Por Clemente Bardales

El periodo de los golpes de Estado y del reformismo militar en Honduras, que abarcó un periodo de 25 años, que va en términos generales desde 1957 hasta 1982, ha sido poco estudiado.

25 años de amplia autonomía de los militares

Desde el golpe de Estado de 1956 que derrocó al presidente provisional Julio Lozano Diaz, y la posterior aprobación de la Constitución de 1957, las Fuerzas Armadas de Honduras conquistaron una amplia autonomía en relación al poder ejecutivo.

El artículo 319 de la Constitución de 1957, estableció que “las órdenes que imparta el presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por intermedio del jefe de las mismas, deberán ser acatadas. Cuando surja alguna diferencia deberá ser sometida a la consideración del Congreso, el que decidirá por mayoría de votos. Esta resolución será definitiva y deberá ser acatada”. En pocas palabras, los militares tenían capacidad de veto, y el Congreso se convirtió en una especie de tribunal arbitral.

El jefe de las Fuerzas Armadas era nombrado por el presidente con base a una terna enviada por el “Consejo Superior de la Defensa Nacional”. Los nombramientos internos de la estructura militar eran realizados por el jefe de las Fuerzas Armadas.

Estos cambios constitucionales le otorgaron un enorme poder a las Fuerzas Armadas de Honduras, durante décadas, y fueron la base legal del reformismo militar. La Constitución de 1965 mantuvo los privilegios de la casta militar, hasta la aprobación de la Constitución de 1982 y posteriores reformas constitucionales de 1984 y 1999 introdujeron el control directo del presidente de la república sobre las Fuerzas Armadas, poniendo fin al sistema de ternas.

López Arellano y el reformismo militar

Oswaldo López Arellano lideró un golpe de Estado en 1963 contra el gobierno liberal de Ramon Villeda Morales.

Bajo el gobierno de López Arellano (1963-1971 y 1972-1975) se consolidó el reformismo militar, un fenómeno en el cual, ante la debilidad estructural de la burguesía hondureña, los militares tomaron directamente el poder, impulsado una serie de reformas para modernizar el Estado, que estaba en desventaja en relación a las otras burguesías de la región, que habían aprovechado las ventajas del Mercado Común Centroamericano (MCCA).

En 1969, bajo el Gobierno de López Arellano, Honduras libró la llamada “Guerra del Fútbol” contra El Salvador. Los cambios impulsados por el reformismo militar no traspasaron el límite histórico, ya que nunca pretendieron desmantelar el poder la burguesía y los terratenientes, y terminaron sucumbiendo ante estos.

El ascenso de Melgar Castro al poder

Después de casi doce años de gobierno de López Arellano, exceptuando el breve periodo de gobierno de Ramón Ernesto Cruz, finalmente el 22 de abril de 1975, el poderoso Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, tomando como pretexto las denuncias de soborno de la United Fruit Brand en la que supuestamente estaba involucrado López Arellano decidido la remoción de este, nombrando como nuevo jefe al coronel Juan Alberto Melgar Castro.

Detrás de un aparente conflicto entre personalidades, se escondía, en realidad, el hecho que López Arellano se mantuvo en el poder más tiempo de lo esperado, y las reformas quedaron parcialmente congeladas, acumulándose descontento social. Melgar Castro se presentó ante el pueblo como un reformista y un gran conciliador, anunciando que un futuro cercano se realizarían elecciones generales

Melgar Castro tuvo una carrera fulgurante dentro de las Fuerzas Armadas. Fue Jefe Militar de la Zona Norte, después Comandante del Cuerpo Especial de Seguridad, posteriormente Secretario de Gobernación y Justicia, hasta que en 1975 fue nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, sustituyendo a López Arellano. No obstante, se produjo una separación de funciones: Melgar Castro ocupó la Jefatura del Estado, mientras Policarpo Paz era jefe de las Fuerzas Armadas.

Las masacres de Santa Clara y Los Horcones

Pero el gobierno de Melgar Castro se inauguró bajo fuertes protestas campesinas. Había mucho descontento social acumulado, por la paralización de la Ley de Reforma Agraria aprobada bajo el gobierno de Villeda Morales. Se produjeron muchas tomas de tierras. El 25 de junio de 1975, la Unión Nacional de Campesinos (UNC) organizó una “Marcha del Hambre” hacia Tegucigalpa, movilizando campesinos desde la costa norte, Olancho y el sur de Honduras.

La marcha hacia Tegucigalpa fue abortada con el asesinato de 14 campesinos, incluidos dos sacerdotes. Una parte fue abatida en el Centro de Capacitación “Santa Clara”, enviados al presidio de Juticalpa, Olancho, por agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN). Quienes quedaron vivos fueron trasladados primero a la prisión de Juticalpa, Olancho, y posteriormente a la hacienda Los Horcones donde fueron ultimados. Los Horcones era propiedad del terrateniente Jose Manuel Zelaya Ordoñez, padre de Jose Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras y actual dirigente del partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Los límites de la reforma agraria

Para disminuir el descontento social del campesinado, en abril de 1975 los militares expropiaron 22 mil manzanas a la Estándar Fruit Company, dando origen a la Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI), que fue presentada por los militares como el mayor logro de la reforma agraria. A finales de 1976 los militares intentaron expropiar otras 35 mil hectáreas a la Tela Railroad Company, pero ante las presiones de la transnacional echaron marcha atrás.

Todos los intentos de profundizar el giro populista del gobierno de Melgar Castro, se toparon con la resistencia de los empresarios y de un sector de las propias fuerzas armadas, que terminaban paralizando o desvirtuando cualquier intento de una seria reforma.

El CADEJE

El 9 de marzo de 1976, el general Melgar de Castro creó el Consejo Asesor del jefe del Estado (CADEJE), organismo corporativista donde estaban representadas las principales fuerzas económicas, políticas y sociales. El CADEJE funcionó en los hechos como un órgano legislativo con 36 miembros propietarios e igual número de suplentes. Hubo representación del gobierno militar, partidos políticos emergentes (como el PINU y la Democracia Cristiana), colegios de profesionales, UNAH, COHEP, CTH, entre otros. El Partido Liberal, el Partido Nacional y el COHEP no acreditaron representantes, para no avalar el corporativismo.

En pocas palabras, la composición de los miembros del CADEJE representaban a sectores de clase media, aliados con el sector de las fuerzas armadas que en ese momento controlaban el poder. La principal función del CADEJE fue, según los discursos oficiales, organizar la ansiada transición hacia la democracia mediante elecciones generales para el año 1979.

La transición hacia la democracia

Preparando el terreno, Melgar Castro promulgó en 1977 la primera Ley Electoral, desde que los militares habían asumido el poder, la que entraría en vigencia en 1978. En esa Ley Electoral se contemplaba la creación de un Tribunal de Elecciones (TNE) compuesto por miembros de los partidos políticos.

Esta Ley Electoral tendría el objetivo central y transitorio de organizar las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente del 20 de abril de 1980.

De esta manera los militares hondureños fueron los primeros de la región centroamericana de ponerle fin a la dictadura militar, organizando la reforma del régimen político, cuando en el conjunto de Centroamérica comenzaba a arder la llama de la revolución y la guerra civil

La Ley Electoral de 1977 trajo algunas novedades: a.- la celebración de elecciones internas en los partidos políticos; b) el principio de representación proporcional en las elecciones internas de los partidos; c) la flexibilización de los requisitos para la inscripción de nuevos partidos, y d) reconoció el derecho a las candidaturas independientes.

La caída de Melgar Castro

El populismo de Melgar Castro, y la incapacidad para realizar reformas que calmasen a la población, provocó la impaciencia de la mayoría de la cúpula militar. El 7 de agosto de 1978, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas decidió suspender al gobierno de Melgar Castro, nombrando una Junta Militar integrada por el general Policarpo Paz García, jefe de las fuerzas armadas, el teniente coronel Domingo Álvarez Cruz, comandante de la fuerza aérea, y el teniente coronel Amílcar Zelaya Rodríguez, comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP).

La nueva Junta Militar

El discurso que sostuvo la nueva Junta Militar era el de retomar los objetivos del golpe de Estado de 1975, para calmar el descontento campesino, así como apresurar el retorno a la democracia. Se trataba de incruento golpe de Estado de las propias fuerzas armadas que, preocupadas por el rumbo de los acontecimientos al interior de Honduras, y tomando en cuenta el auge de la lucha revolucionaria en Centroamérica, decidieron acelerar la apertura democrática, para devolver el poder a los partidos políticos, y así evitar un estallido revolucionario, como el que iniciaba en Nicaragua y El Salvador en esos momentos.

Una de las primeras decisiones de la Junta Militar fue disolver el CADEJE, pero las elecciones para Asamblea Nacional Constituyente fueron convocadas con base a la Ley Electoral de 1977. Al mismo tiempo, la Junta Militar preparó a las Fuerzas Armadas para la lucha contrainsurgente, iniciando una colaboración mas estrecha con Estados Unidos, para convertir a Honduras en el bunker contra las guerrillas en Centroamérica.

La Asamblea Nacional Constituyente se instaló el 20 de julio de 1980, y una de sus primeras decisiones fue nombrar presidente provisional de la Republica al general Policarpo Paz García, mientras se aprobaba la nueva Constitución y se realizaban elecciones generales con la nueva Ley Electoral aprobada en 1981, que reinstauró el sistema bipartidista en Honduras.

Algunos analistas han planteado que el golpe de Estado contra Melgar Castro fue impulsado por el Cartel de Medellin, y que representó la primera vinculación seria de un sector de los militares de Honduras con el narcotráfico, quienes protegieron a Juan Ramon Matta-Ballesteros, hasta que en 1988 fue capturado por agentes de la DEA y enviado a Estados Unidos, a pesar que la Constitución de Honduras prohibía la extradición de los nacionales.

El poder de los militares se fue debilitando con la instauración de una democracia semicolonial, bajo un sistema bipartidista que después entró en crisis. A pesar de ello, los militares siguen siendo el poder en las sombras.