Ahora intentaré interpretar dichas afirmaciones:

Primero: “A los maestros hay que educarlos”, como no da mayores explicaciones asumiré que se refiere entre otras cosas a que los docentes son: irrespetuosos, desobedientes, deshonestos, corruptos, malcriados, irresponsables. No conozco la historia de vida del Señor Miralda, pero si la del Congreso Nacional y debo aclararle distinguido diputado que este no se ha caracterizado por representar al pueblo, le pondré algunos ejemplos. Ese poder del Estado desde 1981 a la fecha ha realizado al menos lo siguiente: Elevar los impuestos, firmar acuerdos o tratados que lesionan la soberanía nacional, eximir de impuesto a las comidas rápidas y parques industriales, aprobar condonaciones a empresarios y políticos, financiar a los quiebra bancos, proteger a jueces y fiscales corruptos, aprobar tratados comerciales que lesionan la economía de los trabajadores. Todo lo anterior se puede comprobar y ha afectado al pueblo que Usted dice representar, entonces con qué moral “educará” a los docentes, acaso no será necesario que los maestros le den una lección de dignidad a dicha Cámara legislativa.

Segundo: El Estatuto es el arma de que se valen para estar en constantes huelgas que afectan la educación. En este aspecto su afirmación es cierta, pero si lo ignora, debe enterarse que el Estatuto es el instrumento legal que regula la relación entre los trabajadores de la educación y el patrono. Por tanto cuando una de las partes lo incumple entonces se produce un conflicto. La experiencia nos dice que el mayor incumplidor ha sido el Estado, por tanto el afectar a los estudiantes es una responsabilidad compartida.

Tercero: son irresponsables quienes aprobaron clausulas salariales impagables por tanto pedirá su revisión. Tiene toda la razón hubo irresponsabilidad en dicha aprobación, pero no por lo salarial. La razón fundamental era creer que bastaba aprobarlo sin medir las consecuencias en su cumplimiento. Además como bien sabe el Señor parlamentario el problema de nuestro país no es falta de recursos, es de injusta distribución de los mismos. No es cierto que somos el país más pobre, somos en el que hay mayor inequidad. Siempre que hay un conflicto en el sector educativo se afirma que el gobierno no tiene recursos para satisfacer esas demandas, pues le recuerdo que tampoco cierto, el problema es de eficiencia ya que el gobierno no puede evitar la defraudación fiscal por el orden de más de diez mil millones que comete la empresa privada, además de no contar con los más de cincuenta mil millones de lempiras que ha dejado de percibir el erario público por cuenta de la exención de impuestos de las comidas rápidas. Por conclusión de una lógica simple si hay recursos para invertirlos en educación. La solicitud de revisión de la clausula salarial en la cámara legislativa no la aconsejo, eso haría que la armonía en el sector se rompa definitivamente y por largo tiempo.

Cuarto: Para saber de que están hechos sus compañeros no necesita hacer dicha solicitud en el legislativo. Los trabajadores de la educación sabemos de qué están hechos. Le comparto algunos elementos que forman parte de la radiografía de los diputados: Son buenos defensores de las empresas transnacionales, sean mineras o explotadoras del bosque; se alían con los defraudadores del fisco; venden los bienes del Estado a precios irrisorios; trafican con influencias; hacen demagogia con los recursos del gobierno y sobre todo temen las consecuencias políticas de sus acciones sobre todo en tiempo de elecciones. Por no medir las consecuencias de su actuación la administración anterior perdió las elecciones, el largo conflicto con el sector magisterial fue una variable que produjo su derrota.

En el reciente conflicto salieron a flote acusaciones contra diputados que siendo demagogos aprueban creación de centros educativos sin tener el presupuesto respectivo y aún más son ellos quienes nombran a los docentes. Sin duda es valiosa la creación de centros educativos a nivel nacional, pero se debe seguir las instancias correspondientes, es la Secretaría de Educación y las autoridades regionales que deben ser las responsables de la creación de los centros y la asignación del presupuesto.

Sobre la posibilidad de reformar el Estatuto del Docente, creo que estamos en un buen tiempo de hacerlo. Pero no con la intención de abolir derechos, como lo proponen los diputados y el fiscal de derechos humanos sino de garantizar mejorar la calidad de la educación en los centros educativos públicos. A diez años de la vigencia se hace necesario iniciar la discusión sobre algunos aspectos. A la dirigencia le propongo iniciar con los siguientes: La carga académica y jornada laboral de los docentes, la selección e ingreso a la carrera docente, la formación docente, la relación número de alumnos por docentes y los incentivos por desempeño.