en el próximo proceso electoral por haber incurrido en “propaganda ilegal” al promocionar su figura en las redes sociales. Además, el dirigente de VAMOS Miguel Martínez expresó que no permitirán la participación de Zuri Ríos, del partido VALOR, como candidata a la presidencia, ni la de Edmond Mulet del partido Cabal, ambos destacados políticos de derecha (La Hora 1/11/2022). Ríos no fue inscrita en las elecciones de 2019 por prohibición constitucional al ser hija de un jefe de estado de facto, y Mulet ganó el tercer lugar en la primera vuelta, por el Partido Humanista.

Otros personajes a los que se podría vedar su inscripción son Thelma Cabrera, excandidata presidencial del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos, quien obtuvo el cuarto lugar en la primera vuelta de 2019, y Fernando Alcayaga, excandidato a alcalde de Mixco. En agosto Cabrera fue notificada sobre un informe que investigaba su posible posicionamiento con miras a las elecciones, por haber opinado en las redes sociales sobre temas de la coyuntura nacional. Aquí se ve claramente lo absurdo de la interpretación de la ley que hace el TSE, pues no se puede sancionar a alguien por divulgar sus opiniones sobre temas de interés nacional.

A la conquista de alcaldes

Desde el mes de agosto se supo que el oficialismo busca ganarse a al menos 200 alcaldes, que busquen reelegirse, para alcanzar un millón de votos en las futuras elecciones. Los medios para atraer a los jefes municipales son, en primer lugar, la promesa de financiarles obras de infraestructura y de otros tipos, que normalmente son fuente de jugosos negocios, y además les granjean el apoyo de los habitantes del municipio. Pero también se recurre a amenazas, como la de negarles la entrega de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (conocida como finiquito), que es obligatoria para la inscripción de las candidaturas. Otra amenaza es la de acusar a los alcaldes de actos de corrupción por medio del Ministerio Público.

Pero el principal medio de persuasión del oficialismo es la oferta de Q 43 mil millones para las municipalidades, que quedarían incluidos en el presupuesto del Estado para 2023. La oferta la hizo el presidente Giammattei el 17 de octubre, durante el Congreso Centroamericano de Descentralización y Desarrollo Territorial: “Con la esperanza de que el Congreso de la República apruebe el presupuesto de 2023 y si en todo caso se diera dicha aprobación las municipalidades estarían recibiendo (…) más de Q 43 mil millones” (Diario La Hora 17/10/2022). Como vemos, la promesa es que habrá dinero a manos llenas para hacer lo que se les antoje, media vez se alineen con VAMOS y sus aliados.

Pero aún hay más. En el Congreso de la República se encuentra en discusión la Ley de Adquisiciones del Estado, que reemplazaría a la actual Ley de Contrataciones del Estado. Esta nueva normativa modifica las condiciones en las que ministros, alcaldes y funcionarios pueden efectuar compras en sus entidades.  Entre otras cosas, la nueva ley incrementa de un máximo de Q 900 mil a un máximo de Q 2 millones el monto de los contratos que pueden adquirir directamente los alcaldes y funcionarios, sin necesidad de tomar en cuenta los concejos municipales y juntas directivas. En otras palabras, los jefes podrán hacer más compras directas sin licitar, pudiendo escoger a las empresas que quieran favorecer y/o que coimas les dejen; se incrementa también el monto de las compras que se consideran de baja cuantía. La propuesta fue aprobada por el Congreso, en segunda lectura el 5 de octubre, luego de que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del legislativo la discutiera y emitiera dictamen favorable entre el 21 y 26 de septiembre.

¿Por fin habrá elección de magistrados?

El 2 de noviembre los medios de comunicación dieron a conocer que la Une y el oficialismo acordaron la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones, que ha sido postergada por el Congreso desde 2020. Ese año, la Corte de Constitucionalidad (CC), que entonces contaba con algunos magistrados no alineados con el oficialismo, ordenó al Congreso de la República la elección de candidatos idóneos, luego de que saliera a luz la manipulación que se estaba haciendo de la elección por parte de grupos de poder, caso conocido como Comisiones Paralelas 2020. Desde entonces, en las plenarias del legislativo ha figurado la elección de magistrados como último punto de agenda, y el cuórum ya se ha roto cuando toca el tema.

Con la cercanía de las elecciones 2023, el oficialismo está consciente de que tanto la CC como la CSJ son claves al momento de que se planteen recursos legales, impugnaciones, amparos o denuncias de parte de partidos políticos, pues son estas cortes las que tienen la decisión final. La CC ya está en manos de los poderes corruptos, y llegó el momento de tener una CSJ legitimada y con magistrados afines a los partidos del oficialismo y UNE.

Por una alianza electoral de toda la izquierda

Como vemos, el gobierno y sus aliados, que representan a grupos burgueses emergentes y tradicionales que se nutren de negocios con el Estado, tienen ya diseñada su estrategia para triunfar en las elecciones 2023, a partir del control de todos los organismos del Estado. Las y los trabajadores, el campesinado y las clases populares debemos plantear una alternativa de clase ante el bloque de corruptos que pretende continuar con el saqueo del Estado. Al menos dos partidos de izquierda ya están planteando una alianza de cara al proceso electoral, URNG y Winaq; las bases de estos y los otros partidos que se puede considerar de izquierda o progresistas, tienen la terea de presionar a sus dirigencias para concretar una alianza más amplia, más allá de los conflictos y ambiciones de poder que puedan tener líderes individuales.

Esta alianza deberá ser no en torno a componendas de liderazgos, sino en torno a un programa que contemple las demandas más sentidas de la población, y con la presentación de candidaturas que sean representativas de las luchas de los diferentes sectores del pueblo trabajador. Candidatos que sean dirigentes populares, enarbolando un programa democrático revolucionario.