Por Gerson de la Rosa

Lo ocurrido el 28 de junio de 2009 no solo rompió de forma violenta el Estado de derecho, sino también fracturó la endeble institucionalidad democrática. Fue tan grande la ruptura experimentada que el hecho logró dividir a un más a una sociedad fragmentada por las enormes desigualdades imperantes.

Por un lado, se nuclearon los hondureños que pedían la restitución del gobernante defenestrado, y por otro los defensores del nuevo régimen y de la constitución quebrantada.  La división social y política generada tras la ruptura del orden democrático trajo consecuencias funestas para el Estado y la sociedad en su conjunto: decrecimiento económico, polaridad social, desconfianza en la institucionalidad y las instituciones políticas, situación que aún prevalece a nivel de las percepciones.

¿Golpe de Estado técnico?

Ante el caos generado, los administradores del Estado no aprendieron las lecciones obtenidas, y a pesar del cambio a nivel de las mentalidades de una sociedad que aspira a una nueva práctica política, los funcionarios públicos continúan ultrajando la institucionalidad y desmembrando el Estado. Lo realizado por el Congreso Nacional de la República en confabulación con el poder ejecutivo es prueba de esta fallida práctica política. Lo que para muchos es un golpe técnico, sobre todo porque un poder del Estado irrumpe y se impone sobre otro, es una hábil medida para desbaratar la oposición del poder judicial y desde esa perspectiva fortalecer el control de Juan Orlando Hernández.  La medida de destituir a un grupo de magistrados persigue la intención de dejar a un lado la oposición del partido liberal y de esa manera introducir los proyectos de ley sin incurrir en la posibilidad de que sean declarados inconstitucionales, tal y como ocurrió con el proyecto de Ley de las ciudades modelos y de la depuración de la policía.

La destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le permite al régimen de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández retomar proyectos que fueron desechados por la oposición liberal dentro de la Corte; precisamente durante la semana se reinició la discusión sobre las ciudades chárter o modelo, así mismo se aprobó por mayoría el proyecto de exoneraciones fiscales.

La Bonapartización del régimen

El control casi absoluto de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo sobre la institucionalidad del Estado es un hecho que no se puede negar. La crisis del Estado y las medidas introducidas para echar a andar el modelo económico impulsado, han determinado la necesidad de eliminar a la oposición e incluso a sectores y corrientes de su propio partido. Esto ocurrió con la corriente del alcalde capitalino Ricardo Álvarez, quien, a pesar de  los múltiples intentos de la oficialidad de establecer una negociación interna, se resiste a aceptar la derrota cuestionando el fraude electoral montado por el candidato oficialista del Partido Nacional de Honduras.

La concentración del poder en manos de Juan Orlando y de los sectores que éste representa conlleva un peligro para las conquistas sociales de los trabajadores, dado que ante la enorme crisis por la que atraviesa el Estado, existe una política de reajuste fiscal aplicada a los trabajadores públicos. Por ejemplo, nuevamente el magisterio no recibirá el apreciado aumento salarial durante el presente año.

¿Una Constituyente negociada?

Así mismo, esta concentración del poder y confabulación entre los poderes del Estado ha permitido que Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández hablen de una Constituyente a partir de la instalación de una cuarta, quinta y sexta urna en los próximos comicios electorales. Lo curioso de este proceso es que la constituyente que se aspira a instalar no es la deseada por el valiente pueblo de Honduras, por la que luchó durante los últimos meses de 2009.

A diferencia del proceso iniciado por Manuel Zelaya durante el 2009, Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo se amparan en la reforma del artículo 5, donde se introducen las figuras del plebiscito y el referéndum. Al parecer existe una amplia alianza entre varios sectores del gobierno y los máximos dirigentes de Libre en este asunto, situación que pone en evidencia el silencio y las acciones desmovilizadoras de la dirección de Libre y del FNRP. 

Solo la unidad y la movilización pueden detener los planes y las políticas de ajuste fiscal que atentan contra las grandes conquista de los trabajadores, por ello es necesario rehabilitar el Frente Nacional de Resistencia y lograr su independencia del zelayismo, para hacer frente a la embestida política y económica del régimen de Lobo-Hernández.