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Por Armando Tezucún

El 27 de agosto, recién iniciada la sesión plenaria del Congreso de la República, el diputado Roberto Kléster, jefe de la bancada del partido de gobierno Unidad Nacional de la Esperanza, pidió al pleno retirar de la agenda la aprobación por artículos y redacción final de la reforma fiscal.

Esta acción puso fin a poco más de un año de intentos del gobierno por lograr cambios en el sistema tributario que le permitan obtener recursos para financiar el presupuesto y sus planes asistenciales. En realidad, la historia de esta reforma fiscal fue una de continuas claudicaciones del presidente y la UNE a los grupos de poder de la burguesía.

Desde la segunda mitad de enero del año pasado, recién iniciado su gobierno, el mandatario anunció un proyecto de reforma fiscal que le permitiera captar recursos cuando perdiera vigencia, a finales de 2008, el Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz. La parte central de la propuesta estaba constituida por una reforma al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), otra en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y el fortalecimiento de la fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Antes de que el proyecto fuera formalmente entregado al Congreso, Colom dobló la espalda ante la burguesía -que había empezado a vociferar protestando contra el aumento de impuestos- al retirar del proyecto su parte más importante, las reformas al ISR. De esta manera, demostrando el temor que el presidente socialdemócrata tiene a los poderosos grupos de poder del gran capital, el 5 de agosto anunció que la propuesta de reforma fiscal sería presentada al Congreso sin su parte medular. A cambio de eliminar las reformas al ISR, el gobierno negoció con la burguesía la creación del Impuesto de Solidaridad (ISO), que reemplazaría al IETAAP, gravando las ganancias brutas de las empresas. Según el Ministerio de Finanzas, sin las reformas al ISR la propuesta tenía más posibilidad de ser aceptada.

El ministro de finanzas Alberto Fuentes Knight presentó al congreso el 11 de agosto de ese año el proyecto de “Ley de Modernización y Fortalecimiento del Sistema Tributario de Guatemala”, mutilado, como dijimos, en su parte principal. Desde entonces pasó más de un año de forcejeos en que el empresariado burgués, a través de sus representantes en el Congreso, en especial los diputados del Partido Patriota, batalló para evitar el aumento de impuestos. Los capitalistas utilizaron la cantaleta de que la economía está en crisis y cualquier aumento tributario llevará al despido de trabajadores y al cierre de empresas, ocultando que no son leyes ciegas de la economía las que llevan al desempleo, sino la rapacidad de los empresarios al proteger sus ganancias.

Cuando Colom anunció el retiro del ISR de la propuesta de reforma fiscal, declaró “…estoy seguro de que habrá una modernización fiscal sin traumas, sin conflictos, sin enfrentamientos” (Siglo 21, 6/8/2008). El tiempo haría que se tragara estas palabras. A través de innumerables maniobras, los diputados de la extrema derecha consiguieron postergar la discusión de la reforma fiscal. Las últimas discusiones, cuando finalmente el proyecto pasó a conocimiento del pleno, giraron en torno a los impuestos a la primera matrícula de vehículos importados y el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos. En ambos casos el gobierno accedió a no aumentar las tasas, a pesar de que en algún momento logró un acuerdo con la mayoría de bancadas de oposición, menos la del Patriota, juntando 105 votos del total de 158 diputados.

Al final de tantas negociaciones y regateos, el presidente y su gobierno se dieron cuenta de que el proyecto de reforma, manipulado, manoseado y recortado, ya no les servía para nada. No sólo no les permitiría obtener los ingresos urgentes para financiar el presupuesto, sino que, según un comunicado de prensa del Ministerio de Finanzas, “Las últimas propuestas de enmienda a la iniciativa original han sido erosionadas seriamente, pudiendo incluso resultar en una reducción en la recaudación tributaria” (Prensa Libre, 28/8/2009). Por lo tanto la decisión fue retirar del congreso la propuesta, reconociendo su derrota a manos de la extrema derecha, representante de los intereses de la burguesía recalcitrante.

Mientras tanto las consecuencias en el país de la grave crisis mundial del capitalismo han provocado una alarmante baja en la recaudación de impuestos por parte del Estado. Según cálculos conservadores, estamos ante un agujero fiscal de unos Q 7 mil millones. Sin reforma fiscal, el gobierno está recurriendo al endeudamiento por medio emisión de bonos (por Q 3 mil millones que fueron aprobados en el Congreso) y  por contratación de deuda externa.

De esta triste historia del fracaso del gobierno por lograr una reforma tributaria podemos extraer algunas enseñanzas. En primer lugar, a los compañeros de agrupaciones de izquierda, sindicales, campesinas y populares que aún reclaman al gobierno de Colom que se comporte como verdadero socialdemócrata, les decimos: ésta es la verdadera socialdemocracia, una corriente que desde inicios del siglo XX se ha caracterizado por traicionar los intereses de los oprimidos; por colaborar con los capitalistas y  los opresores, salvando al sistema capitalista de graves crisis y engañando a trabajadores y campesinos haciéndoles creer que es posible lograr cambios en su beneficio sin tocar la esencia explotadora del capitalismo.

En este sentido el presidente y su gobierno han hecho lo que normalmente hacen los socialdemócratas, claudicar ante los poderosos, llegar a acuerdos con los opresores y jamás llamar a la movilización revolucionaria de las masas oprimidas para defender sus políticas. En realidad los socialdemócratas como Colom se mueven entre dos grandes miedos: el miedo a la burguesía y el imperialismo, y el miedo a la acción revolucionaria de las masas oprimidas.

Por tanto nuestra exigencia al gobierno no debe ser que sea socialdemócrata, sino que no sea cobarde e implemente decididamente un plan de impuestos a la oligarquía y a la burguesía para sacar al país de la crisis. De lo contrario, seremos los trabajadores, campesinos, pequeños comerciantes y los pobres de Guatemala quienes pagaremos las consecuencias de la crisis, empobreciéndonos aún más. Si Colom y sus funcionarios no lo hacen, debemos salir a las calles y exigir por medio de la acción directa lo que el gobierno no quiere hacer por temor a los poderosos.

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