La documentación, de la que EL MUNDO tiene una copia (PDF, 969KB), corresponde a lo que los militares guatemaltecos denominaron 'operación Sofía' y que fue puesta en práctica contra la población civil entre el 15 de julio y el 19 de agosto de 1982 en el departamento de Quiché y especialmente en el municipio de Nebaj. La ejecución de esa operación correspondió al cuerpo de paracaidistas, una fuerza especial dentro del Ejército guatemalteco.

En uno de los documentos de la 'operación Sofía', que consta de un total de 359 folios, se recoge, con todo lujo de detalles, cómo actuaban las patrullas de paracaidistas cuando se encontraban con "el enemigo": "En una quebrada se encontraba escondida una mujer y al advertir presencia extraña el hombre punta [se refiere al paracaidista que iba de avanzada] hizo fuego, eliminándola a ella y a dos chocolates [niños]".

Ese trabajo de "eliminación", tal como figura en los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, emanaban del Estado Mayor guatemalteco. En uno de ellos, que aparece con el sello de "SECRETO" en su cabecera y pie, se reflejan los mandos que estaban al tanto de la 'operación Sofía': "Señor Jefe del Estado Mayor del Ejército, Comandante de las Fuerza Aérea Guatemalteca, Comandante de la Brigada Militar GMLB Quezaltenango, Comandante de la Zona Militar de GMS Huchuetenango…" y así hasta un total de 15 altos mandos del Ejército de Guatemala.

'La cadena de mando funcionaba'

La profesora y documentalista Kate Doyle, que desde 1992 trabaja en la desclasificación de documentos de Latinoamérica, ha reconocido a EL MUNDO que "los documentos de la 'operación Sofía' nos permiten concluir con certeza y claridad que la cadena de mando funcionaba en todo momento y que el Alto Mando, que en aquella época incluía al presidente, comandante general del Ejército y ministro de la Defensa Efraín Ríos Montt, y el viceministro de la Defensa Nacional, Óscar Humberto Mejías Victores, estaban perfectamente enterados de las operaciones de campo".

Hay que recordar que la instrucción contra el genocidio guatemalteco se sigue en la Audiencia Nacional a raíz de una querella que presentó en el año 1999 la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Esa querella sufrió varios parones judiciales hasta que en enero de 2008 el Tribunal Constitucional consideró que la Audiencia Nacional era competente para instruir ese caso. En el avance de esa instrucción judicial también han sido fundamentales los equipos de abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y del Center For Justice and Accountability (Centro de Justicia y Responsabilidad), a cuya cabeza están Manuel Ollé y Almudena Bernabéu.

Entre la documentación que recibirá hoy el juez Pedraz y que le servirá de base para nuevas investigaciones sobre el Estado Mayor de Guatemala figura la manera en que actuaban las diferentes patrullas de paracaidistas sobre el terreno. La cuarta patrulla siguió trabajando durante el 18 de julio de 1982 y llegó al siguiente resultado: "Se eliminó a un elemento vestido de civil y sin documentación que intentó huir al ver a la patrulla […] Fue capturado otro que decía llamarse Pedro Santiago, sin documentos y que fue eliminado al intentar fugarse".

Los jóvenes, según la documentación que se recoge en la 'operación Sofía', también eran objeto y objetivo de las fuerzas especiales: "Fue eliminado un elemento indocumentado de aproximadamente 17 años de edad, que huía de la patrulla en compañía de otros hombres que huyeron".

Los desarmados con los que se encontraba el Ejército guatemalteco también eran considerados enemigos y, automáticamente, anulados: "Fue eliminada una persona indocumentada del sexo masculino que salió de unas peñas con los brasos [sic] en alto al haberse lanzado una granada y al estar cerca del paracaidista quizo [sic] tomarle el fusil por el cañón". Cada uno de los informes de las patrullas de paracaidistas iban acompañados de una serie de códigos que indicaban el lugar y la hora en que se llevaron a cabo las "eliminaciones".

La tarea del juez

En enero de 2008 el magistrado Pedraz, después solicitar en varias ocasiones a la Justicia de Guatemala colaboración y no obtener ningún resultado, decidió pedir ayuda a los medios de comunicación para seguir investigando y se dirigió a la prensa de Guatemala, México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos en los siguientes términos: "El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España, a la vista de de la negativa de las autoridades guatemaltecas a colaborar en la investigación, solicita a todas aquellas personas que sean víctimas, perjudicados, testigos, o cualquiera otras que puedan suministrar información relevante sobre el genocidio y demás delitos cometidos contra el pueblo maya en Guatemala, la pongan en conocimiento de este Juzgado a través de los canales oportunos y adecuados para ello…".

Pedraz, que incluso se desplazó a Guatemala con la intención de interrogar a algún imputado, también denunció que "la voluntad del estado guatemalteco de no investigar los delitos referidos y llevar a los tribunales a los responsables, dando una clara cobertura de impunidad […] colocándose, por tanto, en la órbita de los países que violan sus obligaciones internacionales y desprecian la defensa de los derechos humanos".

El magistrado, hoy, ya tiene documentación autentificada y verificada para seguir sus investigaciones en el genocidio de Guatemala y llegar a los autores intelectuales de aquel plan de "eliminación". Ayer, además, declaró como testigo en esa instrucción el antropólogo y forense guatemalteco Fredy Peccerelli, que se encargó de la exhumación de cientos de cadáveres.