Por Armando Tezucún

El 12 de junio el vicepresidente Rafael Espada firmó el acuerdo de revalidación de la adhesión de Guatemala a Petrocaribe. Esta ratificación tuvo lugar durante la sesión plenaria de presidentes de la VI Cumbre de Petrocaribe, celebrada en San Cristóbal y Nieves. Recordemos que el 13 de julio del año pasado el presidente Álvaro Colom firmó el acuerdo de adhesión durante la V cumbre de estados pertenecientes a Petrocaribe en Maracaibo, Venezuela.

Con una considerable baja de los precios del petróleo con respecto a los que predominaban a mediados de 2008, las condiciones del acuerdo no han variado gran cosa. El 50 por ciento de la factura de los combustibles recibidos será cancelada en 90 días, mientras que el monto restante se pagará en un plazo de 23 años a una tasa de interés del 1 por ciento, luego de transcurridos dos años de gracia. Además la deuda podrá ser cancelada con alimentos o servicios.

La ventaja que la iniciativa venezolana de Petrocaribe representa para los gobiernos adherentes es que pueden vender el combustible recibido (para Guatemala unos 20 mil barriles diarios de gasolina, diésel y/o búnker) a los consumidores internos y sólo tienen que cancelar a la petrolera estatal venezolana la mitad del importe. Esto implica que el restante 50% queda en calidad de préstamo que pueden invertir en programas estatales.

El año pasado señalábamos (El Socialista Centroamericano No. 76) que la adhesión del gobierno guatemalteco a Petrocaribe concordaba con su política de financiar los programas asistenciales contratando deuda externa, en vez de dar la batalla contra la burguesía por impulsar un plan de impuestos para desarrollar los planes de asistencia social. Como buen socialdemócrata, Colom ha evitado contrariar y confrontar a los grupos de poder que controlan la economía guatemalteca, buscando otras vías para financiar sus proyectos. Cuando Colom firmó el acuerdo de Petrocaribe el precio del petróleo rondaba los US$ 140 por barril, lo que significaba que el gobierno guatemalteco podría disponer de unos Q 400 millones mensuales o cerca de Q 5000 millones al año. Al parecer Colom perdió el interés en el negocio del combustible venezolano, pues no hubo ningún esfuerzo significativo para que fuera aprobado por el Congreso.

Convenio con Petrocaribe, un año después

Casi un año después el gobierno revalida el convenio con Petrocaribe, con los precios de los combustibles notoriamente más bajos. En las actuales condiciones, el acuerdo representaría para el gobierno unos US$ 240 millones al año (alrededor de Q 1,900 millones). Otras condiciones también han cambiado; los efectos de la crisis económica mundial se están sintiendo con mucha más fuerza que hace un año, y la los sectores más conservadores de la burguesía han profundizado su oposición al gobierno, cerrando filas tal como se evidenció durante el caso Rosenberg.

La batalla principal tendrá que darse en el Congreso, pues debido a que implica endeudamiento, el acuerdo debe ser aprobado con 80 votos. Según una consulta a los diputados realizada por Prensa Libre, hasta ahora el gobierno cuenta con 40 votos a favor, 27 están en contra y 91 indecisos. Las cosas se pintan difíciles, pues para empezar, el paquete de la reforma fiscal, que fue entregada al congreso el 11 de agosto del año pasado, aún no ha logrado pasar a discusión. A la reforma se suma la solicitud de aprobación de la emisión de bonos del Estado por Q 1,800 millones y préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo por Q 1,200 millones. La oposición en el congreso ha estado parando la aprobación de estos recursos que servirían para financiar el presupuesto del Estado. El acuerdo con Petrocaribe, que de por sí genera desconfianza porque huele a Chávez, obviamente será retrasado si no es que rechazado tajantemente por una oposición que cada vez se muestra más recalcitrante.

La grave crisis fiscal del gobierno

El renovado interés del gobierno de Colom por Petrocaribe se da en el marco de una gravísima crisis financiera que amenaza con paralizar los gastos del Estado. Como consecuencia de la desaceleración de la economía guatemalteca, el gobierno ha bajado su nivel de captación de impuestos. El descenso de las importaciones (para el mes de abril Q 597 millones menos que en 2008, según el Banco de Guatemala) ha provocado que la recaudación tributaria en este rubro bajara un 26.03 por ciento durante el primer trimestre del año con respecto a lo captado en el mismo período en 2008. La baja en las actividades comerciales ha provocado un descenso en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Igualmente ha habido una disminución en el Impuesto Sobre la Renta.

El presupuesto del Estado para 2009 alcanzaba casi los Q 50 mil millones. Para cubrir esa cantidad se contaba en parte con una reforma fiscal que, como señalamos arriba, aún no ha sido aprobada por el Congreso. Durante el primer trimestre del año la recaudación bajó un 7.6 por ciento, situándose Q 1 mil millones por debajo de la meta establecida. A finales de marzo la Superintendencia de Administración Tributaria bajó la meta de recaudación fiscal de Q 38,731.9 millones a Q 35, 165 millones. La más reciente estimación, en junio, bajó a Q 30,896.3 millones. En mayo se calculaba que el déficit fiscal podría llegar a Q 7 mil millones; en junio el Central American Business Intelligence (CABI) calculó que el agujero fiscal podría llegar a los Q 9 mil millones, un déficit del 3 por ciento en el presupuesto.

Es que la baja en el crecimiento económico producto de la crisis capitalista se está trayendo abajo las finanzas gubernamentales. Según quien haga el análisis, el crecimiento será entre –1.5% y 2%, siendo el más optimista el Banco de Guatemala y el más pesimista el CABI. El sentimiento de alarma es compartido con el gobierno por analistas cercanos a las organizaciones de la burguesía, como Rubén Darío Narciso, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) quien declaró: “…si el Estado no tiene recursos mínimos el país se viene abajo, ya que muchas actividades dependen de que el gobierno ejecute y, por ende, también afectaría la economía” (Prensa Libre, 10/06/09), y “Es indispensable la aprobación de la reforma para que puedan llevar a cabo el plan de gobierno y las acciones del plan de recuperación” (Prensa Libre 24/06/09). Una menor inversión del gobierno en infraestructura tendrá fuerte impacto en el crecimiento económico del país.

Aún si el Congreso aprobara la reforma fiscal, la emisión de bonos y la contratación de préstamos, (cuya discusión fue trasladada para agosto, cuando reinicien las sesiones ordinarias de los diputados después del actual receso), este retraso implicará una reducción en la recaudación estimada para este año y los fondos no serán suficientes para cubrir el déficit. El Ministerio de Finanzas calcula que el Estado podría dejar de percibir unos Q 8 mil millones, aunque otras fuentes estiman que el agujero fiscal podría alcanzar los Q 10 mil millones.

Ante este escenario, desde abril el gobierno empezó a programar recortes presupuestarios para diferentes ministerios como salud y gobernación. El Ministerio de Finanzas trató de disminuir los aportes a las municipalidades, pero ante la protesta unánime de los alcaldes, tuvo que dar marcha atrás. En mayo el presupuesto sufrió un recorte de Q 4,300 millones. Se prohibió la creación de nuevos puestos de trabajo en el Estado y se congelaron las plazas actualmente vacantes, con excepción de los ministerios de salud, educación y gobernación. El gobierno se propuso reducir sus gastos en los renglones de viáticos en viajes al exterior, alimentos para personas, telefonía, combustibles, papelería y útiles de oficina. Para el 26 de junio el gabinete de ministros analizó un nuevo recorte presupuestario de Q 2 mil millones. El 27 el presidente y el ministro de finanzas anunciaron una posible fusión de instituciones públicas para reducir gastos.

Control popular de los fondos provenientes de Petrocaribe

La revalidación de la adhesión a Petrocaribe cae en este clima de zozobra financiera como una posible fuente de recursos que alivie las finanzas gubernamentales. El problema, como señalamos arriba, es que el acuerdo aún debe pasar por la aprobación del Congreso, donde la oposición se ha fortalecido y se resiste a apoyar al gobierno.

Los fondos provenientes de Petrocaribe, según el plan anunciado por Colom el año pasado, estarán destinados en su mayor parte a programas sociales e infraestructura. Ante la crisis financiera del gobierno, no nos oponemos a que se contrate deuda mediante el acuerdo de compra y venta de combustibles, pero es necesario que haya transparencia en el manejo de los fondos, para evitar la corrupción que se ha dado en otros países, como Nicaragua. Por eso demandamos, tal como lo hicimos el año pasado, que los recursos provenientes de Petrocaribe sean administrados por las organizaciones de campesinos, indígenas y trabajadores.

Ante la crisis financiera del gobierno demandamos reducción de gastos superfluos y en privilegios para los funcionarios, así como una reducción de los mega salarios de ministros, diputados, magistrados y demás funcionarios que se atiborran los bolsillos con el dinero del pueblo. Si los trabajadores, campesinos y el pueblo estamos sufriendo la crisis, los funcionarios deben también hacer austeridad.