Por Sebastián Ernesto González

Los campesinos son uno de los sectores más golpeados en la época post golpe. Ya son decenas de dirigentes campesinos asesinados, secuestrados y torturados. Mediante el Decreto No 18-2008, el gobierno de Manuel Zelaya pretendió dar una salida moderada al conflicto agrario entre terratenientes-empresarios y campesinos. Sin embargo, al darse el Golpe de Estado del 28-J de 2009, la Corte Suprema declaró inconstitucional dicho Decreto y luego hizo lo mismo el Congreso Nacional. Desde entonces los grupos campesinos que más han sido golpeados con el asesinato selectivo de sus dirigentes han sido los miembros de las organizaciones del Bajo Aguán.

El régimen de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández han militarizado la zona del Bajo Aguán, según ellos con el propósito de controlar la zona. Lo único cierto desde entonces es que los asesinatos suman y siguen, tal y como ocurriera el 11 de abril, con Doninely  Lopez, dirigente campesino del asentamiento “La Confianza” en el Bajo Aguán.

Según el Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán, la continuidad de la campaña de violaciones de Derechos Humanos en esta región del norte de Honduras ha seguido permanentemente, y alertan sobre el reinicio de una campaña de asesinato y destrucción del Movimiento Campesino y el movimiento popular en el Bajo Aguán. Señalan que hay orden de captura en contra del dirigente campesino, vicepresidente del MUCA, Juan Chinchilla. [1]

La represión contra los campesinos se ha incrementado a raíz de que durante los últimos meses se ha dado una movilización de miles de familias campesinas con la pretensión de recuperar 12 mil hectáreas de tierra en 35 lugares de tomas a nivel nacional. Las comunidades indígenas y negras que se han movilizado hasta Tegucigalpa a reclamar sus reivindicaciones como la lucha por la tierra, defensa de los ríos, bosques y contra la presencia de hidroeléctricas y mineras.

La situación es tan conflictiva que el mismo Miguel Facussé denunció recientemente que la situación en el Bajo Aguán es “horrorosa”, pues ahora hasta los mismos campesinos se están matando por las tierras. [2]

 

 

Demagogia del régimen y largas al conflicto agrario

La Ley de Reforma Agraria, que impulsó en 1972, el gobierno de facto de Oswaldo López Arellano fue derogada en 1990 por la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, durante el gobierno de Callejas (1990-1994). La Ley de Modernización Agrícola facultó a los campesinos para que pudieran vender sus tierras, los campesinos ante la falta de apoyo técnico y de financiamiento tarde o temprano se vieron obligados a vender sus tierras. Fue así como empresarios como Miguel Facussé, René Morales y otros se hicieron dueños de enormes cantidades de tierras en todo el país.

Actualmente se encuentra en el Congreso Nacional una reforma al artículo 51 de la Ley de Modernización Agrícola, donde según la Fenagh (Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras)  el gobierno abriría las puertas a las expropiaciones y confiscaciones de la propiedad privada.

Mientras por el otro lado, el presidente de la Fenach (Federación Nacional de Campesinos de Honduras) Benedicto Cárcamo manifestó que “…tal como está ese dictamen no resuelve el problema de acceso a la tierra, porque no hay una figura jurídica para resolver el problema de tierra, más bien lo agudiza…” [3]

Según el dirigente campesino, Rafael Alegría “…la solución a los problemas agrarios debe resolverse de manera integral, a través de una ley de transformación no reformando solo ciertos artículos de la ley agraria”.

Manifestó que entregarán un documento que incluye una opción de cómo debe reformarse el artículo 51, al mismo tiempo señaló que “aunque nosotros somos del criterio de que deberíamos resolver el problema agrario en el país para siempre con una ley de transformación agraria integral y no solamente uno o dos artículos”. [4]

Campesinos deben de movilizarse a nivel nacional para recuperar la tierra

Ante la falta de consenso entre campesinos y terratenientes el Congreso Nacional suspendió la discusión de la reforma al artículo 51 y 70, el proyecto y dictamen conocidos plantean la expropiación de tierras, de tal forma que la facultad para considerar los predios ociosos o no, se la dejaban al director del Instituto Nacional Agrario (INA) [5].

Como era de esperarse, los terratenientes siempre se opondrán aunque sea a una reforma, nunca cederán sus ambiciones. En todo este conflicto por la tierra, tampoco los campesinos han podido superar sus diferencias. Es así como las tres confederaciones campesinas presentaron una propuesta mientras Vía Campesina (Rafael Alegría) presentó otra, el Congreso Nacional tiene otra y la Fenagh tiene otras versiones.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a todas las organizaciones campesinas a unificarse en una Coordinadora, para luchar por una reforma agraria integral que les permita cultivar la tierra libremente y que cesen los asesinatos selectivos en contra de dirigentes campesinos, una reforma agraria debe contemplar el financiamiento a los campesinos y la ayuda técnica para cultivar la tierra.

 

 

[1] Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos en el Aguán, 08/05/2012.

[2]http://www.tiempo.hn/index.php/portada/10356-cesar-ham-gobierno-pagara-por-tierras-del-aguan-en-tres-semanas

[3] La Tribuna, 07 de mayo de 2012.

[4] http://proceso.hn/2012/05/08/Term%C3%B3metro/Transformaci.C.B/51655.html

[5] La Tribuna, 09 de mayo de 2012.