Por Gerson de la Rosa

En las últimas semanas hemos presenciado una diversidad de paros de labores de distintos sectores de los empleados públicos. En un primer momento, las enfermeras de los distintos centros asistenciales del país, sumándose a los reclamos por aumentos salariales de los médicos generales de los hospitales. 

Efervescencia de luchas de los empleados públicos

De igual manera, los docentes de educación primaria y secundaria, organizados en los distintos colegios profesionales del país se movilizaron contra el gobierno de Porfirio Lobo, y para sumarse a este amplio contingente de los trabajadores del Estado, tenemos la acción emprendida por los fiscales del Ministerio Público.

Las acciones emprendidas, aunque realizadas de forma independiente por cada uno de los sectores fue originada por causas comunes: impagos de sueldos y falta de aumentos de salarios, incumplimiento de cláusulas laborales, sobre todo las que indican los aumentos en función del costo de vida.  Lo anterior no es nada casual. Bajo la administración del gobierno de Porfirio Lobo se han asestado duro golpes contra la clase trabajadora, concretamente contra los empleados públicos. Parte de las medidas de ajuste del actual gobierno han sido el congelamiento de los salarios, desindexación salarial y reducción del gasto público a partir del recorte presupuestario a algunas secretarías e instituciones del Estado.

En el caso concreto de los maestros, el mismo “…presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, (Copemh), Óscar Recarte, informó que los maestros del sector público realizan paros en todo el país para exigir al gobierno el pago de los salarios atrasados. El dirigente magisterial dijo que el paro, incluida una marcha en Tegucigalpa y otras ciudades del país, es una decisión de las 18 asambleas departamentales de educación”. Añadió que el gobierno “no le ha cumplido a la mayoría de los maestros” con el pago del salario mensual correspondiente a julio.” (La Tribuna, 24/07/2012)

En la misma dirección, los empleados administrativos y los fiscales de las respectivas fiscalías del Ministerio Público continúan su tercer día consecutivo en paro de labores. A pesar de haber recibido un ofrecimiento económico por parte del Fiscal general, Luis Alberto Rubí, tal ofrecimiento no reunía las expectativas de los empleados administrativos y fiscales. En ese sentido, para el día viernes 27 de julio las instalaciones del Ministerio Público en la ciudad de Tegucigalpa continuaban tomadas.

El paro de las enfermeras

El maratónico paro de las enfermeras auxiliares de los distintos centros asistenciales mantuvo paralizados los hospitales y centros de salud, con su justa y necesaria demanda. “Durante este paro las enfermeras lograron que la Secretaría de Salud otorgara 100 plazas de las 250 que pedían las uniformadas, asimismo 72 nuevas cesantías puestas a disposición para nombramientos.
De igual manera, la habilitación de 145 nuevas plazas que estaban congeladas por cambios de turno y por falta de presupuesto.
Entre los logros pactados se destaca la suspensión de despidos a unas cinco enfermeras y en las próximas horas se le estará informando al Servicio Civil sobre la nueva determinación.” (Radiohrn, 27/07/2012)

Sin embargo, pese a las conquistas obtenidas, la deducción salarial producto de los días no trabajados se aplicará, tal y como lo indicaron las autoridades de la Secretaría de Salud. Evidentemente, lo anterior en una medida coercitiva por parte del Estado y de las autoridades gubernamentales, quienes días antes habían declarado ilegales las acciones emprendidas por las enfermeras auxiliares.

Por una política unitaria

A pesar de las distintas acciones emprendidas a lo largo de la semana por diferentes sectores de los empleados públicos, y que tienen el mismo denominador, es decir el reclamo justo de un aumento salarial, para ser honestos hay que decirlo: las mismas se desarrollaron de forma aislada y desarticulada.

Si el gobierno aplica una misma política contra los trabajadores, lo correcto es unificar acciones contra esa política demoledora que arrebata las grandes conquistas obtenidas. Por tanto, se hace necesario retomar esa experiencia, unificando en primer lugar las luchas de los trabadores estatales y llamando a un paro cívico nacional exigiendo un aumento general de salarios.