Por Sebastián Chavarría Domínguez

A pesar del escándalo de la oposición burguesa, el presidente Daniel Ortega logró inscribir recientemente su candidatura presidencial en base a la sentencia No 6 del 30 de septiembre del 2010, dictada por la Sala Constitucional, la que después fue ratificada en Corte Plena, con la ausencia colaboracionista de los magistrados liberales.

La oposición burguesa se ha encerrado en un debate jurídico inentendible para las masas populares, sobre la validez o no el artículo 147 de la Constitución, relacionado con la prohibición de la reelección inmediata y de aquellos que ya fueron presidentes en dos periodos.

Quien se ha encargado de rebatir los argumentos jurídicos de la oposición burguesa en contra de la validez de la sentencia No 6, ha sido Alba Luz Ramos, presidente de la Corte Suprema de Justicia: “La oposición ha tomado la Carta Magna como si fuera verdad absoluta, un axioma, algo sagrado, palabra de Dios que es irrebatible, que no se puede declarar inconstitucional la Constitución. La Corte Suprema ha sentado precedentes porque ha dirimido conflictos entre dos preceptos constitucionales, años atrás. En este polémico caso, la resolución judicial está amparada en antecedentes judiciales en Colombia y Costa Rica que mediante actos legislativos modificaron la Constitución de sus respectivos países, para permitir la reelección de Alvaro Uribe (2006) y Oscar Arias (2005)”. (Notimex 22/03/2011)

A decir verdad, la oposición burguesa está en serios aprietos, porque el sistema legal nicaragüense permite que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interprete la Constitución, lo que la convierte en los hechos en el supremo legislador. Las sentencias de la CSJ terminan reescribiendo las leyes y la propia Constitución.

El poder judicial es controlado desde hace años por el FSLN. Sin necesidad de reformar la Constitución, desde el control absoluto de todas las instituciones el Estado, pero con la complaciente y necesaria omisión del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Daniel Ortega obtuvo una sentencia que le permite inscribirse nuevamente como candidato presidencial.

El problema de la reelección

En Nicaragua, tradicionalmente no hemos opuesto a reelección, pero contradictoriamente es un país en donde han predominado los regímenes fuertes y las dictaduras militares y familiares. Son las dos facetas de nuestra historia.

En diferentes oportunidades hemos expresado que la reelección presidencial no es un problema de principios para los socialistas centroamericanos. La escogencia y permanencia en los cargos públicos debe estar sujeta a la voluntad popular, expresada democráticamente. En ese sentido, si la mayoría del pueblo quiere que alguien permanezca en el poder, esta voluntad debe ser respetada. Si la mayoría del pueblo decide que Daniel Ortega continúe en la presidencia, esta voluntad soberana debe ser respetada, nos guste o no.

El problema es que en Nicaragua actualmente no existen condiciones democráticas para que el pueblo se exprese libremente, ya que desde las instituciones del Estado se limitan lo más elementales derechos democráticos de reunión, organización y manifestación. La Ley Electoral del año 2000 está diseñada para perpetuar un sistema político bipartidista, ahora con hegemonía del FSLN. Al prohibir la pluralidad, al establecer condiciones restrictivas para la formación y desarrollo de los partidos políticos, la actual Ley Electoral es el candado que aprisiona las libertades políticas y democráticas.

La oposición burguesa no cuestiona las reglas del juego electoral, no critica la Ley Electoral, reculó en sus exigencias de cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), porque cree que puede derrotar electoralmente a Daniel Ortega, como ocurrió en 1990, confiando en el rechazo automático de la psiquis popular, sin necesidad de hacer la más mínima reforma electoral

La campaña contra la reelección

Por la debilidad de la oposición burguesa, y por su avanzado proceso de canibalismo político, algunas fracciones como la alianza GANA (conservadores -PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), ahora dirigida por el diputado Enrique Quiñonez, no se atreven a enfrentar abierta y directamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder, por miedo a perder los espacios políticos y las negociaciones de poder que se desprenden de las elecciones.

Otro sector, dirigido por Eduardo Montealegre, que impulsa la candidatura presidencial de Fabio Gadea Mantilla, en la alianza Unión Nacional por la esperanza- Partido Liberal Independiente (PLI), UNE-PLI, al no mantener un solo cargo dentro de las instituciones y nada que perder, es más proclive a impulsar la movilización callejera como preámbulo electoral, pero sin enarbolar banderas partidarias, sino que utilizado como colchón social a los organismos de la “sociedad civil”. Así nos encontramos con la paradoja que los partidos políticos guardan silencio o bajan el perfil en el enfrentamiento contra el gobierno, mientras la llamada “sociedad civil”, levanta las banderas de lucha política contra la “ilegal e inconstitucional reelección de Daniel Ortega”.

Marcha y contra marcha el 2 de abril

El pasado 2 de abril se realizaron dos importantes marchas en Managua, cada una con consignas y objetivos diferentes, que anunciaron la intensa polarización de la campaña electoral que recién comienza, donde está en juego la reelección de Daniel Ortega y la continuidad del gobierno sandinista.

La primera marcha fue convocada con antelación por la llamada “sociedad civil”, es decir, por organizaciones no gubernamentales que normalmente han financiado sus actividades con recursos provenientes de los países donantes, casi siempre de Europa o los Estados Unidos, pero cada vez más escasos.

Desde las elecciones municipales del 2008, que fueron denunciadas fraudulentas por la oposición burguesa, el FSLN ha mantenido la política de evitar que los partidos de la oposición burguesa tomen las calles. Al inicio utilizó a las pandillas como fuerza de choque contra los intentos de reagrupamiento de la oposición. El objetivo fue cumplido y las fuerzas de la derecha se disolvieron.

Pero, ahora, en el marco de la campaña electoral, el FSLN utiliza el control de las instituciones para dificultar, ya que no las puede impedir, las marchas de la oposición burguesa. El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) amenazó con cancelar concesiones de las unidades de transporte que trasladaran manifestantes de la derecha hacia Managua. La Policía Nacional cambia la ruta inicial de la manifestación, al mismo tiempo que autoriza ese mismo día otra marcha paralela, convocada por el FSLN, permitiendo que el temor a los tradicionales enfrentamientos callejeros se convierta en un disuasivo importante y reste afluencia de masas a la marcha de la derecha.

En fin, desde diferentes ángulos, el objetivo central era evitar una convocatoria masiva, que pudiera envalentonar a la derecha en las elecciones. Y como era de esperarse, se produjeron enfrentamientos con la Policía, pero no entre los manifestantes de ambas marchas.

Derecha incapaz y cavernícola

La derecha en Nicaragua es tan cavernícola, que es incapaz de proteger los principios de la democracia por la que dicen luchar. Eliseo Núñez Morales, vocero de la alianza UNE-PLI, en tono bravucón cayó en la provocación del FSLN: “(…) “Pase lo que pase vamos a asumir las consecuencias de lo que quiera el Frente Sandinista que suceda (…) pero si el Frente Sandinista empuja, nosotros vamos a asumir las consecuencias del empujón que dé el Frente” (El Nuevo Diario, 2/04/2011)

Ante la incapacidad mental de la derecha de defender su concepción de la democracia, le correspondió al embajador norteamericano Robert Callahan, defender los postulados de la democracia burguesa: “Los nicaragüenses que quieren manifestarse, que quieren expresarse públicamente, que quieren marchar, deben tener la oportunidad de hacerlo sin miedo, sin intimidación; y es la obligación del gobierno, de la Policía, proteger y garantizar este derecho... Esta es mi opinión y la opinión de mi gobierno” (La Prensa 6/04/2011)

Defender las libertades democráticas

Evidentemente, que el gobierno sandinista está restringiendo las libertades democráticas dentro del contexto de la campaña electoral, lo que puede convertirse en un boomerang.

En el marco de una sociedad burguesa, con una economía capitalista, los socialistas centroamericanos, peleamos por las más amplias libertades democráticas, aunque ello beneficie coyunturalmente a la derecha. En realidad, lo que defendemos es el derecho democrático de los trabajadores y del pueblo, a escoger el partido de su preferencia, aunque no sea el nuestro. Creemos que de esta forma se puede ganar a las amplias masas para la revolución, y no con maniobras. La batalla por ganar la conciencia de las masas es una pelea política, y para ello se requiere que el pueblo tenga la libertad de pensar y decidir.