Por La Oscurana de la Luz

Como se informó en diciembre en el sitio web del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), la población de las comunidades y municipios del departamento de San Marcos, fronterizo con México, cansados de tanto abuso como altos cobros y cobros ilegales, por parte de la empresa encargada de distribuir el servicio eléctrico en esta área -Distribuidora de Energía de Occidente (Deocsa) propiedad de la trasnacional en su mayoría española Unión FENOSA-, quien tiene el monopolio de distribución de este servicio en Guatemala, se negaron a seguir pagándole a la empresa. El FRENA, espacio reivindicativo que apoyó la organización de esta forma de legítima resistencia, es señalado por la empresa y la prensa de derecha de terrorista. Por otro lado, fue asesinado Víctor Gálvez, líder de esta organización, crimen orquestado contra el liderazgo popular. Sólo imagínese quien podría estar tras esta muerte.

No bastando con esto, la empresa, alegando falta de pago del servicio, lo suspendió  en cinco municipios de este departamento. Ante eso la población asediada tomó las calles. La respuesta de este gobierno lacayo de los intereses empresariales fue la represión y la restricción de las garantías constitucionales, eufemísticamente llamado “estado de prevención”, todo esto en diciembre y se renovó esta situación de violación a los derechos humanos a inicios de enero. En ese momento desde el PSOCA responsabilizamos al gobierno y la empresa de lo que pudiera suceder a la población de estos municipios, debido a este estado de inseguridad.

El 13 de enero de 2010 nuevamente se atentó contra un liderazgo popular del FRENA. Fue el caso Evelina Ramírez Reyes quien viajaba con una delegación procedente de la capital hacia San Marcos. Ellos habían estado dialogando con el gobierno demandas como: la suspensión del estado de prevención, la expulsión de Unión FENOSA del país y el pronto esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez.

En un operativo claramente militar al mejor estilo de los escuadrones de la muerte formados por la inteligencia del ejército, fue baleada de muerte a Evelina y heridos Leonel de León y Jorge Lorenzo. Con esto asistimos a otro crimen más en la supuesta paz burguesa que vivimos.

Denunciamos también que en días anteriores había sido secuestrada, torturada y violada la compañera María Vázquez, secretaria general adjunta del Sindicato de la Empresa Winner, quien recientemente había tomado posesión de su cargo. Su nombramiento se dio en una coyuntura de reclamaciones laborales contra la empresa Winner, relacionada con la falta de pago por bonificaciones, ausencia de guarderías para hijos de madres trabajadoras, reinstalación de trabajadores despedidos y negativa de la empresa a cancelar el día de trabajo cuando los trabajadores acuden al seguro social.

Para poner en aun más en evidencia la naturaleza del sistema y el servilismo del gobierno, el día 20 de enero el gobierno inauguró una base militar al mando del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) en el departamento costero de Escuintla, dicha base queda ubicada en el kilómetro 102 de la carretera a Puerto Quetzal.

Esta base tendrá la función, según Todd Robinson, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU “…de incrementar los patrullajes y tendrán mayor capacidad de acción y respuesta contra los hechos ilícitos que ocurran en el Pacífico” (Prensa Libre 21-01-10). Se busca un accionar conjunto de las fuerzas antinarcóticos, de la policía, el ejército y la DEA para realizar tareas de inteligencia en contra del narco. Pero sin duda esto es una pantalla más de parte del gobierno gringo para reposicionarse en el continente. Es importante anotar que es parte de la estrategia de remilitarización del Plan Mérida.

Desde el PSOCA denunciamos la represión contra los líderes populares y exigimos al gobierno su inmediato esclarecimiento, así también aclaramos a la Cicig y a ciertas organizaciones de derechos humanos que la lucha contra la impunidad pasa por desmotar los cuerpos clandestinos al servicio de la oligarquía y las empresas imperialistas, idea que choca con el carácter de clase pequeño burgués de dichas organizaciones y los compromisos de Carlos Castresana, director de la Cicig, con el poder burgués.