Por Arnulfo Fuentes

Durante los últimos días, como ya es una costumbre, el Estado de Guatemala a través de la salvaje y despiadada fuerza pública, las empresas extranjeras que se dedican a la exploración y explotación de nuestros recursos minerales, y algunas familias poderosas de Guatemala, han planificado una serie de medidas para hostigar, reprimir, encarcelar, desalojar, herir y hasta matar a campesinos de distintas comunidades del país. Ellos únicamente reclaman el derecho que justa e históricamente les pertenece sobre el respeto y conservación de esas tierras, que para ellos son sagradas. El otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera y de los recursos naturales, sin previa consulta a las comunidades de la región, viola los derechos de las comunidades, como lo establece la Constitución Política de la República, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Acuerdo sobre Identidad y derechos de los Pueblos Indígenas, La convención 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el caso particular del Caserío Las Nubes, del municipio El Estor del departamento de Izabal, el pasado domingo 27 de septiembre en horas de la mañana, la Gobernadora Departamental de Izabal y la Compañía “Guatemalteca” de Níquel (CGN), custodiados por policías de la PNC y guardias privados de esta empresa, llevaron a cabo un desalojo violento contra los habitantes de dicho caserío. Este acto de represión es uno más, que se suma a una serie de hostilidades cometidas por dichos grupos, realizados desde hace 6 años, cuando la empresa inició sus operaciones, desplazando a las comunidades campesinas. Ese domingo, los campesinos se unieron para oponerse al desalojo, ante esa situación, hombres armados apostados en diferentes puntos descargaron sus armas contra la población; varias personas cayeron heridas, tres de gravedad. Entre el alboroto de la balacera, el profesor Adolfo Ich, corrió a proteger a un grupo de niños, en ese momento fue apresado, arrastrándolo a un lugar donde lo machetearon y lo mataron dándole un balazo en la cabeza.

El lunes 28 de septiembre a las 4:30 de la madrugada, en el lugar conocido como la Vuelta del Diablo, en el camino que une a las poblaciones de Tucurú y La Tinta, de Alta Verapaz, hombres armados, atacaron un autobús donde hirieron a nueve campesinos, uno de ellos perdió el ojo izquierdo. Estos campesinos son de las comunidades de El Estor y se dirigían hacia Cobán.

Los dos casos mencionados anteriormente, el asesinato de Mario Caal Bolom, en marzo del 2008, en la comunidad Puntarenas de Livingston Izabal, y la aprensión ilegal en febrero de 2008 del compañero Ramiro Choc, evidencian la represión que sufren nuestros hermanos campesinos.

Son responsables también, de estas violaciones a los derechos humanos los diferentes medios de comunicación de Guatemala, que no sólo se quedan callados ante tal situación, sino que se encargan de perjudicar a los campesinos cuando estos realizan sus movilizaciones diciendo que están siendo manipulados, tratándolos de ignorantes y dándole un enfoque diferente a la noticia.

Por tal razón hacemos un llamado a la conciencia (si es que tienen) de estos pseudoperiodistas que también pertenecen a la clase trabajadora, para que ya no sirvan de marionetas. Queremos decirles que no les sigan el juego a los empresarios de la comunicación, porque ellos nacieron del pueblo y su deber es con el pueblo. Así también, condenamos, rechazamos y demandamos toda actividad minera en Guatemala. Exigimos el castigo y pago de daños y perjuicios a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. Exigimos al Estado de Guatemala, devolver las tierras arrebatadas a los campesinos para dárselas ilegalmente a la Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A. y atender las demandas relacionadas a la certeza jurídica de la tierra. Exigimos al Estado de Guatemala la liberación de Nuestro Compañero Ramiro Choc, por tratarse de una aprehensión ilegal como medida de represión, y hostigamiento.