Por Leonardo Ixim

Las más recientes acusaciones de parte del Ministerio Público (MP), que piden la invalidación del proceso electoral en el cual se coronó al Movimiento Semilla como el ganador de la elección presidencial y lo ubicó como tercera bancada en el Congreso de la República, han revelado las verdaderas intenciones de las estructuras corruptas que se aferran al status quo.

Esto ha provocado un remezón en el bloque de poder y en las diversas fracciones de la burguesía. Si bien los mas recalcitrantes monopolios oligarcas han respaldado las acciones golpistas de Giammattei, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche desde el MP para invalidar las elecciones, ya se están empezando a desligar de estas maniobras que buscan romper el orden constitucional. Esto se debe en gran parte al rechazo a estas acciones por parte de los imperialismos estadunidense y europeo, la mayoría de gobiernos del continente y la Organización de los Estados Americanos, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a eso, el pasado 8 de diciembre el MP ha lanzado un nuevo manotazo. Es el cuarto caso contra el Movimiento Semilla y se presenta a partir del anterior, que buscaba vincular las movilizaciones contra el fraude para elegir rector en 2022 en la Universidad San Carlos, aduciendo que el partido Semilla había usado ese movimiento como trampolín político, que implica la criminalización de varios liderazgos universitarios. Sin embargo, ese argumento estúpido se les cae, primero por un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que consideró inexistente ese supuesto trampolín político de Semilla, y posteriormente por el hecho de que se anularon las órdenes de captura solicitadas por el MP.

Esta vez es la guinda en el pastel, evidenciando el plan de anular las elecciones. Bajo el nombre de Semilla y Corrupción, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dirigida por Curruchiche, califica que hubo una alteración en las actas número cuatro que emitieron la Juntas Receptoras de Votos (JRV), donde se califica los resultados de cada mesa, tanto de la primera vuelta como de la segunda, que le dio el triunfo a Semilla.

A finales de septiembre, el MP secuestró del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tanto las actas de las JRV como las mismas boletas electorales, algo totalmente prohibido. Recientemente ha girado órdenes de captura a miembros de las juntas y ha pedido retirar la inmunidad a Bernardo Arévalo, presidente electo, y los diputados de Semilla Samuel Pérez y Ligia Hernández.

Por otra parte, las presiones de los golpistas contra los magistrados del TSE han hecho mella, logrando que se autorice el proceso de antejuicio a cuatro magistrados después de que, por mayoría en el Congreso, con 108 votos de la alianza oficialista, se les levantó la inmunidad. Esta es una venganza contra las autoridades del árbitro electoral, porque refrendaron el legítimo triunfo de Semilla, después del giro que tuvieron al no permitir tres candidaturas, vedando por primera desde 1996 a una de izquierda, lo que parecía un alineamiento del partido oficial VAMOS, con el cual los magistrados del TSE posteriormente rompieron.

Esta situación obligó a los cuatro magistrados a salir del país, manteniéndose solo la actual magistrada presidente Blanca Alfaro, quedando la institución acéfala, con una magistrada titular y tres suplentes. Esto afecta al organismo electoral en un momento en que, según las reformas electorales de 2016, se tiene que instalar una mesa para actualizar la Ley Orgánica y de Partidos Políticos.

La acción del MP de pedir la anulación de las elecciones generales es espuria, y aunque algún juez corrupto pueda darle eco y resuelva semejante acción, es un claro rompimiento de la misma legalidad burguesa. Aunque la magistrada Alfaro mencionó que es la Corte de Constitucionalidad la única quien podría dictaminar sobre esa situación, este hecho, sin embargo, violaría la misma Constitución Política, porque es el TSE la única instancia en reconocer o anular elecciones.

Nosotros alertamos que la nueva acción del MP es la consumación del golpe final de los grupos corruptos contra la voluntad popular manifestada en el proceso electoral. Llamamos a articular un frente unido de organizaciones populares para hacerle frente a esas acciones que atentan contra nuestros derechos democráticos. Llamamos a la huelga general en los centros de trabajo y el paro de labores en los pequeños y medianos comercios y mercados. Exijamos la destitución de los fiscales y funcionarios golpistas, demandamos la renuncia del presidente Giammattei, que veladamente está orquestando este atentado contra la voluntad popular.