Por Silvia Pavón

El pasado jueves 20 de Octubre el ministro de seguridad, Oscar Álvarez, entregó  al Congreso el anteproyecto de Ley Antiterrorista, por cierto apoyada por el presidente Porfirio Lobo Sosa, con la excusa de nuestro país sería sancionado por la ONU u otras organizaciones internacionales sino la aprobaban. Esta ley  tenía, entre otros, bajo el pretexto de combatir al narcotráfico, el objetivo de investigar y penalizar las transferencias de recursos que entran a este país centroamericano, incluidas remesas o cualquier otro movimiento financiero.

Secretividad y conspiración en las alturas

Ni en aquel momento ni este se dio ningún comunicado al pueblo para explicar el contenido de dicha Ley, mucho menos  cuáles son sus alcances. Es alarmante el alto nivel de hermetismo y secretividad en el que fue aprobada por el Congreso. Hasta el momento se sabe que contiene unos 80 artículos, y que su fin será “estrictamente” incrementar los controles en aduanas terrestres, aéreas y marítimas. El diputado democristiano, Augusto Cruz, mencionó  “…que  lo que se pretende es que venga financiamiento internacional para combatir el terrorismo.” Y que la medida se toma justamente debido a los decomisos de dólares que han ocurrido en los últimos meses, al decomiso de aeronaves y otras acciones que en nada se parecen a las protestas populares, como se pudiera interpretar. (La Prensa/18/11/10)

¿Cuál es la verdadera intención de la ley antiterrorismo?

Habría que recordar que el ministro Oscar Álvarez siempre ha estado rodeado de sucesos macabros. Recordemos la ola de masacres que sucedieron en el gobierno de maduro (2002-2006). Ahora, en su nueva gestión, el fantasma de las masacres vuelve a perseguirlo, como antesala  del proyecto oscuro. El mismo Álvarez menciona que “fondos para grupos subversivos entran como remesas o a través de Ong” y chantajeando que podrían existir sanciones drásticas para el país. De igual forma, la nueva Ley Antiterrorista obligará a las organizaciones no gubernamentales a reportar ante el Estado cualquier donación o apoyo superior a dos mil dólares, esto incluiría también concesiones de vehículos o equipos (Radio América 7/10/10)

Durante el sangriento régimen de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) se erigió la política de Seguridad Nacional, comandada por el ahora difunto general Gustavo Álvarez Martínez. Mediante esta política de “seguridad Nacional” se persiguió a los militantes revolucionarios y mandaron a desaparecer a un centenar de hombres y mujeres. En ese tiempo se intervinieron los teléfonos y se interceptaban la correspondencia, amparándose en la vieja Ley Fernanda creada en 1946 durante la dictadura cariísta, con el objetivo de perseguir a los sindicatos y  partidos de izquierda.

Perseguir al FNRP

Así lo confirma el ex fiscal del Ministerio Público,  Jari Dixon Herrera, que la aprobación de esta ley lleva dedicatoria especial contra el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), “primero porque en honduras no hay actos terroristas, segundo porque hay que recordar a que el actual Ministro de Seguridad Oscar Álvarez cuando tomo posesión dijo que había que desaparecer al Frente Nacional de Resistencia”(www.voselsoberano.com)

Esto ratifica que no se trata de darle respuesta a las incógnitas, como la fabulesca perdida de la avioneta o que rumbo le dan a los millones de dólares incautados producto del narcotráfico, quienes son los cabecillas de los secuestros de cientos de bandas que hay en el país,

Luchemos por su derogatoria

Casualmente en el marco de la aprobación de esta Ley Antiterrorista, el  ministro Oscar Álvarez  mencionó que los campesinos del Aguan, organizado en el MUCA, constituyen un peligroso grupo armado y que hay grupos subversivos en formación militar que están colaboración con ellos. Esto es un pretexto para justificar la Ley Antiterrorista y ponerla en pleno vigor. Es irónico ver como el Ejército y la Policía custodian las tierras de los grandes oligarcas, como la familia Facussé, y como para justificar su ataque disfrazan esta situación creando leyes para reprimir el ascenso campesino. Mañana será en contra de todo aquel que luche por sus derechos: maestros, estudiantes, obreros, etc, que se manifieste abiertamente en contra de este régimen continuador del golpe de Estado.

Es por esto que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechazamos la Ley Antiterrorista y llamamos a todas las centrales obreras y campesinas, al FNRP, a luchar por su inmediata derogación, porque atenta contra las conquistas democráticas y del derecho irrenunciable a la libertad .