Por Gerson de la Rosa

El gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa ha aplicado una serie de medidas de corte neoliberal para reducir el excesivo gasto público. El incremento del salario mínimo ni siquiera logra equilibrar la pérdida de la capacidad adquisitiva por el fenómeno inflacionario. No olvidemos que el mismo fue pactado por el gobierno y los dirigentes de las centrales obreras en enero del año anterior.

No obstante, el mismo gobierno a través de un mandato ejecutivo ha orientado a las distintas empresas e instituciones del Estado a no realizar ningún incremento salarial por el costo de vida, por lo que los trabajadores gubernamentales no recibirán ningún incremento durante el 2013, a pesar de que sus ingresos reales se han reducido por el elevado costo de la vida.

El déficit fiscal y sus consecuencias dentro de la economía burguesa

El déficit fiscal es la diferencia entre el gasto y los ingresos, en otras palabras es el saldo negativo del Estado al  aumentar sus gastos frente a sus reducidos ingresos. El déficit fiscal es bastante grande pese a la aplicación de medidas económicas durante los dos primeros años de gobierno, a pesar de una serie de  paquetazos del gobierno, de la creación de nuevas tasas e impuestos y del congelamiento de salarios.

El déficit se ha disparado de forma desproporcionada hasta el punto de no hacer efectivo el pago de servicios contratados y salarios para miles de trabajadores del aparato estatal.

En los meses de gestión administrativa de Porfirio Lobo Sosa el endeudamiento del Estado con la banca privada ha crecido de forma desproporcionada, hasta el punto de casi igualar a la deuda externa. Esto demuestra el mal manejo de las finanzas estatales, pese que es un Estado que gobierna en función de las corporaciones, es decir, su política de Estado no es la de favorecer los intereses de las grandes mayorías, al contrario, ha profundizado la miseria y reducido la calidad de vida de miles hondureños.

Persecución política contra los gremios y sindicatos

Desafortunadamente el gobierno de Porfirio Lobo y sus representantes ha impuesto sin oposición alguna sus políticas económicas. Es lamentable que durante el año las centrales obreras ni siquiera se han manifestado en contra de las medidas que atentan contra los derechos de organización y movilización de los trabajadores. Hemos experimentado grandes retrocesos; las autoridades aplican y censuran hasta la libertad de crítica, como ha ocurrido de forma reciente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El ministro de educación Marlon Escoto ha emprendido una brutal cacería contra el gremio magisterial, afectando la estabilidad laboral y las grandes conquistas del magisterio nacional. Por otro lado, el Decreto Legislativo de Emergencia Fiscal y Financiera es prueba de la arremetida económica del actual gobierno, dicha Ley fue aprobada en el año de 2010 y tipifica congelar  “….los aumentos salariales en la administración pública, incluyendo los derivados de Estatutos y Contratos Colectivos”. “Las instituciones del sector público no pueden afectar fondos provenientes de cualquier clase de préstamo o donación, con el fin de efectuar complementos o aumentos salariales u otorgar sobresueldos a los servidores públicos”, indica otra disposición.

Asimismo, “los aportes tanto patronales como laborales de los servidores públicos deben ser enterados íntegramente a tales institutos en el mes que corresponda, quedando terminantemente prohibido destinarlos para otros fines.” (La Tribuna, 18 de enero 2013).

Pese a esta emergencia fiscal, los aumentos selectivos son una realidad para los funcionarios y la burocracia privilegiada. Sin embargo, los trabajadores no pueden gozar de un aumento digno que les permita sufragar los altos costos de vida debido a los índices de inflación.

Frente a las fuertes medidas económicas impuestas por el debilitado gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa se hace necesaria la más amplia unidad del magisterio y de las organizaciones sindicales, barriales y patronales para frenar la arremetida económica política. Además de ello, se debe impulsar un plan de lucha por la defensa de la educación pública, por una escala móvil de salarios e impulsar comités de autodefensa comunitarios en los barrios y colonias de Tegucigalpa a manera de proteger y salvaguardar los bienes y la vida de los trabajadores.

Este plan de lucha puede ser emprendido desde el magisterio, por cierto, el sector más golpeado en la actual administración, este pequeño Plan puede ser el inicio de una agenda más amplia del movimiento obrero y sindical.