El 5 de diciembre de 1954, ante la renuencia del Congreso de nombrar un nuevo presidente en las elecciones que habían participado Carías Andino, Abraham Williams y Ramón Villeda Morales, Julio Lozano se convertiría en Presidente de facto y buscaría por todos los medios en elegirse presidente por 6 años, a lo que el descontento social detonó el levantamiento en armas del recién solidificado ejército Nacional el 21 de octubre de 1956, convirtiéndose este hecho en el primer Golpe de Estado de nuestra historia. El gobierno militar quedo compuesto de forma interina por un triunvirato: Héctor Carracciolli (Comandante de la Fuerza Aérea), Roque J. Rodríguez (Director de la Escuela Militar) y Roberto Gálvez Barnes (Ministro de Fomento). Acto continuo se convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente y se realizaron elecciones en 1957, donde Ramón Villeda Morales fue electo por 6 años. La envestidura de Villeda Morales se realizó bajo negociaciones con los golpistas militares y el partido liberal que dominaba la Asamblea Constituyente, logrando el ejército autonomía y orquestando una serie de presiones por el poder que los llevaría al conato de golpe en 1959, y que finalmente lograron con el derrocamiento de Villeda Morales el 3 de octubre del 1963 en una conspiración que tuvo el beneplácito Washington por las posturas moderadas de dicho presidente frente a los conflictos con Cuba. El zarpazo a la democracia y la instauración de una constituyente militarista en 1965, fortaleció enormemente el poder del ejército, ósea que institucionalmente el Ejército Nacional instauró su dominio y lo legitimó con ciertos sectores de políticos, principalmente del Partido Nacional; de tal forma que lograría establecer su dominio frente a la opinión pública nacional, aunque durante la inesperada Guerra de 1969 mostró su insipiencia, pero de hecho le ganaría simpatías después de la misma.

Después del periodo constitucional del General Oswaldo López Arellano, el ejército dirigido por él, llamaría a un Pacto Político, que se realizaría el 8 de diciembre de 1970, donde se efectuaron las alianzas entre la empresa privada y la confederación de trabajadores para convocar a elecciones presidenciales, en las que el nacionalista Ramón Ernesto Cruz triunfó frente al liberal Jorge Bueso Arias, y llamaron a su gobierno de “Unidad Nacional” porque estaba conformado por un gabinete de nacionalista y liberales. Meses posteriores los militares encabezados por López Arellano en su afán por controlar el poder del Estado perpetuaron un nuevo Golpe de Estado el 4 de diciembre de 1972, esta vez contra el partido que lo había apoyado años atrás, y desde ese instante los militares iniciaron políticas populistas con el objetivo de lograr la aceptación popular. El General López Arellano controlaba por más de una década el país, pero su complicidad con algunos funcionarios que habían aceptado el soborno hecho por la United Brand le canjearon el primer Golpe de Estado de “Barraca” en 1975, donde el Consejo Superior de la Fuerzas Armadas lo destituyó y nombró al Coronel Juan Alberto Melgar Castro, quien 3 años después inició el proceso de elegirse mediante el expediente de la institucionalización pero sin la aprobación de la cúpula militar, quienes finalmente le dieron “Golpe de Barraca” en 1978 y conformaron una Junta Militar (Policarpo Paz, Domingo Álvarez y Amílcar Zelaya); así a finales de 1979 se decidió de parte de la oligarquía política y la cúpula militar nombrar al general Policarpo Paz García como Presidente de la República mientras se Instalaba la Asamblea Constituyente que en elecciones se eligiera un nuevo presidente civil a partir del 27 de enero de 1982. Para estos años el gobierno de Estados Unidos introdujo en Honduras la “Doctrina de Seguridad Nacional”, incrementó su financiamiento a al ejército hondureño e instalaron una base militar el centro del Territorio, Palmerola, con el fin de utilizar nuestro territorio para desorganizar el gobierno sandinista de Nicaragua y combatir las guerrillas de El Salvador y Guatemala.

Independientemente de que a partir de 1982 se realizaban elecciones presidenciales cada 4 años, el ejército seguía manteniendo poder y grandes prebendas económicas con el afianzamiento de una estructura empresarial que consistía en un Instituto de Previsión Militar (IPM), un Banco (Banffaa), una empresa cementera, inversiones hospitalarias, una financiera, inversiones hoteleras, la comercialización de Armas (La Armería). Dichas prebendas las siguen manteniendo en la actualidad. La presencia del ejército hondureño en la década de 1980 fue nociva para la población, ya que obreros, estudiantes, académicos e intelectuales fueron perseguidos, torturados, asesinados y expatriados, sólo por el simple delito de expresarse.

El fin de la guerra fría llegaría a su final con la disgregación de URSS y se iniciarían las reformas estructurales de las economías latinoamericanas (el Neoliberalismo) que en nuestro país encabezaría Rafael Leonardo Callejas (perteneciente a los 26 grupos oligárquicos económicos de la década de 1980). En dicho panorama las políticas de afianzamiento democrático y la reducción del militarismo en América Latina dieron paso al acertamiento del gobierno del Dr. Carlos Reina en buscar la consolidación de los derechos humanos y la descentralización de la policía a través de un recién instaurado Ministerio Público que buscara el fortalecimiento de la institucionalidad judicial. En el gobierno de Carlos Reina se abolió el servicio militar obligatorio y el siguiente gobierno de Carlos Flores Facusse, en el año 2001, desarticuló la figura de poder militar del Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas, que pasaría a ser facultad del Presidente constitucional de la República y se nombraría un Ministro de Defensa, nombramiento que recaería en político civil.

Desafortunadamente el gobierno de Ricardo Maduro permitió rápidamente el avance de militares dentro de la institución policial de investigaciones y con el arribo del Presidente de Manuel Zelaya se siguió el proceso de fortificación de las instituciones armadas, nada más que en esta ocasión se planteaba la búsqueda de controlar el crimen organizado y común. En ese preámbulo nos encontramos con la lucha de poder generada desde los primeros meses de gobierno de Manuel Zelaya, confrontación que acarrearía constantes ataques a través de medios de comunicación y el planeamiento para derrocar al Presidente Zelaya por sus postulados en convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente que explore nuevas posibilidades para lograr una democracia participativa y no representativa.

En el contexto anterior vemos un ejército que surgió producto de los acuerdos dominados por Washington y de la fuerte polarización del partido Nacional y Liberal, donde los nacionalistas intentaron por todos los medios posibles mantenerse en el poder generando un fuerte descontento social obrero-estudiantil; así el ejército creció para convertirse en una institución que controlara la política nacional en alianza con grupos oligárquicos; y durante la década de 1980 reprimió y asesinó a su discreción a muchos hondureños (Álvarez Martínez fue su principal criminal, ya que de ser esbirro de las compañías bananeras se le permitió seguir sus desquiciadas acciones como Comandante de las Fuerzas Armadas). Años después cuando los traspasos presidenciales se han realizado tras elecciones generales, y cuando muchos habían olvidado los nefastos golpes de Estado militaristas, el ejército obedeció ordenes de la oligarquía y de grupos políticos ultra conservadores, violando la constitución y traicionando al pueblo hondureño; hecho que ha generando un clima de represión y concibiendo el reavivamiento de una institución que más que beneficio le ha traído sumisión y dolor al verdadero pueblo hondureño.