Por Maximiliano Fuentes

Con la Ley Marco del Sistema de Protección Social, aprobada de manera reciente por el Congreso Nacional, se privatizan los servicios financieros del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), que hasta hace poco funcionaba como una institución financiera de segundo piso, de interés social y sin fines de lucro, que tenía como finalidad otorgar el financiamiento requerido para solucionar el problema habitacional en Honduras.

El RAP fue creado bajo decreto N° 167/91 en el marco de la ley del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI), en el año de 1991 bajo la administración del gobernante nacionalista Rafael Leonardo Callejas. Cabe señalar que durante ese periodo se empezó a aplicar el modelo neoliberal en Honduras, como parte de una política global por parte de los países imperialistas que se aprovechaban del retroceso experimentado con la caída del muro de Berlín y la apertura al capitalismo en la Ex Unión Soviética y los países de Europa del este.

En ese sentido, Rafael Leonardo Callejas, hoy aspirante presidencial, eliminó el Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), organismo gubernamental autónomo y principal ejecutor de proyectos de vivienda urbana de bajo costo, creado en el año de 1956. Parte de los proyectos construidos por esta institución son la populosa colonia Kennedy, 21 de octubre y la colonia Villa Olímpica en la ciudad de Tegucigalpa.

El RAP se separó de FOSOVI mediante el Decreto Ejecutivo N°53-93 (noviembre de 1993), el cual dispuso que su manejo se haría mediante administración directa.

La finalidad de la Ley

La política de ofensiva contra las instituciones de los trabajadores, es decir, de aquellos entes financieros y de pensiones cuya capitalización proviene de las aportaciones directas de los trabajadores del sistema público -como INPREUNAH, INPREMAH, INJUPENP y RAP entre otras-, se orienta a derrumbar su solidez financiera para sacarlas del mercado, y que las instituciones financieras de capital privado oferten bajo la lógica de ganancia y acumulación de los servicios que hasta su momento eran ofertados por aquellas instituciones.

De acuerdo a los directivos del Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), la privatización de los servicios de previsión social le representaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el manejo de al menos 900 millones de dólares, según cifras preliminares. Las AFP pretenden obtener el 3 por ciento del total de fondos que sean destinados a la previsión social en el país solo por el manejo administrativo de los mismos.

Según estimaciones de especialistas, Honduras estaría destinando una cifra promedio de 30,000 millones de dólares para sus obligaciones de seguridad y previsión social, lo que le representaría a las AFP la posibilidad de manejar 900 millones de dólares solo por la administración del total de la inversión.

Se estima una cifra de 30,000 millones de dólares, de salarios; la Cámara de Aseguradoras Hondureñas quiere obtener un 3% de esos 30,000 millones de dólares lo que equivaldría a 900 millones de dólares para gastos administrativos, cosa que ningún sistema de seguridad está manejando ahora. Lo anterior evidencia el enorme negocio que representa el manejo de los recursos provenientes de los trabajadores, lo cual no implica ningún tipo de inversión por parte de las aseguradoras, dado que no es capital propio sino de los empleados públicos.

Al margen de la aprobación de nuevas normativas que favorecen a las instituciones financieras de capital privado para hacer uso de los fondos de pensiones, jubilaciones y aportaciones para vivienda los trabajadores, se ha dado inicio a una fuerte campaña de difamación y deslegitimación de las instituciones de previsión. Se ha sobredimensionado su déficit financiero, que por cierto, es responsabilidad directa del Estado, dado que en muchos casos las patronales adeudan sumas estrepitosas por concepto de cotizaciones de los trabajadores, que por cierto, ya han sido deducidas de los respectivos salarios, y sin embargo no han sido trasladadas a los fondos administrados por las instituciones.

¿Qué hacer?

Desafortunadamente, los representantes de los trabajadores al interior de estas instituciones, como Daniel Duron, no buscan soluciones que realmente protejan la seguridad financiera de los trabajadores, sino más bien en el marco del sistema capitalista, donde se imponen los monopolios y las corporaciones protegidas por el Estado burgués.

Para frenar esta ofensiva económica cuya finalidad es aumentar las jugosas ganancias de los grupos financieros del país y vinculados al gobierno, se requiere de la más amplia unidad y de la movilización continua y permanente de los trabajadores para derrocar al gobierno de Juan Orlando Hernández y edificar un nuevo país bajo un nuevo modelo de sociedad.