Se agudiza la crisis Económica

Los efectos de la crisis económica se empiezan a sentir en la ya débil y dependiente economía del país. La reducción de los porcentajes de remesas enviadas por los compatriotas ilegales residentes en Estados Unidos, según datos del BID, cayeron en un 13% durante el mes de enero. En muchos países de Latinoamérica este rubro representa hasta un 20% de PIB. Las remesas recibidas en Honduras el año pasado contabilizaron 2,701 millones de dólares, o sea que las familias de los migrantes recibieron 7.4 millones de dólares diarios. A esto hay que sumar el aumento de las deportaciones, según el Centro de Atención al Migrante Retornado hasta el 14 del presente mes sumaban 5,186 las personas deportadas. De ahí que el principal rubro de exportación –los mojados- bajaran considerablemente el envío de remesas durante el presente año.

También se prevé la baja de la inversión extranjera, el ingreso del turismo y la demanda de las exportaciones. Según información del Ministerio de Trabajo en el primer bimestre del 2009, 29 empresas suspendieron de manera temporal a 2,328 empleados, de estos el 67% laboraban en maquilas ubicadas en la zona norte y en la capital del país; a lo anterior hay que sumar que “La maquila hondureña ha reducido durante el primer bimestre del año, entre un 20 y un 25 por ciento el monto de sus exportaciones a Estados Unidos”. (Julio Martínez Director de Salarios de la Secretaria del Trabajo).

Esta situación se da ante la baja de la demanda de la deteriorada economía estadounidense. La situación se empeora con los despidos debido a la aprobación del salario mínimo, vigente desde el mes de enero y decretado por el gobierno; los empresarios argumentando incapacidad para cumplir este decreto han realizado dos acciones: primero un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado ante la Corte Suprema de Justicia y la segunda despedir a miles de trabajadores. Hasta el momento ya suman 12,000 según José Luis Baquedano dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH). El gobierno no ha sido capaz de obligar a la empresa privada a cumplir con esta ley, apenas han realizado visitas a las empresas amenazando con imponer multas ante el incumplimiento, pero no ha pasado de las simples amenazas.

Incapacidad del gobierno

Ante esta situación diversos sectores se han pronunciado para que el gobierno diseñe un plan de emergencia para enfrentar la crisis. El Presidente nombró en esta tarea al Comisionado Vicepresidente- figura legal que existe-, Arístides Mejía, quien anuncio algunas medidas entre las que están: disponer de 12,000 millones de lempiras para impulsar la producción y reactivar la economía. Sin duda que estos recursos quedaran en manos de los poderosos empresarios sin favorecer a los más necesitados. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) propuso la formación de una Comisión de Dialogo Nacional para que elabore y administre un plan anti crisis con una duración de 24 meses (El Heraldo 20-03-09). Proponen la creación de un fondo anti crisis que iría acompañado de un mecanismo ágil de ejecución con la participación de la sociedad civil y la empresa privada; además otras medidas como: la flexibilidad en la contratación laboral, medidas que impulsen el consumo local para ello piden que los programas sociales les compren bienes y servicios a los empresarios.

Roces con el FMI

En medio de esta situación causó revuelo las declaraciones de Presidente Zelaya en ocasión de la visita de una misión del FMI, cuando aseguro que no es necesaria la firma de un acuerdo con este organismo, y ante las críticas de varios sectores por su declaración asevero: “No aceptamos imposiciones, no aceptamos modelos, no han podido corregir los problemas del mundo y ahora nos quieren imponer recetas (…) Si el Fondo nos ofrece algo específico o que nosotros estemos interesados no quepa la menor duda que vamos a ir a negociar y que vamos a lograr acuerdo; ahora, si no nos ofrece absolutamente nada no tenemos por qué estar en un debate”. (El Heraldo 05-03-09)

Esta declaración desnudó al partido Unificación Democrática (UD) y si no veamos lo que opinó su diputado Marvin Ponce: “en este momento no es conveniente que el presidente Zelaya rechace un acuerdo con ese organismo (…) Nos parece que el Presidente no puede estar tan envalentonado en el sentido de decir que no ocupa un acuerdo con el Fondo, nuestra pequeña economía no da como para hacer lo que hizo Argentina que rechazó al FMI para que no estuviera ‘chingándolo’ o no estuviera monitoreándolo” (El Heraldo 02-03-09)

La batalla por la “cuarta urna”

El presente año estará marcado por la actividad política, ya que en el mes de noviembre hay elecciones para presidente, diputados y alcaldes. El poder ejecutivo tiene campaña para instalar una cuarta urna el día de las elecciones para realizar un plebiscito de consulta para que el pueblo se pronuncie sobre si está de acuerdo o no con reformar la Constitución. Todos los sectores: partidos políticos, empresa privada, sociedad civil; se han manifestado en contra de tal medida argumentando que la pretensión es reelegirse y que no haya elecciones.

Mel Zelaya declaró “la cuarta urna no tiene que ver específicamente con una reforma de la Constitución, sino que es una pregunta sana que se le hace a la población, “es un si o no, es un proyecto que se tiene que discutir, se enviará al Congreso al Tribunal de Elecciones”. Mel insistió que su plan es que el pueblo pueda expresar si es necesario convocar a una Asamblea Constituyente para revisar y reformar la Constitución, sin que esto implique interrumpir el proceso. (El Heraldo 05-03-09)

Violencia Social y Lucha de masas

La inseguridad y violencia marcan la vida cotidiana de la población. Cada día los asaltos, asesinatos y secuestros llenan los espacios noticiosos sin que la actual administración tome medidas concretas para cambiar esta situación. Según informe del 2008 del Comisionado de los Derechos Humanos se registraron 13,170 homicidios entre el 2005 y el 2008, agrega que la tasa creció a 57.9% por 100,000 habitantes en el 2008, lo que significa que una persona murió asesinada cada dos horas. El mismo ente critica que el gobierno pretendió atacar y cambiar esta situación violenta incrementando el número de policías, lo que resulto ser un error ya que en el pasado año se contaba con catorce mil policías y los casos de muertes violentas aumentaron. Esa oficina estatal destaca que la misma policía preventiva es la institución más denunciada por la población por casos de abusos.

Las organizaciones populares son el furgón de cola del presidente Zelaya, que se ha ganado la simpatía de éstas con la adhesión a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y para rematar el “comandante vaquero” se llevó la cerca al reunirse con el comandante Fidel Castro, lo que sin duda estrechara aun más los lazos entre el movimiento popular y el presidente liberal. Los sectores populares organizados apenas han realizado dos movilizaciones: una ante las oficinas de la Empresa Privada y la otra ante la nueva Corte Suprema de Justicia, exigiendo se respete el decreto del aumento del salario mínimo. Hay que agregar que en estas dos marchas, era evidente la participación de los trabajadores del sector público que ese día recibieron asueto a partir del medio día por parte del Presidente Mel Zelaya.

Cualquier plan anti crisis debe considerar las necesidades vitales de la población y asegurar la generación de empleo; en este momento de crisis, quienes tienen más –los empresarios- deben aportar más. Debemos exigir al gobierno que los empresarios cumplan con el salario mínimo vigente y castigar el despido masivo de trabajadores. Por su parte los sectores organizados deben tomar distancia del régimen presidido por Mel Zelaya y enfilar sus exigencias para exigir el cese de los despidos. La convocatoria de una Asamblea Constituyente bajo el actual sistema político y con la actual y antidemocrática Ley Electoral, solo favorece a los partidos tradicionales y no tiene beneficio para el pueblo.