Por Carlos Alberto Fúnez
El desastre en la educación pública es uno de los muchos fracasos que ha dejado la dictadura como herencia al gobierno de doña Xiomara Castro. La presidenta del país ha colocado como Secretario de Educación Pública al joven dirigente del magisterio, Daniel Sponda, un luchador que se caracterizó por ridiculizar en foros televisivos al ex ministro de Educación, Arnaldo Bueso, apodado el “Ministro Perico”. El nuevo ministro de educación, bien visto por algunos docentes y odiado por otros, no ha tardado mucho para revolver el hormiguero que astutamente dejaron bien plantado en el centro del salón de baile.
¿Cumplir la ley o repartir plazas como confites?
El régimen “juanorlandista” nunca vaciló en violentar la ley, siendo el sector educativo uno de los más afectados con el permanente irrespeto a la labor docente y al magisterio nacional. El problema inicia cuando en el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), siendo Juan Orlando Hernández presidente del Congreso Nacional y Marlon Escoto ministro de educación, optaron por suspender los concursos para optar a una plaza en la educación pública, una medida arbitraria y unilateral de parte del régimen post golpe como represalia a las luchas que realizó el magisterio desde el golpe de Estado del 2009.
En el 2014 la dirigencia magisterial realizó un concurso sin la participación de las autoridades de educación, en el 2017 hubo un concurso de parte del Estado y fue un total fracaso que terminó siendo declarado desierto, en el 2019 nuevamente hubo un concurso con muchos cuestionamientos. Ante la ausencia de una política transparente en el nombramiento de docentes en las plazas respectivas, y, ante la falta del concurso que, es un requisito inicial para ser nombrado, los funcionarios coludidos con algunos dirigentes magisteriales colocaron de forma interina (sin permanencia) a los maestros que ya en este momento, acumulan varios años o varios meses en una plaza.
La situación anterior se complica más aún con las reformas que hicieron al INPREMA , donde a una gran cantidad de maestros se le violentó el derecho a una jubilación voluntaria, aumentando la edad de 50 a 59 años. Además, en 12 años de gobierno del Partido Nacional no abrieron una tan sola plaza nueva. Se menciona que son más de 15,000 docentes interinos y que, según decreto aprobado en el mes de diciembre, posteriormente a la gran derrota del Partido Nacional, se ha dado luz verde para que todos los interinos fueran nombrados con permanencia. Si bien es cierto que, en esta caótica situación los menos culpables son los maestros, también es cierto que hacer los nombramientos en la forma que pretendían los funcionarios de la dictadura, es repartir confites a una gran cantidad de activistas políticos que, ante una circular del ministro Sponda deteniendo el proceso de los nombramientos se han volcado a tomarse la Dirección Departamental de Francisco Morazán y otro grupo al frente de la casa presidencial.
¿Derecho al trabajo o bombas de tiempo dejadas a doña Xiomara?
Otro numeroso grupo que recién el lunes 31 de enero logró la firma de un convenio con el actual gobierno son los maestros PROHECO, un programa destinado a llevar la educación a lugares remotos donde no existían centros educativos y además, los maestros titulados no querían ir, este programa inició en el gobierno de Carlos Flores (1998-2002), años después, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán les dio la oportunidad a estos trabajadores empíricos de la educación para que obtuvieran una licenciatura en Educación Básica, título con el cual, ahora, exigen gozar de los mismos derechos de un docente de la educación pública pero sin cumplir las obligaciones correspondientes, como ser la afiliación a un colegio magisterial. En el convenio firmado se les ofrece mucho a los maestros que titulados o no, también exigen la permanencia.
En lluvia de peces, ganancia de pescadores
Toda persona tiene derecho al trabajo, pero más pareciera que los diferentes movimientos de los sectores salud y educación por exigir lo que nunca hicieron con la dictadura, en complicidad con algunos dirigentes, son medidas de presión para desestabilizar de entrada al gobierno de LIBRE-PSH. Pero, además, es garantizar un trabajo permanente a los activistas del Partido Nacional antes de que lo exija la militancia de los partidos ahora gobernantes. Obviamente, de esta forma, no pasará mucho tiempo para que la popularidad de doña Xiomara inicie a bajar.