Por: Claudia Morales

En Honduras ser pueblo es un delito. Todas las facultades humanas pasan a ser parte de las faltas imperdonables que cometemos en honor a los derechos supremos del ser humano. Para los gobernantes de esta cruenta nación; analizar, defender, reclamar, protestar en las calles o frente a instituciones creadas para velar por el cumplimiento de las leyes –pero todas- se convierte en el defecto más grande e imperdonable de los descalzos, harapientos, muertos de hambre, vagabundos, terroristas, analfabetas…

Y al parecer, así debe ser, pues el pueblo debe estar sometido a las riendas de las autoridades civiles y militares, a los caprichos de la oligarquía y, solamente bajar la cabeza. De lo contrario, pensar, opinar, expresarse en cualquier forma, es un pecado capital pues va en contra del buen cristiano y, como todos sabemos, el hondureño es un pueblo de paz.

Irónicamente, no solamente los “dueños del país” opinan así. Cada vez que un sector de la población protesta, está solo, no hay acompañamiento de ninguna otra persona que no sea parte del grupo sublevado; las luchas estudiantiles, de campesinos, de docentes, etc., son cada vez más aisladas, máxime ahora que la fuerza popular se está enfocando únicamente a la participación de LIBRE en las próximas elecciones.

En las asambleas convocadas en 2011 por el FNRP se avizoraba su fragmentación en las facciones electoral y refundacional. Desde ese momento el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) advirtió el peligro de desviar la fuerza de las masas hacia la práctica electorera dejando de lado la participación constante y unificada de los sectores organizados y no organizados pertenecientes a lo que fue el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) –ahora, inevitablemente absorbido por LIBRE- que inescrupulosamente tomó el mando de la beligerancia popular y, cuyos máximos representantes son “antiguos” liberales y un sector de la izquierda que poco a poco va siendo desplazado. Cosa que ha contribuido al desvanecimiento del movimiento popular.

Ante los últimos sucesos muchos deseamos ver el resurgimiento del FNRP desde su brazo popular con su presencia en las diferentes acciones de protesta. Esta petición ha sido expresada incluso por los más fervientes defensores del brazo político electoral del Frente porque ahora se ve claramente la necesidad de que todo el pueblo hondureño debe unirse a la lucha de cada sector para así evitar la propagación del castigo divino contra nuestra dignidad humana.

Unidos hemos de exigir el encarcelamiento de los delincuentes mayores, aquellos a quienes se les conoce delito pero que la justicia no logra alcanzar: Tito Guillén y compinches, Callejas y asociados, Facussé, Morales, Juan Orlando Hernández y diputados, por mencionar algunos de los más recientes y siempre abusadores del poder económico y político que el votante alienado ha elegido bajo efectos de la ceguera partidaria.

Consignas populares

Teniendo claro que la lucha debe ser unificada, hemos de empaparnos del conocimiento preciso sobre las exigencias de cada sector en protesta y reconocer antes de que sean efectivos los planes de miseria del gobierno contra el pueblo; el ataque continuo y voraz contra el magisterio con el robo descarado del INPREMA debe alertar a los demás gremios ante el peligro de la privatización de servicios y abolición de sus derechos y prebendas, ante la aprobación de la Ley Fundamental de Educación la población los padres y madres de familia junto a los estudiantes han de sumarse a la lucha de los docentes previendo las consecuencias funestas que acarrea tal legislación  convirtiendo al ciudadano en obrero capacitado para el sometimiento al patrón. Por lo tanto la lucha del  estudiantado nacional debe alargar su brazada exigiendo además del pago de su bono, el respeto a sus derechos de educación integral, superación personal e independencia económica y no simple obediencia patronal.

La lucha de los campesinos y campesinas del Aguán, en representación de las y los trabajadores  hondureños del campo exige: la restitución de las tierras a quienes las trabajan, la derogación de la nueva Ley Agrícola derogatoria de la Ley de Reforma Agraria y la destitución de magistrados y jueces acoplados a los terratenientes, por cohecho y abuso de autoridad. Lucha que debe extenderse a nivel nacional, porque la situación es la misma a lo largo y ancho del país.

No podemos olvidar que meses anteriores el gobierno también atacó al magisterio queriendo debilitar a los diferentes colegios magisteriales con la suspensión de las aportaciones docentes a cada organización. Esto solo fue el comienzo de los ataques que van dirigidos a todas las organizaciones sindicales: el Instituto Hondureño para la Niñez y la Familia (IHNFA) se convirtió en la más reciente víctima de esta saña, pues la tarde del 21 de agosto la Defensora de los Derechos Humanos Sandra Ponce anunció su desaparición por razones de “alto costo en su financiamiento,  poca cobertura a nivel nacional, proyectos no ejecutados y atención a solo 7000 niños (as) a nivel nacional, por lo cual se crea la “Defensoría Nacional de la Niñez” y defensorías regionales dirigidas por personal con perfil técnico especializado” añadiendo además que “a los trabajadores se les garantizará en lo posible, el pago de sus prestaciones”. (Declaraciones en conferencia de prensa)

Además de la Ley de empleo temporal y la situación de los empleados del IHNFA, se suma también la congelación de plazas a maestros por sustitución de los jubilados o crecimiento vegetativo con lo cual se viola nuevamente el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes por la fuerte presión financiera (El Heraldo, 21/08/12) ante la evasión fiscal y las políticas de ahorro que desgraciadamente solo abarcan a las mayorías.

Ante todo este nublado panorama, es imperativo redefinir la lucha social como un solo frente combativo y beligerante cuya dirección sea en función al beneficio de las mayorías.

Unifiquemos la lucha. Hasta la victoria.