Por Carlos Alberto Funes

En la Asamblea del Departamento de Francisco Morazán realizada el día viernes 17 de junio la base del magisterio unánimemente se pronunció en contra de la firma de lo que propone el gobierno de Porfirio Lobo.

En el informe presentado por Jaime Rodríguez, presidente del COPEMH, se deja bien claro que las pretensiones del gobierno de Lobo son totalmente nefastas en contra de las conquistas sociales y económicas del magisterio. Entre las medidas más preocupantes están, en lo que respecta al INPREMA; elevar la edad de jubilación, calcular el salario promedio de jubilación en base a los últimos 60 meses de sueldo (actualmente es en base a los últimos 36 salarios recibidos), elevar la cotización de un 7 % a un 10 % de parte del docente, otras. En lo que respecta al régimen salarial proponen la negociación de los aumentos cada año basados en los índices de inflación estipulados por el Banco Central de Honduras.

A esto hay que agregar la deplorable noticia de que todos los docentes que laboran en dos instituciones, a partir de julio solo recibirán el pago de la calificación académica por una sola institución (esto significa una reducción del salario de aproximadamente 3,200 lempiras, equivalentes a 168.4 $), siendo esta una medida totalmente ilegal que estaría cometiendo el gobierno continuador del golpe de Estado.

Otro punto que Pepe Lobo quiere imponer es que el magisterio renuncie al derecho a la huelga, en este aspecto los 6 presidentes de los colegios magisteriales dijeron rechazar totalmente.

Las consecuencias de no revertir el golpe de Estado

Si de algo estamos seguro es de que este gobierno, que aparenta ser de carácter democrático-reconciliador, están decididos a violentar las leyes cuanto sea necesario para eliminar las conquistas económicas y sociales de la clase trabajadora. Para ello cuentan con las instituciones que se confabularon para dar el golpe del 28-J como ser la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Policía, el Ejército, etc.

Ante la crisis social, política y económica agudizada profundamente por el golpe, el gobierno carece de soluciones al descontento popular, la falta de empleo, la inseguridad y el déficit fiscal, necesita estabilizarse y como no tiene soluciones utilizan la generación de violencia mediante las represiones de la Policía y el Ejército, no es casual que en este momento el Congreso Nacional aprobara un nuevo paquete fiscal –que será pagado por los pobres- para financiar 1,500 millones de lempiras que serán destinados a fortalecer a la Policía Nacional. La estructura golpista sigue intacta y muy enraizada en el engranaje institucional del Estado, por ello no les importa atacar y destruir el sector magisterial.

La base del magisterio debe unificarse e iniciar inmediatamente un proceso de lucha

Cualquier descontento de la base con la dirigencia por la falta de credibilidad de esta, debe ser dejado a un lado en este momento, el objetivo principal debe ser: El rescate del Estatuto. Cualquier desconfianza debe manifestarse en el mes de octubre en que 3 colegios magisteriales van a elecciones, ahí hay que terminar con las burocracias gremiales.

Por ahora, es imperativo que se hagan los balances de la lucha del magisterio y que ahí mismo salgan aportes para definir una estrategia de lucha que sume a las madres y padres de familia, a los alumnos, al FNRP, Centrales Obreras y otros. Solo la unidad de la base del magisterio podrá rescatar el Estatuto y obligará a la dirigencia a ponerse enfrente, los y las docentes deben comprender que si el gobierno termina imponiéndose tal y como lo ha hecho hasta ahora; pasarán décadas para que el magisterio se vuelva a levantar.

Es obligación de todos los sectores apoyar al magisterio y hacemos un llamado al FNRP con su coordinador recién llegado del exilio a que se pongan en frente del sector que hemos llamado “Columna Vertebral de la lucha en contra del Golpe de Estado y del FNRP”.

Se debe convocar a una reunión nacional de la vanguardia del gremio para el análisis de una nueva etapa de lucha, donde hay que prever que aún sigue en vigencia un Decreto de Emergencia en el ramo educativo y que está listo para suspender o despedir a los docentes que ellos quieran.