El Estatuto del Docente Hondureño por tanto:

1.- No fue un regalo-dádiva- del poder ejecutivo, en este caso de Reina,-presidente del momento- aún cuando haya sido una de sus promesas de campaña.

2.- Tampoco es un obsequio del presidente del Congreso Nacional

3.- Ni es la solución total a la problemática de la educación nacional.

4.- Y por último, no es la “gallina de los huevos de oro” de los docentes.

Es producto de la participación de miles de maestros y que ha sido consensuado con la Secretaría de Educación. Es un documento que innova totalmente el régimen salarial, tratando de implementar un mismo sueldo para todos los maestros, sin diferencia de niveles. La única diferencia será por calificación académica. Se incorporan nuevas figuras como: Vacaciones remuneradas, calificación académica y otros. El Estatuto del Docente es para el magisterio de tanta importancia, como lo es el Contrato colectivo para los obreros.

Pero no todo terminó con su aprobación la aplicación del Estatuto trajo consigo nuevos retos de lucha para el magisterio, que nadie crea que con su aprobación se terminaron los problemas del docente, pues este documento trae en si mismo el virus del neoliberalismo y como todos sabemos este modelo se caracteriza por atacar las conquistas de los trabajadores, ya lo hizo con las reformas al código de trabajo y también con la penalización de las manifestaciones públicas, tomas, huelgas, etc.

Creer que el Estatuto resolverá de una vez y para siempre nuestros problemas educativos es una utopía, lo que se conquista en una coyuntura, otro gobierno lo trata de quitar; en el sistema capitalista lo que se conquista en la calle, tarde o temprano hay que defenderlo en la calle. En este momento saltan voces planteando que hay que revisar el régimen económico.

Equivocadamente se cree que el destino de nuestra docencia esta ligado exclusivamente a un documento que nos garantice mejoras salariales, económicas y profesionales, y para consuelo de padres de familia se dice que: “Maestro bien pagado enseña bien”, lo cual es una verdad a medias. Ignoramos lo fundamental: Mientras no garanticemos la escuela pública, laica, gratuita y de calidad, fuente primaria y única de nuestras conquistas y nuestro estatus, nada estará garantizado por más estatutos que se emitan.

Mientras el magisterio nacional no entienda que el destino de su docencia está ligado al destino de la educación nacional y que debe comprometerse con ella, no sabrá cómo y por qué enseñar se hace cada día más difícil.

Por eso el docente debe saber que si no se compromete a cambiar la realidad social que vive el país, estará cavando su propia tumba, pues si no paramos la dinámica neoliberal que se ha impuesto en la educación nacional pronto el modelo de autogestión o privatización se terminará imponiendo, acabando con la escuela pública, fuente de nuestras conquistas.

¿Y cuál es esa realidad educativa que el docente debe transformar en beneficio de los estudiantes y padres de familia en su mayoría de escasos recursos económicos? Pues bien, para empezar hay que decir que el Estado es incapaz de satisfacer la demanda de servicios educativos. Cada año miles de jóvenes no pueden matricularse ante la falta de oportunidades, además el 42% de las escuelas primarias son unidocentes en detrimento de la calidad educativa. El nivel de escolaridad de la población es apenas de cuatro años; estudios científicos han demostrado que por debajo de los cuatro años no se adquiere capacidad letrada para lograr cambios positivos en el nivel de vida y que más bien es factible un regreso al analfabetismo por desuso

La calidad de la educación en si misma es un concepto abstracto y vacío, no es un problema que se resuelve en el aula de clase mediante la aplicación de métodos geniales de enseñanza. La calidad es ante todo un problema social y político; social porque tiene que ver con variables de: Salud, vivienda, alimentación, trabajo, salario, recreación, recursos económicos y otros relacionados con la administración del sistema educativo. Es político porque tiene que ver con la concepción que se tenga de la educación, es decir para qué y quién debe servir.

Un reto que toca enfrentar es que luego de su aprobación y para su aplicación práctica se redactó y aprobó el Reglamento faltando aún los manuales de: puestos y salarios, el de evaluación y el código de ética. No se ha logrado una alianza con los padres de familia y los estudiantes para defender la escuela pública-sólo se les busca cuando hay amenazas; los trabajadores de la educación se han convertido en estatuteros de oficio, defendiéndolo a ultranza sin relacionarlo con la Escuela pública gratuita de calidad.

El ESTATUTO Y LOS DIFERENTES GOBIERNOS

“...los maestros están fuera de la regla general. Estos

parece que trabajan sin esperanza de cambio. No

tienen bonanza, sino perpetua penuria... siempre

se resuelve asignarles sueldos escasos que al final,

para hacer más sangrienta la ironía, no se les pagan.”

Alfonso Guillen Zelaya

Así comentaba la situación que padecían los mentores junto a otros sectores de la población el escritor olanchano en el año de 1931. Esta defensa es oportuna ante el incumplimiento de los compromisos contraído por el estado

Los gremios de docentes y médico se han visto obligados a convocar a jornadas de resistencia, en la defensa de los contratos colectivos debido a la amenaza que pende sobre los derechos que han venido gozando y que en la última década les ha tocado defender. Las últimas dos administraciones: La liberal encabezada por Flores Facusse, con Pineda Ponce como jefe del Congreso Nacional no incluyeron en el presupuesto general de la República los fondos requeridos para el cumplimiento tanto del Estatuto del Docente como el del Médico Empleado. Por su parte la presidida por Maduro Joest, acompañado por Lobo Sosa-repite como candidato a la presidencia- decidieron acabar con los derechos de estos dos importantes sectores; al final no lograron su objetivo y dicha situación tuvo un costo político para su partido: perdieron las elecciones. Ambas administraciones siguieron los dictados de los Organismos Financieros Internacionales.

El gobierno nacionalista intentó derogar los Estatutos el editorial de un diario capitalino el día domingo 9 de diciembre del 2001 planteaba: “El presidente electo, Ricardo Maduro, ha expresado sus preocupaciones durante los primeros 100 días de su gobierno, cuando tenga que tomar algunas medidas para poder cumplir promesas de campaña política y en tal sentido, la cuestión de educación y la salud que son prioritarias, se piensan derogar o reformar los estatutos de médicos y docentes.” Lo anterior para dar cumplimiento a la carta de intenciones del Fondo Monetario Internacional firmada con el gobierno, como condición necesaria para la erogación de desembolsos que aseguren la puesta en práctica de la estrategia de combate a la pobreza. O sea que gobiernen los colorados o los azules los profesores quedamos igual de amolados.

Las afirmaciones de este vocero del gobierno nacionalista plateaba:

1.-Los estatutos profesionales generan una presión fiscal exagerada e insostenible para las finanzas públicas.

2.- Los compromisos asumidos en beneficio de dichos gremios representarán el próximo año un 10% del producto nacional bruto.

3.-Los estatutos conceden salarios especiales diferentes a los contemplados para los empleados públicos en la ley de servicio civil.

4.- Los horarios establecidos son diferentes a cualquier empleado estatal.

5.- Los estatutos han convertido a estos gremios en sectores privilegiados que están por encima de la población general.

Al analizar lo anterior encontramos que no soportan el rasero del método científico y las afirmaciones se quedan convertidas en medias verdades. Veamos cada una de ellas:

Primero: La presión fiscal que soportan las finanzas del gobierno no es generada exclusivamente por el cumplimiento de los compromisos contemplados en el estatuto de docente, sino por la incapacidad de la burocracia estatal que no obliga a los sectores empresariales a que paguen los impuestos fiscales, a su vez que hay sectores productores que están exonerados de cualquier arancel, ejemplo el régimen de importación temporal, que supuestamente fue creado para incentivar la inversión en el país y lo que ha creado es más ricos.

Segundo: el presupuesto dedicado a educación apenas llega al 3.8 por ciento del P.I.B. y sumado con el de salud no alcanza la cifra señalada. Lo deseable en el sector educativo es siquiera llegar al 6 por ciento que, ya países de la región como Costa Rica colindan con ese porcentaje.

Tercero: si bien es cierto que nos diferenciamos de los empleados que laboran bajo el régimen de servicio civil, ello tiene que ver con el tipo de labor que desempañamos y las diferencias salariales no son cuantiosas. Además lo anterior tiene que ver con la división social del trabajo.

Cuarto: la jornadas laborales establecidas en el estatuto del docente si bien son diferentes a cualquier empleado público, igualmente son una ilusión que hace pensar al docente que a mayor tiempo laborado gana más y lo cierto es que lo hace el trabajador de la educación es someterse a mayor tiempo de explotación, cuando debió contemplarse lo contrario: menor tiempo trabajado ganando más para rendir más.

Quinto: no es correcta la afirmación que los docentes son un sector poblacional privilegiado, si bien es cierto que están en una situación económica por encima de la línea de la pobreza, los salarios que devengan ni los hacen millonarios ni tampoco aseguran el futuro familiar. Los privilegiados en el país tienen nombre y apellido: los Facusse, Callejas, Reina, Rosental, Ferrari, el grupo “coyolito”, los banqueros y otros más.

Al entrar en vigencia se establecieron disposiciones transitorias en relación a los aumentos salariales que se distribuyeron en los siguientes cuatro años para evitar el gran impacto económico que tendría su aplicación de una sola vez. Hasta este momento no hubo ningún problema, el conflicto se inicia a finales de la administración del Ing. Flores Facusse, en el año 2001 ya que no incluye en el presupuesto del siguiente año la partida necesaria para la entrada en vigencia total del régimen salarial contemplado en dicho instrumento jurídico.

El cambio de gobierno deteriora la situación ya que la administración del Partido Nacional en manos del Lic. Ricardo Maduro Joest expresa claramente la intención de derogar dicho Estatuto. Siguiendo las exigencias de los Organismos Internacionales de Crédito, que supedita la ayuda económica del país al cumplimiento de esta recomendación. Lo anterior se expresa en la Carta de Intenciones que el gobierno firma con el Fondo Monetario Internacional. Los arreglos parciales que se dieron en la administración de Flores Facusse son fruto de sendas traiciones de parte de la dirigencia magisterial que firmo acuerdos a espaldas de las bases del magisterio. Los acuerdos se hicieron con las directivas de cuatro colegios magisteriales.

El Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH y el Colegio Profesional Unión Magisterio Hondureño, COPRUMH desconocieron estos acuerdos y siguieron luchando y exigiendo el fiel cumplimiento del Estatuto por dos vías: la legal estableciendo una demanda en los tribunales de la República y la más importante la política gremial, declarándose en franca rebeldía. En la tarea de derogar el Estatuto, el presidente Maduro Joest hizo entre otras las acciones siguientes: Pagó una costosa campaña publicitaria denigrando la labor de los trabajadores de la educación, hizo deducciones salariales por los días no trabajados en las vacaciones de Semana Santa, dejo de hacer las deducciones de la cuota sindical, acuso a dirigentes magisteriales ante los tribunales y amenazó con quitar la personería jurídica de los Colegios magisteriales en rebeldía y por último, el 18 de diciembre del 2003 aprobó la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central en el cual se establece que los aumentos salariales están sometidos a esta norma. Los frutos de las acciones en contra del magisterio las cosechó el día de las elecciones generales, su partido perdió la presidencia de la República.

El gobierno actual sostuvo desde el día de su instalación que cumpliría con los derechos económicos de los docentes. Las primeras discrepancias surgieron en relación a dos situaciones: el número de docentes y plazas del sistema educativo y el impacto económico del cumplimiento total. Una comisión bipartita investigó lo anterior y hubo un acuerdo sobre ambos tópicos. La dificultad esta en acordar cifras, por el primer ofrecimiento hecho por el Presidente Zelaya Rosales de un aumento a la hora clase de dos lempiras cuatro centavos y el rechazo de parte de los docentes, nos enteramos que no se habla el mismo lenguaje. La segunda oferta aparecida en los anuncios oficiales ofreció cantidades que superan, según datos oficiales, los aumentos tenidos en la última administración. Luego de 11 días de lucha y en donde se concentró el magisterio nacional en la capital del país se logró un acuerdo que contempló diferir en tres años el cumplimiento salarial del Estatuto, como compensación a este se aceptó un bono económico anual por un valor de 630 dólares pagando 157.5 cada tres meses. En relación a los acuerdos con las administraciones anteriores este es superior.

LOS RETOS DE LA DIRIGENCIA MAGISTERIAL

A finales del año pasado hubo cambio de directivas en cuatro de los seis Colegios Magisteriales. Cambian los nombres, pero siguen las mismas corrientes, frentes o movimientos políticos en el poder. La dirigencia entrante tiene que abordar algunas tareas pendientes en una coyuntura especial de aparente calma. Según documento suscrito en materia económica, entre la dirigencia y el gobierno hay un compromiso de pago acordado, que incluye los siguientes dos años, o sea que no hay en apariencia ninguna razón de conflicto-de no ser el incumplimiento por parte de la presente administración- que provoque la interrupción del proceso de enseñanza aprendizaje en los centros educativos públicos. Lo anterior se deduce porque hasta el momento el gobierno liberal cumplió con lo pactado para el año lectivo que culminó y al cierre de las actividades académicas las autoridades educativas reconocen: ’’ apenas se perdieron cinco días de clases”.

Considerando que en los últimos ocho años los trabajadores de la educación se dedicaron a lograr mejores ingresos salariales y que luego de sendas luchas-por el cumplimiento del aspecto salarial del Estatuto de Docente- se ha logrado alcanzar acuerdos. La entrante dirigencia tiene la posibilidad de volcar todos sus esfuerzos en mejorar el quehacer de sus agremiados, para bienestar de quien nos debemos: el Pueblo. Esta tarea se pueden dividir en las siguientes áreas: 1.- Reforma Educativa, 2.-Actualización docente y 3.- Formación política. El empeño con el cual hay que abordarlos, deberá ser igual o mayor al dedicado a la lucha económica.

Reforma educativa: Aún cuando la dirigencia siempre se ha negado a participar activamente en este tema,- en 1998 se presentó una propuesta al Foro Nacional de Convergencia (FONAC)- igual se ha ido llevando a cabo. El magisterio nunca explicó las razones por las que se oponía a dicha propuesta. La negativa no pasó de ser una consigna política, los argumentos además de políticos debieron ser ideológicos y académicos. En la práctica la reforma no ha parado veamos algunos ejemplos: en 1996 se crean los centros de educación básica, en donde ya no se habla de educación primaria sino de educación básica de nueve años; la creación de nuevas carreras de educación media; la obligatoriedad del grado cero; la redacción y dotación de textos a los primeros seis grados de educación básica; la puesta en vigencia de telebásica, la evaluación continua y otros mas. Y por supuesto quienes han participado en todos estos cambios son los docentes, por tanto la negativa-de los dirigentes- no ha sido más que una formalidad. En materia de reforma queda pendiente la puesta en vigencia del Currículo Nacional Básico documento que igualmente ha sido rechazado sin argumentos sólidos, también hay un anteproyecto de reforma a la Ley General de Educación que será aprobado en el Congreso Nacional, con o sin la venia del magisterio.

Actualización docente: Se hace necesario hacer entender que la profesionalización y la actualización es muy importante para mejorar la calidad de la educación, es decir, hay que llevarla al aula y se debe reflejar en los rendimientos: aprobación, reprobación, retención y deserción de sus alumnos. Con la aprobación y vigencia del Estatuto de Docente Hondureño-nos acercamos ya a los diez años de su vigencia- se argumentó que uno de sus resultados sería la mejora del sistema educativo; hasta el momento no se conocen estudios que digan si algo cambio desde ese momento. Los informes regionales sobre el estado de la educación que incluyen a nuestro país han hecho afirmaciones-parciales- en relación al desempeño de los docentes, pero su énfasis ha sido en contabilizar los días laborados y los faltados a los centros educativos, responsabilizando por eso a los profesores de los bajos rendimientos de sus educandos. Hay en ejecución un plan de formación inicial de docentes (FID) por parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en el que no se sabe si hubo participación del sector magisterial, ya que esta casa de estudios no siempre los ha representado. El fracaso del plan de reforma en la educación normal es el reflejo del no entender y no analizar las consecuencias que las posturas tienen para los estudiantes y el futuro de la educación nacional.

Formación política: Es una prioridad para elevar el nivel de conciencia de sus miembros que mejorará el desempeño tanto profesional y gremial. Es un vacío latente en los docentes, que se reflejo durante la lucha ya que los argumentos esgrimidos en defensa de sus posturas carecían de sustentación teórica, política, ideológica y académica. Fue notoria la falta de acercamiento con dos sectores que son aliados naturales del trabajo docente: estudiantes y padres de familia. La dirigencia nunca entendió que era fundamental para el logro de su propósito la alianza con el pueblo. Tampoco logro desarrollar un discurso que hiciera entender a sus afiliados que el goce de sus derechos depende de la defensa y mejora de la escuela pública.

Con un panorama diferente para los siguientes dos años, se espera que la dirigencia encamine todos sus esfuerzos a mejorar el desempeño de sus agremiados y apueste en todo momento por mejorar la calidad educativa del sector público. Si no lo hace, entonces que la base del magisterio se lo exija.

La falta de salarios: un conflicto permanente

Durante el presente año más de 3,000 docentes de educación media, que laboran desde el mes de febrero no han recibido su respectivo salario. Por esta razón la Dirigencia Magisterial convocó a un paro de labores. Antes de juzgar la acción de protesta hay que analizar las causas del problema. Hay acusaciones y contraacusaciones de parte de los actores. No se cumplió con lo pactado en un acuerdo por tanto se llamó a paralizar la educación media a nivel nacional, la primera acción fue convocada solamente por el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras COPEMH. Después de esta acción se evidenció la división de los dirigentes de los colegios magisteriales y hubo acusaciones y contraacusaciones entre ellos. No hay claridad en los objetivos que se persiguen y no logran ponerse de acuerdo entre las cúpulas.

Intentaré explicar el proceso de nombramiento de los docentes para descubrir donde está el atraso que cada año se repite. En relación al nombramiento el Estatuto señala: “”La Dirección Departamental de Educación o la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes, según sea el caso, efectuará el nombramiento conforme a la selección hecha por la Junta respectiva. Los casos de discrepancia serán resueltos por la Junta Nacional de Dirección Docente, cuyas resoluciones tendrán carácter definitivo y ante las cuales sólo cabrán los recursos de ley””

En el caso de los docentes los candidatos son propuestos por la junta departamental de selección la cual es presidida por el/la directora(a) departamental de educación. Las juntas están integradas de la siguiente manera: seis representantes propietarios con sus respectivos suplentes de la Dirección departamental y seis representantes propietarios con sus respectivos suplentes de las organizaciones magisteriales.

Luego de la decisión tomada por cada Junta, se inicia el nombramiento que en síntesis es el siguiente:

1.- Propuesta o acreditación de la junta de selección departamental.

2.- El docente se presenta al centro educativo con su acreditación.

3.-El Director del Centro Educativo da posesión del cargo.

4.-El Docente inicia sus labores.

5.-El Secretario(a) del Centro Educativo elabora y presenta las acciones de nombramiento del nuevo personal ante la Dirección Departamental, en una fecha que le es asignada por esta (debe llevar todas las acciones de nombramiento, si acaso le falta una, no puede presentar las que tiene sino hasta una nueva fecha asignada) Aún presentando todas las acciones, puede pasar como muchas veces sucede que en la dirección se pierdan los documentos y hay que reiniciar el proceso.

6. Elaboración de acuerdo en el que le asignan el número de estructura y lo remiten a la Gerencia de Recursos Humanos Docentes, si tiene errores como: asignación indebida de estructura o sea que esta ya pertenece a otro docente, nombre del candidato incompleto, falta número de identidad, etc. Entonces es devuelta la documentación para ser corregida y luego se incluye en la planilla del mes siguiente.

Desde el momento que se presentó el docente a impartir clases y el que se le incluya en la planilla respectiva pueden pasar: tres, cuatro y hasta ocho meses. En que momento se atrasan los nombramientos. Daré algunas causas:

a) El o la secretaria no presentó las acciones de nombramiento en la fecha que le asignaron,

b) La Secretaría de Finanzas no ha realizado la asignación presupuestaria por tanto la Dirección Departamental no puede realizar ningún nombramiento,

c) Fue asignada de forma incorrecta la estructura presupuestaria,

d) El acuerdo esta mal elaborado-nombre o apellidos incorrectos,

e) Los pleitos internos en las juntas de selección ya que no logran ponerse de acuerdo-irrespetando la ley- en el número de plazas que le corresponde a cada colegio magisterial y cuantas para el/la directora(a) Departamental, llegando al colmo de asignar una plaza a más de dos candidatos.

Propongo algunas ideas para solventar este problema:

Primero: integrar una comisión bipartita autoridades y magisterio para que revisen el procedimiento de nombramientos y propongan soluciones inmediatas.

Segundo: Desconcentrar y tecnificar la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes.

Tercero: Nombrar personal competente y suficiente en las Direcciones Departamentales.

Cuarto: Que las Juntas de Selección respeten el Estatuto del Docente Hondureño.

Seguro que los docentes tenemos amargas experiencias en relación a este tema y por ello podemos proponer sugerencias valiosas para terminar de una vez por todas con este conflicto y que no se vuelva a repetir para bienestar de la educación pública.

LOS ATAQUES CONTINUAN

Hay que derogar el Estatuto del docente es un titular de una noticia (El Heraldo 31de Julio) y el protagonista es el diputado liberal Arnulfo Miralda, quien entre otras afirmaciones plantea: 1.-A los maestros hay que educarlos 2.- El Estatuto es el arma de que se valen para estar en constante pelea mediante huelgas que afectan a la educación 3.-Políticos irresponsables aprobaron clausulas salariales impagables por ello propondrá ante el Congreso Nacional su revisión 4.-El propósito es saber de qué están hechos mis compañeros diputados y no le temo al costo político. Antes de analizar cada una de ellas, hay que apuntar que dichas declaraciones son desafortunadas y no abonan para mantener el funcionamiento normal del sistema educativo luego de finalizado el reciente conflicto en el sector. Lo que debe estar seguro el Señor parlamentario, es que mantendrá en alerta roja a la dirigencia magisterial y sin duda pronto tendrá la respuesta respectiva.

Ahora intentaré interpretar dichas afirmaciones: Primero: “A los maestros hay que educarlos”, como no da mayores explicaciones asumiré que se refiere entre otras cosas a que los docentes son: irrespetuosos, desobedientes, deshonestos, corruptos, malcriados, irresponsables. No conozco la historia de vida del Señor Miralda, pero si la del Congreso Nacional y debo aclararle distinguido diputado que este no se ha caracterizado por representar al pueblo, le pondré algunos ejemplos. Ese poder del Estado desde 1981 a la fecha ha realizado al menos lo siguiente: Elevar los impuestos, firmar acuerdos o tratados que lesionan la soberanía nacional, eximir de impuesto a las comidas rápidas y parques industriales, aprobar condonaciones a empresarios y políticos, financiar a los quiebra bancos, proteger a jueces y fiscales corruptos, aprobar tratados comerciales que lesionan la economía de los trabajadores. Todo lo anterior se puede comprobar y ha afectado al pueblo que Usted dice representar, entonces con qué moral “educará” a los docentes, acaso no será necesario que los maestros le den una lección de dignidad a dicha Cámara legislativa.

Segundo: El Estatuto es el arma de que se valen para estar en constantes huelgas que afectan la educación. En este aspecto su afirmación es cierta, pero si lo ignora, debe enterarse que el Estatuto es el instrumento legal que regula la relación entre los trabajadores de la educación y el patrono. Por tanto cuando una de las partes lo incumple entonces se produce un conflicto. La experiencia nos dice que el mayor incumplidor ha sido el Estado, por tanto el afectar a los estudiantes es una responsabilidad compartida.

Tercero: son irresponsables quienes aprobaron clausulas salariales impagables por tanto pedirá su revisión. Tiene toda la razón hubo irresponsabilidad en dicha aprobación, pero no por lo salarial. La razón fundamental era creer que bastaba aprobarlo sin medir las consecuencias en su cumplimiento. Además como bien sabe el Señor parlamentario el problema de nuestro país no es falta de recursos, es de injusta distribución de los mismos. No es cierto que somos el país más pobre, somos en el que hay mayor inequidad. Siempre que hay un conflicto en el sector educativo se afirma que el gobierno no tiene recursos para satisfacer esas demandas, pues le recuerdo que tampoco eso es cierto, el problema es de eficiencia ya que el gobierno no puede evitar la defraudación fiscal por el orden de más de diez mil millones que comete la empresa privada, además de no contar con los más de cincuenta mil millones de lempiras que ha dejado de percibir el erario público por cuenta de la exención de impuestos de las comidas rápidas. Por conclusión de una lógica simple si hay recursos para invertirlos en educación. La solicitud de revisión de la clausula salarial en la cámara legislativa no la aconsejo, eso haría que la armonía en el sector se rompa definitivamente y por largo tiempo.

Cuarto: Para saber de que están hechos sus compañeros no necesita hacer dicha solicitud en el legislativo. Los trabajadores de la educación sabemos de qué están hechos. Le comparto algunos elementos que forman parte de la radiografía de los diputados: Son buenos defensores de las empresas transnacionales, sean mineras o explotadoras del bosque; se alían con los defraudadores del fisco; venden los bienes del Estado a precios irrisorios; trafican con influencias; hacen demagogia con los recursos del gobierno y sobre todo temen las consecuencias políticas de sus acciones sobre todo en tiempo de elecciones. Por no medir las consecuencias de su actuación la administración anterior perdió las elecciones, el largo conflicto con el sector magisterial fue una variable que produjo su derrota.

En el reciente conflicto salieron a flote acusaciones contra diputados que siendo demagogos aprueban creación de centros educativos sin tener el presupuesto respectivo y aún más son ellos quienes nombran a los docentes. Sin duda es valiosa la creación de centros educativos a nivel nacional, pero se debe seguir las instancias correspondientes, es la Secretaría de Educación y las autoridades regionales que deben ser las responsables de la creación de los centros y la asignación del presupuesto.

Sobre la posibilidad de reformar el Estatuto del Docente, creo que estamos en un buen tiempo de hacerlo. Pero no con la intención de abolir derechos, como lo proponen los diputados y el fiscal de derechos humanos sino de garantizar mejorar la calidad de la educación en los centros educativos públicos. A diez años de la vigencia se hace necesario iniciar la discusión sobre algunos aspectos. A la dirigencia le propongo iniciar con los siguientes: La carga académica y jornada laboral de los docentes, la selección e ingreso a la carrera docente, la formación docente, la relación número de alumnos por docentes y los incentivos por desempeño.

UNA REFORMA DESDE EL MAGISTERIO

Considerando que los expertos en educación somos los docentes, entonces somos los llamados a hacer estas propuestas.

Carga académica y jornada laboral: actualmente un docente puede aspirar a tener hasta 72 horas clases o sea dos jornadas completas que las desempeña en dos centros educativos. La jornada plena en los colegios significa atender hasta 6 o 7 secciones en cada instituto que suman alrededor de 420 estudiantes en las asignaturas básicas, en el resto de materias la cantidad es mayor. De ahí que los docentes deben correr de un centro educativo a otro para cumplir con esta extenuante jornada. La aprobación del Estatuto de Docente extendió la jornada laboral con el supuesto de que los trabajadores de la educación ganaran más salario, cuando la lógica debió ser otra: ganar un salario digno sin la prolongación de la jornada. Propongo quitar la jornada plena a partir del año 2010, con esta medida contratas a más docentes y mejoras el rendimiento escolar.

La formación docente: El intento de cambiar la formación en las escuelas normales tenía como propósito elevar el nivel académico de los egresados para mejorar el aprendizaje de los niños en los primeros dos niveles de educación básica. El proyecto era y sigue siendo correcto, los argumentos de la oposición fueron débiles y faltos de solidez académica. En lo único que les doy la razón es que no debía estar sólo en manos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Pero si se quiere mejorar la calidad de la educación se debe retomar dicha reforma ya que en palabras de Michael Barber (julio 2008) La evidencia disponible sugiere que el principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la calidad de los docentes. Y sin duda la calidad de estos mejoraría si su formación se eleva. Este es un reto que debe analizar y asumir seriamente la actual dirigencia si es que acaso pretende pasar de la simple retórica por la defensa de la escuela pública.

La selección e ingreso a la carrera docente: Ya el Estatuto señala como debe realizarse, pero este procedimiento ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del sector. Las denuncias sobre asignación de plazas de forma fraudulenta han sido hechas en contra de los funcionarios de las direcciones departamentales y también contra los representantes de las organizaciones magisteriales en las juntas de selección. Es evidente que debe analizarse esta forma de reclutar el personal docente para mejorar y hacerlo más exigente. Sin duda que ello evitará que personal que no esta apto para desempeñar tan importante se ubique en el sector educativo.

Número de alumnos por docente: Es una variable a considerar si se quiere mejorar la atención de los niños y jóvenes para que estos mejoren su desempeño y se refleje en la mejora de los niveles de aprendizaje. La revisión en el primer y segundo nivel de educación básica es menos compleja que en el tercer nivel y en educación media, ya que esta relacionado con forma de asignar la carga académica a los docentes que es el primer aspecto abordado en esta propuesta.

Incentivos por desempeño: Por incentivo no me refiero exclusivamente a lo monetario y tampoco lo descarto. Es evidente que en la coyuntura política en que fue aprobado el Estatuto del Docente era correcta la máxima a trabajo igual salario igual y no se establecieron diferencias. A más de una década de su vigencia se hace necesario revisar los incentivos- sean monetarios o no- que deben establecerse de acuerdo a su desempeño laboral.

Estos son algunos de los aspectos con los que se puede iniciar una discusión sobre el Estatuto del Docente, sin duda que si se realiza un proceso de consulta con las bases se encontraran aportes valiosos a considerar. Entiendo el temor de la dirigencia cuando se habla de reformar este valioso documento porque los detractores del magisterio se refieren exclusivamente al aspecto salarial. A ellos hay que recordarles las siguientes palabras de Paulo Freire: “Los representantes del Estado hablan en la televisión o en discursos políticos y dicen que la educación para tal o cual gobierno es una prioridad. La prioridad que no se manifiesta económica y financieramente es una mentira.”

Como docentes hay que trascender la lucha por el salario para pasar a la propuesta en defensa de la escuela pública que es la que educa a los hijos del Pueblo. Es el momento de poner en práctica la consigna por la defensa de la escuela pública. Son propicias las palabras del educador Friere que dice:”…para mí, la pelea sindical, sin la cual es difícil ganar envuelve al lado de la demanda por un salario menos injusto, la demanda de condiciones más decentes de trabajo, y la demanda de capacitación permanente de las educadoras y los educadores.” Pongo a consideración de la base magisterial y de quienes encabezan los colegios magisteriales estas reflexiones para iniciar la discusión de un tema tan crucial para la educación nacional.