Por Justo Severo Izquierdo

Con el ánimo de controlar los tres poderes del Estado y lograr el poder absoluto, el presidente Juan Orlando Hernández junto con las cúpulas del Partido Nacional y los sectores empresariales que financian las actividades políticas en el país, maniobran para interponerse en el Poder Judicial y con ello intervenir en el proceso de selección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La elección de esta nueva CSJ viene en un momento de gran tensión y crisis en el país. Los mayores escándalos de corrupción cometidos en los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y el presente gobierno de Juan Orlando Hernández, tienen al pueblo hondureño muy enardecido, quien reclama castigo contra todos aquellos funcionarios que dilapidaron el Seguro Social. El pueblo, a través del movimiento de los indignados o marcha de las antorchas, sale todas las semanas a las calles a demostrar su descontento en cada una de las ciudades, exigiendo “fuera JOH” y la instauración de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), ya que el sistema judicial del país es incapaz de enjuiciar a cada uno de los involucrados en los casos de corrupción, debido al manto de impunidad con el cual está cubierto todo el aparato judicial.

Injerencia política: obstáculo para combatir la impunidad

En Honduras los grupos políticos son los que se encargan de decidir y repartirse las cuotas de dominio sobre las instituciones del Estado. En el caso de la CSJ, los criterios político-partidarios son los que prevalecen en la elección de estos magistrados. Esta injerencia le ha hecho mucho daño a la CSJ, a tal punto de perder su independencia e institucionalidad. Durante años, este poder del Estado ha mantenido una enorme deficiencia en el sistema de aplicación de justicia; ésta ha sido corrupta, extremadamente débil, desorganizada y con mucha falta de capacidad. Esto ha beneficiado a la clase política y a algunos gobernantes, ya que asegurarse la Corte Suprema de Justicia, es asegurarse la impunidad.

En el caso del presidente Hernández, éste pretende dominar completamente una corte sumisa, que esté totalmente a su servicio, tal como lo está la actual, y así proteger a todos sus allegados, correligionarios, familiares y amigos que están implicados hasta el tuétano en actos de corrupción. La actual Corte Suprema ha tenido un papel indecoroso y servil con el gobierno de JOH; ésta no ha enjuiciado a figuras políticas del mismo partido de gobierno. La CSJ que se elegirá en enero del 2016 pretende cumplir con el mismo patrón que la actual.

La junta nominadora es manejada por JOH al infiltrar organizaciones pro-gobierno

La lucha de JOH para que todas las piezas de su engranaje funcionen a la perfección no tiene escrúpulos. Esta vez gobierno y Confraternidad Evangélica se han unido para imponer el representante de la sociedad civil, ante el asombro de las organizaciones que pertenecen a la Coalición Contra la Impunidad, quienes denunciaron el pasado jueves 27 de agosto en conferencia de prensa, que la Confraternidad Evangélica en conjunto con el actual gobierno pretendían manipular la asamblea del día siguiente que sería la elección, lo cual resultó ser cierto.

Al igual que la confraternidad evangélica, otras instituciones se han alineado a los intereses del gobierno de Juan Orlando Hernández. La junta quedó integrada así: por la Corte Suprema de Justicia Ricardo Rodríguez y Octavio Sánchez Midence; por el Colegio de Abogados, José Luis valladares y Rafael canales; por el CONADEH, Roberto Herrera Cáceres y Linda Rivera; por el COHEP, Santiago Ruiz y Emin Barjum; por el Claustro de Profesores, Jorge Herrera y Carlos Izaguirre; por la Sociedad Civil Jorge Machado y Adolfo Pineda, Adolfo Ponce y Benjamín Vásquez.

En este momento, la clase política ligada al gobierno de JOH, que tienen intereses en salvarse las espaldas, temen que vaya gente que no sea manejable dentro de la elección de los 15 magistrados, por eso acuden a métodos o maniobras amañadas para ganar la Corte Suprema.

Volver a nuestros orígenes

Debemos revisar nuestro pasado. Muchas de las Constituciones de Honduras contemplaban la elección popular de jueces y magistrados. El artículo 58 de la Constitución de 1839 contemplaba lo siguiente: “La Corte Superior de Justicia se compondrá de siete magistrados nombrándose un propietario y un suplente en cada departamento directamente por los pueblos, y la misma Corte nombrará a su Presidente y Fiscal. El número de siete Magistrados no podrá disminuirse cualquiera que sea la división que se haga del territorio del Estado”.

La elección era directa, “por los pueblos”, debemos volver a nuestro origen revolucionario