Por Maximiliano Fuentes

El acceso a la salud es un derecho que los Estados  nacionales están en la obligación de dar cobertura por mandato constitucional, de igual manera, el goce de la salud es un derecho fundamental que todo ser humano debe de gozar sin distinción de raza, posición social, ideología política o condición económica.

Al menos así esta establecido en los distintos tratados internacionales y por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la realidad es otra, ya que en el actual sistema sanitario la gran mayoría de la población no goza de un cubrimiento eficaz del servicio de la salud. El Estado es incapaz de garantizar el cubrimiento de ese servicio, son múltiples las razones, pero sin duda alguna, la aplicación de una política neoliberal se constituye en una de las principales causas.

¿Salud o seguridad?: morir da igual

Esta política reduccionista ha tenido consecuencias desastrosas para el desarrollo humano y social de la región, en ese sentido a nivel de Centroamérica la inversión de los Estados en salud representa un promedio de un 2.1% del PIB en los últimos años, teniendo un costo promedio por persona de 113 dólares, donde los seguros sociales cubren a menos del 20% de la población.

No obstante, como política alterna de los Estados nacionales se ha registrado un incremento en los presupuestos de seguridad en la región centroamericana. En esa dirección, “los gobiernos de la región destinaron durante 2011, en promedio, casi un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para alimentar los presupuestos de seguridad, defensa y justicia. De manera paralela, las empresas de la región registran en promedio un 18% de sus ingresos para proteger a las personas y sus bienes.

Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua, José Adán Aguerri, el gasto de la región en materia de seguridad, que en 2006 ya era de 7,000 millones de dólares, es equivalente al PIB de su país, Nicaragua.”[1]

El estado calamitoso de la salud en Honduras

Cerca del 70% de los centroamericanos carece de seguro social y las personas son las que deben costear sus necesidades en salud, volviéndose algo catastrófico cuando el servicio de salud es de un costo elevado y representa una alta proporción de los ingresos familiares.

Como prueba de lo anterior, Honduras tan solo cuenta  con “…8.7 médicos por cada 10 mil habitantes, lo que lo coloca en el último lugar entre los países centroamericanos con disponibilidad de recurso humano en salud, de los cuales la gran mayoría están concentrados en las zonas urbanas.

Según el censo de establecimientos en 74 municipios, adonde viven poco más de medio millón de personas, no hay médicos de la Secretaría de Salud. Las enfermeras apenas cubren un 3.2 por 10 mil habitantes, obteniendo el penúltimo lugar en Centroamérica.”[2]

Esta situación se agrava con las condiciones que presentan los principales centros asistenciales del país, quienes en su mayoría ni siquiera cumplen con los requerimientos para su operatividad, dado que no cuentan con las certificaciones correspondientes y por ello la Secretaria de Salud no les a asignado la licencia sanitaria. Llama poderosamente la atención, que ni siquiera el hospital Escuela, por cierto el de mayor demanda en el país cuenta con dicha certificación. En ese sentido, el Presidente del Colegio Medico de Honduras ha manifestado que “…el hospital Escuela “puede que nunca tenga una licencia sanitaria porque no cumple con estos requisitos, tiene una demanda mayor a su capacidad”.[3]

Frente estas condiciones, el déficit en atención de salud se extiende a nivel nacional, donde los servicios se prestan con muchas carencias.

Miles de hondureños acuden a diario a los centros hospitalarios públicos en busca de atención médica, pero deben de retornar a sus casas con las recetas en las manos porque los hospitales carecen de medicamentos y con citas muy largas.  “Más de 2,100 pacientes es decir un promedio de 766,500 casos atendidos anualmente, acuden al saturado y vetusto edificio del Hospital Escuela, que lleva el peso de 38 años encima y algunas pocas remodelaciones e infraestructura.

Pese a las enormes dificultades con las que tropieza en diferentes administraciones estatales, el Hospital Escuela dispone de un abastecimiento de medicamentos del 80%, según lo expresó recientemente el titular de la Secretaría de Salud, Arturo Bendaña, refiriéndose especialmente a los del cuadro básico. Del discurso al hecho las cosas parecen distar como del cielo a las estrellas.

Huelga por mejores condiciones salariales y de trabajo

Las incomodidades para cualquiera son múltiples desde su arribo: hacinamiento en los pasillos de emergencia; trato despectivo de gran parte del personal tanto de seguridad como de enfermeras, médicos y practicantes quienes de tanto convivir con la dura realidad sanitaria han dejado de lado la sensibilidad frente al vía crucis de los miles de pacientes. El escaso número de salas de espera y camas (1,200); lavamanos insuficientes; ventilación inadecuada; baños en condiciones deficientes, insalubres y inadecuados hasta para cuando los pacientes requieren de un “chapuzón” que en cualquier caso deberá ser de agua fría; equipo básico para análisis y ultrasonidos en mal estado o en “proceso de reparación”; espacios insuficientes para la privacidad de la consulta; proliferación de insectos y ratas por conductos de tuberías semi reparadas e inclusive conviviendo con los mismos pacientes en pleno mediodía..”[4]

Pero por si esto fuera poco, la inequidad sanitaria no solo se da por las condiciones que presentan los centros hospitalarios o por la falta de contratación  de personal, sino también, por los distintos conflictos laborales por el incumplimiento de acuerdos estipulados en ley.  En lo que va del año se han presentado varias luchas de los empleados de salud, en un primer momento los médicos practicantes que exigían un aumento al beca sueldo otorgado por la Secretaria de Salud, y de forma reciente las enfermeras auxiliares, que desde hace algunas semanas se encuentra en paro de labores por reclamos salariales.

Repudiamos la militarización

La política del actual gobierno se ha caracterizado por resolver los conflictos sociales a través del uso de la fuerza. Esta vez, ha militarizado los centros hospitalarios y contratado personal temporal para atender las vacantes dejadas por las enfermeras que se encuentran en pie de lucha. Esta actitud amedrentadora violenta los derechos de los trabajadores y los establecidos por tratados internaciones. Este tipo de acciones nos muestra la cara de la burguesía y oligarquía concentrada en el actual gobierno, por cierto, violatoria de derechos  fundamentales y libertades.

Aunque han reducido sus pretensiones salariales, el gobierno ha militarizado los centros hospitalarios y amenaza con declarar de ilegal la acción de las enfermeras auxiliares. “Las enfermeras auxiliares iniciaron asambleas informativas debido al incumplimiento del gobierno, en un acuerdo firmado que incluye el pago de colaterales, que abarca quinquenios y otros beneficios”.

Por su parte, el ministro de Salud, Arturo Bendaña, aseguró que la propuesta del gobierno se circunscribe a cubrir todas las demandas menos los colaterales. “La propuesta es el pago de las cesantías que ellas reclaman, el descongelamiento de las 145 plazas y demás, pero con los colaterales, según Finanzas, el gobierno no tiene la capacidad de pagarlos”, declaró Bendaña. En la demanda de las uniformadas, estos colaterales incluyen el bono de zapato y telas, el pago de quinquenios, incremento salarial por zonaje para las enfermeras que laboran en Islas de la Bahía, La Mosquitia y zonas fronterizas.”[5]

Una lucha sin acompañantes

Llama la atención que la lucha de las enfermeras auxiliares se ha realizado sin el acompañamiento de los demás trabajadores de la salud, razón por la cual las luchas no culminan en triunfos y fácilmente el gobierno hace retroceder las pretensiones originales de los movimientos sociales. Para hacer retroceder los planes de miseria y de hambre del actual gobierno se requiere la más amplia unidad entre los trabajadores de la salud, es decir, no solamente deben ser las enfermeras, sino también los técnicos, los médicos practicantes y personal horario que le adeuden salario que se sumen a la lucha. 

Es por ello, que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado al FNRP a acompañar el proceso de lucha de las enfermeras auxiliares, de igual forma desde el movimiento obrero se debe de repudiar la militarización de los hospitales.

 

[1] El heraldo.hn “CA sube gasto en seguridad, pero merma en educación” (Disponible en: ww.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/CA-sube-gasto-en-seguridad-pero-merma-en-educacion) (Con acceso el 10/07/12)

[2] Laprensa.hn Honduras con los peores servicios de salud en C. A. (Disponible en: http://archivo.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2008/10/06/Noticias/Honduras-con-los-peores-servicios-de-salud-en-CA) (Con acceso el 10/07/12)

[3] El Heraldo.hn “Hospitales no cumplen índices de operatividad. (Disponible en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Hospitales-no-cumplen-estandares-de-operatividad) Con acceso el 10/07/12)

[4] Proceso Digital. “Hospitales públicos: talón de Aquiles en derechos humanos de hondureños” (Disponible en: http://www.proceso.hn/2011/04/05/Reportajes/Hospitales.P.C/35896.html) (Con acceso el 10/07/12)

[5] El Heraldo.hn “Enfermeras reducen pretensiones salariales, pero mantienen paro en centros hospitalarios” (Disponible en: http://elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Enfermeras-reducen-pretensiones-salariales-pero-mantienen-paro-en-centros-hospitalarios) (Con acceso el 10/07/12)