Por Frandav Lifú

El jueves 21 de abril fue extraditado hacia los Estados Unidos de América el narco dictador Juan Orlando Hernández, electo fraudulentamente como presidente de la república, en el periodo 2014-2018, y, además, siendo la segunda vez (2018-2022) reelecto con un fraude aun más descarado y una reelección ilegal.  Decir que Juan Orlando Hernández todo lo hizo solo, es ser ingenuo y, agenciarle atributos de “superpoderes” a un simple delincuente de una estructura criminal que con un plan maquiavélico se apoderó de toda la institucionalidad del país.

Al perder el Partido Nacional el poder, se ha quitado el control de las cabezas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sin embargo, aun se mantienen intactas las estructuras muy arraigadas dentro de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Poder Judicial, la fiscalía de la República y toda una red de corrupción en gran parte de la institucionalidad del Estado.

La CSJ cómplice y aliada de JOH desde el 2009  

La Corte Suprema de Justicia fue un poder vital para el ascenso al poder de JOH y de la consolidación de su estructura criminal que; logró cimentarse en el Estado. En el 2009 fueron  electos los 15 magistrados de la CSJ que validó, legalizó y legitimó el golpe del 28 de junio del 2009, de los quince magistrados 8 fueron del Partido Liberal y 7 para el Partido Nacional, el Presidente del Poder Judicial fue Jorge Alberto Rivera Avilez.

El periodo de la CSJ 2009-2016 fue caracterizado por un amor ciego con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en primera instancia, y, luego, con Juan Orlando Hernández. Exceptuando algunos casos en que jueces o magistrados actuaron en contra de la estructura golpista, y, que, por estar en contra, fueron destituidos de sus cargos, por ejemplo; los jueces despedidos del Poder Judicial en el 2010 por haberse pronunciado en contra del Golpe de Estado “la Corte Suprema de Justicia decidió el pasado 5 de mayo, con el voto favorable de 10 de sus 15 magistrados, los despidos de Guillermo López, Tirza Flores, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez y Osman Fajardo”. ELPAÍS (15/05/2010). 

El 12 de diciembre del año 2012, el Congreso Nacional que dirigió Juan Orlando Hernández, destituyó a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, aunque el pretexto fue que dichos jueces le habían bateado varias leyes a Porfirio Lobo Sosa, lo cierto fue que; pusieron jueces afines a los propósitos tanto de Lobo Sosa como de JOH, para despejar el camino de aprobación de leyes lesivas a los intereses de los hondureño, como lo fue por ejemplo; aprobar la famosas Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), Ley derogada esta semana por el gobierno de doña Xiomara.

La votación para destituir a esos 4 magistrados fue de 97 diputados a favor y 31 en contra. Ese Congreso Nacional estaba conformado en su mayoría por 71 diputados del Partido Nacional, pero, tenían el apoyo incondicional de los 5 diputados de la Democracia Cristiana, 4 de la UD y varios diputados del Partido Liberal.

Rolando Argueta y sus 14 magistrados deben ser destituidos

En enero del 2016, después de varios días de mucha incertidumbre, uno a uno fueron eligiéndose en el Congreso Nacional que dirigía Mauricio Oliva, los 15 magistrados de la CSJ actual (periodo 2016-2023), cada aspirante tenía que obtener 86 votos a favor (para ser electo magistrado) de los 128 diputados. La conformación de ese Congreso Nacional fue muy diferente a la del 2010-2014, sin embargo, no hubo obstáculo para que el dictador se siguiera saliendo con la suya; comprando la voluntad, incluso, de varios diputados que salieron electos por el Partido LIBRE y del PAC (Partido Anticorrupción de Nasralla). Así que, Juan Orlando Hernández para lograr la elección de los 15 magistrados que le fueran leales, incluyendo al Presidente actual, Rolando Argueta, tuvo que soltar una danza de muchos millones de lempiras para alcanzar su propósito de allanar la ilegal reelección y mantener la impunidad a sus fechorías.

Rolando Argueta, junto a los otros 14 magistrados han bailado al son que tocaba el dictador extraditado, esperar hasta el 2023 para la elección de la nueva corte es seguir permitiendo la impunidad a la estructura criminal que aun se mantiene intacta. El Congreso Nacional  actual debe destituirlos de una vez por todas, el pueblo hondureño debe manifestarse en las calles para exigirle al gobierno de doña Xiomara y al Congreso Nacional la inmediata destitución de la actual CSJ y del Fiscal General.