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Por Emiliano Rodríguez

Durante las últimas semanas, el clima político de Honduras se ha caracterizado por el enfrentamiento entre los distintos grupos de poder dentro del aparato del Estado, y entre los sectores antagónicos al gobierno que encabeza el Presidente Manuel Zelaya Rosales, en torno al tema de la cuarta urna, las reformas constitucionales y la reelección presidencial.

Pugnas interburguesas al rojo vivo

Lo anterior se manifiesta en las acusaciones vertidas a través de los medios de comunicación locales  por Roberto Michelleti Bain, Presidente del Congreso Nacional, sobre todo cuando responsabilizó al Poder Ejecutivo de haber realizado una serie de amenazas contra su vida y la de su familia, así como la de contratar a dos sicarios traídos de otros países para intimidarlo.

Micheletti declaro muy asustado que “Me han andado persiguiendo, no hoy, hace más de un mes, gente que ni siquiera es del país, gente que está aquí nombrada y traída de otros países, para que haga este tipo de acción, de intimidación ante la gente y ante el pueblo hondureño.” Al mismo tiempo de denunciar las pretensiones de Mel Zelaya de continuar en el poder “enardecidamente” arremetió llamándolo “trastornado que se quiere quedar con el poder” del país…”. (El Heraldo 21/05/09)

Hace algunos días, Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la República, denunció ante los medios de  comunicación “el despilfarro de millones de lempiras en promocionar la encuesta en junio y, consecuentemente, (aseveraba que) la cuarta urna (sería) investigada por los entes controladores y fiscalizadores del Estado.” (La Prensa 14/05/09) De igual manera, el Ministerio Publico, interpuso la solicitud, ante en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para investigar los gastos incurridos en la promoción de lo que se conoce como cuarta urna.

Este tipo de manifestaciones son el resultado de las contradicciones internas del Partido Liberal, dado que el sector que representa el actual candidato presidencial Elvin Santos, y el actual Presidente del Congreso Nacional, se han manifestado en contra de la consulta popular conocida como cuarta urna. Dicha medida, ha revuelto las ansias de poder de distintos sectores de la burguesía hondureña, ya que todos desean controlar el gobierno para favorecer a sus empresas y seguir extrayendo grandes cantidades de dinero del presupuesto del Estado. En ese sentido, estas fracciones del Partido Liberal no permitirán que el gran negocio se les vaya de la mano, y por ello han iniciado las acciones necesarias para detener el proceso.

Oposición del PINU y las Iglesias

La polarización política en torno a la cuarta urna arrastra también a los partidos minoritarios. El  Partido de Innovación y Unidad (PINU) ha condenado la manipulación política que desde Mel Zelaya realiza para entorpecer la institucionalidad democrática, crear una crisis social e impulsar la continuidad del actual gobierno. En un pronunciamiento del 27 de marzo, el PINU declaró  “que no existen las condiciones de madurez política para garantizar un proceso de reformas constitucionales sobre la forma de gobierno por lo que los ciudadanos serian victimas de elites políticas que durante más de 25 años no han hecho más que hundir al país en el atraso, la miseria, la corrupción, y la alta inseguridad...”

De igual manera, líderes de las iglesias evangélicas y Católica le pidieron al Presidente Zelaya que se comprometa a que habrá elecciones el próximo 29 de noviembre y que entregara el poder el 27 de enero de 2010. Así mismo le pedirán al Presidente que firme públicamente un documento en el que se comprometa a cumplir con su mandato constitucional y que no entorpecerá las próximas elecciones.

En una reciente declaración, la Iglesia católica dejo sentada su posición oficial: “(…) Existe una campaña orquestada para reformar la Constitución de 1982 acusándola de ser la responsable de la situación de pobreza en que se debate la mayoría de la población. Pero no se especifica cuáles son los cambios puntuales que se quiere introducir (…) es preciso que exista meridiana claridad en los objetivos y propuestas para que el pueblo soberano decida con una conciencia ilustrada y no por intensas manipulaciones de campañas publicitarias (…) Por encima de los principios éticos consagrados en la Constitución de 1982, ninguno de los gobiernos que hemos tenido ha realizado esfuerzos serios y decididos por el combate a la corrupción. Lo cual en definitiva ha significado en enorme drenaje de fondos sustraídos al Estado para atender las necesidades de los más pobres" (La Prensa 17/05/09),

Como podemos observar, las instituciones del Estado y las distintas agrupaciones políticas y religiosas que difieren de la línea política del gobierno han tomado partido y se han manifestado en contra de la consulta popular en aras de mantener el statu quo que impera en la sociedad hondureña desde que fue aprobada la Constitución de 1982.

Las verdaderas intenciones

Es evidente que las intenciones de Mel Zelaya tienen un claro objetivo: realizar un remedo de consulta popular para realizar modificaciones a los artículos pétreos de la Constitución de 1982, y de esa manera permitir su reelección indefinida. Es importante manifestar, que las pretensiones de Manuel Zelaya de continuar en el poder no solo se manifiestan en este hecho, sino también en una serie de medidas destinadas a ampliar su base social electoral: el aumento al salario mínimo, la construcción del aeropuerto internacional en la base militar de Palmerola, la amenaza de la creación de un decimo quinto salario, su adhesión al proyecto económico y político de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), impulsado por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, entre otras cosas.

Estas medidas populistas han generado contradicciones entre sectores de la burguesía, ya que afectan directamente sus intereses políticos y económicos. Sin embargo, muchas de ellas le han generado popularidad y un fuerte liderazgo a Mel Zelaya entre los sectores populares.

¿Un tardío proyecto bonapartista sui generis?

No es casual que la “izquierda” hondureña, anteriormente una feroz opositora al gobierno de Mel Zelaya, le haya acompañado en este giro político hacia la izquierda, y ahora ternemos una izquierda fuertemente vinculada al proyecto bonapartista de Mel Zelaya. La periodista Thelma Mejía describe nítidamente el delirio que sacude a la izquierda hondureña: “Parte del movimiento social e izquierdista hondureño, aglutinado en sindicatos y otras organizaciones populares, caracterizados por su radicalismo, vive una especie de sueño revolucionario encarnado en la relación que el presidente Manuel Zelaya mantiene con su par de Venezuela, Hugo Chávez.” Por su parte Ismael Moreno, coordinador de los jesuitas en Honduras, confirma que “el ingreso al ALBA ha alborotado a la siempre incipiente, malformada y malhumorada izquierda política y social hondureña”, (IPS 22/10/08)

Aunque tal vinculación no solo se reduce en coincidencias ideológicas,  sino que también existen fuertes denuncias que señalan que el Poder Ejecutivo ha entregado grandes cantidades de dinero a la dirigencia del movimiento popular, tal como lo manifiesta diario El Heraldo en su edición del 15 de mayo del presente año.

Mel Zelaya trata de emular a Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, pero de una manera mucho más vergonzante. Quiere que los sindicatos y el movimiento popular le apoyen incondicionalmente, a cambio de repartir algunas migajas entre la izquierda y el movimiento Popular. El problema es que hay pocos recursos para repartir. Las concesiones materiales que ha hecho Mel Zelaya han sido únicamente para forzar la reforma constitucional y la reelección, una vez que haya logrado esos objetivos, si acaso lo logra, se volteará inevitablemente contra sus aliados de izquierda. Esa es la lógica del poder de la burguesía.

Esta actitud de subordinación del movimiento popular con el proyecto político del Presidente Zelaya se manifiesta en la movilización emprendida por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  (COPINH) frente al Ministerio Público de Tegucigalpa para apoyar la cuarta urna. En esa ocasión, Salvador Zúniga, dirigente del COPINH, manifestó: “venimos a defender el derecho a refundar el país con una nueva Asamblea Nacional Constituyente y si se nos niega vamos a la insurrección popular”

Negociando discretamente con el Partido Nacional

Los ataques verbales a veces nos impiden ver lo que realmente está ocurriendo. Mel Zelaya está negociando con sectores del Partido Nacional, específicamente con Pepe Lobo, candidato presidencial del Partido Nacional, la creación de un consenso político a favor de la cuarta urna. En una reunión con empresarios declaró: “Les propongo que convoquemos la elección de una Asamblea Constitucional o Constituyente, como la llaman otros, pero con límites, sin violar las leyes actuales, que nos permita a todos redactar la nueva Constitución” (La Prensa 05/05/09)

Poco a poco las diferentes alas del Partido Liberal y Nacional se están reacomodando, poniéndose de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, coincidiendo en la necesidad de crear un nuevo statu quo que les permita gobernar Honduras en medio de la crisis del sistema capitalista mundial.

¿Consulta o manipulación?

Está claro que la propuesta de Mel Zelaya ha generado fuertes contradicciones entre la burguesía Hondureña y entre los distintos grupos de poder del país. Ante el temor de perder su participación en la repartición de los puestos en las distintas instituciones del Estado y, ver fallidas sus pretensiones presidenciales, para el caso de Elvin Santos y de otros candidatos, por una posible reelección,  se han visto en la enorme necesidad de lanzar una campaña que asegure la inamovilidad del actual orden constitucional, así como la de emprender acciones jurídicas para no permitir la consulta popular.

Contradictoriamente, para lograr sus objetivos de instaurar un régimen bonapartista, Mel Zelaya apela a los principios generales de la democracia burguesa, colocando en una posición incómoda a sus detractores. Mel Zelaya se ha apropiado de las banderas de la democracia formal pero no se atreve a movilizar a las masas para democratizar verdaderamente a la sociedad hondureña, sino que se limita simplemente a consultarlas a través de los actuales mecanismos antidemocráticos del excluyente sistema bipartidista. En esta pugna por el poder, podemos observar como cuando la burguesía se ve amenazada, deja a un lado hasta sus propios principios.

Nuestra propuesta

Debemos tener claro que el problema de la reelección presidencial no es un asunto clave para las masas trabajadoras, aunque sí lo es para los sectores de la burguesía que quieren alternarse el manejo de las finanzas públicas. Lo más importante es democratizar Honduras para beneficio de los trabajadores y demás sectores oprimidos.

La consulta de la cuarta urna no llega ni siquiera a las formalidades de un referendo. Fue convocada como una especie de encuesta, en donde los electores tienen un rol extremadamente pasivo, limitado. En realidad es un remedo de consulta popular, pero este remedo tiene horrorizada a un sector de la burguesía hondureña, mientras el otro sector, encabezado por Mel Zelaya, tiene la absoluta certeza que puede maniobrar sin peligro de ser desbordado por la izquierda, que ahora se ha convertido en su principal base de apoyo social y político.

Es por ello que el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a los trabajadores y a la izquierda de Honduras a no confiar en las pretensiones continuistas de Mel Zelaya, dado que su administración no ha resuelto los grandes problemas de la sociedad hondureña. No podemos confiar en un gobierno que ha saqueado las arcas del Estado, tal como lo demuestra las múltiples denuncias de los actos de corrupción de HONDUTEL, y los actos de corrupción  emprendidos por el ex Ministro de Salud, Orison Velásquez, entre otros.

Antes de convocar a una Asamblea Constituyente, deben quedar claras las reglas del juego político. En la actualidad, los dados están cargados a favor de la burguesía. Se hace necesario que los trabajadores, campesinos y explotados del país exijamos la libre participación política, en ese sentido, toda reforma debe contemplar cambios sustanciales a la Ley Electoral, por cierto es un instrumento jurídico que favorece a los partidos tradicionales. Para democratizar Honduras a favor de los trabajadores y los desposeídos, se debe reformar de manera inmediata la Ley Electoral, para que las diferentes fuerzas políticas y sociales puedan plantearle al pueblo, en igualdad de condiciones, sus propuestas para democratizar Honduras en beneficio de los trabajadores y los pobres, que son la mayoría de la población.

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