Por Leónidas Moreno.

Desde los anales históricos del Estado Nicaragüense, la tradición política de nuestro país ha sido estrictamente caudillista acompañada de un sistema político corrupto, en el cual, el saqueo de los bienes del Estado es la norma en que los gobernantes y sus empresarios se enriquecen a costillas del pueblo trabajador. En nuestra memoria están frescos los juicios en contra de Arnoldo Alemán, quien al fin y al cabo terminó impune, libre y disfrutando de todo el dinero que malversó.

Nuevamente, solo que en un gobierno sandinista, se escuchan denuncias sintomáticas sobre malversación de fondos en varias instituciones del Estado, la diferencia es, que en esta ocasión estamos cerca del inicio de la futura campaña electoral en la que el Presidente Daniel Ortega pretende reelegirse.

La DGI, COMMEMA y ALMA.

Cosa normal en nuestro país son las constantes denuncias de corrupción, y desde que tomó la administración del Estado el FSLN los medios de comunicación denuncian constantes anomalías en la administración pública. Casos sonados son la denuncia a Alcides Altamirano director de la Corporación de Mercados de Managua (COMMEMA) en la que: “lo acusaban de efectuar malas gestiones en su administración, como el incremento ilegal de los cánones de arriendo y el despojo de tramos para otorgárselos a otras personas.” (El Nuevo Diario 12/05/2011).

Asimismo La Prensa y El Nuevo Diario publicaron días atrás la defraudación por más de 67 millones de córdobas que se habría realizado durante la administración de Walter Porras en la Dirección General de Ingresos (DGI), sin contar, las acusaciones que versan sobre Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua (ALMA) y Jefe de campaña capitalino del partido de gobierno. En el caso de la DGI: “Los investigados, supuestamente, ofrecían a diferentes empresas la devolución de Impuestos al Valor Agregado (IVA) sin tener que cumplir con el procedimiento debido, pero solo le iban a entregar al contribuyente beneficiado el 40% del monto, ya que el 60% sería para “el pago de los contactos en la DGI”, de la cual Porras era el titular.” (El Nuevo Diario 07/05/2011)

Ante las constantes acusaciones que se han vertido en los medios de comunicación, la reacción de la cúpula del Frente no se ha hecho esperar, pero la balanza no mide igual a todos. En el caso de Moreno, la propia Rosario Murillo ha salido a la defensa del funcionario, acusando a las publicaciones de los medios de comunicación como: “campañas de difamación y desprestigio, que pretenden dañar la buena imagen de la gestión de la Alcaldía del Poder Ciudadano de la Ciudad de Managua”. (El Nuevo Diario 08/05/2011)

No así en el caso de Walter Porras, a quien la policía nacional le abrió investigación por órdenes del mismísimo Daniel Ortega, según Fernando Borges, portavoz de la policía nacional: "La Policía Nacional ha recibido órdenes del presidente Daniel Ortega, en su carácter de jefe supremo de Policía Nacional, para realizar trabajos preventivos investigativos (...) en todas las instituciones del Estado" (El Nuevo Diario 12/05/2011)

El propio Bayardo Arce admitió las anomalías que se estaban dando en la DGI: "Está claro que hay algo anómalo ahí (en la DGI), por eso el presidente de la República mandó a hacer una investigación" (Ídem)

Castigo y cárcel para los culpables.

A pesar de que el mismo Daniel Ortega ordenó pesquisas policiales y de la Contraloría General de la República, está claro que la impunidad es un fantasma que ronda en nuestro sistema político. En el caso de la DGI el fantasma está a la vista, según el portavoz de la policía: “Nosotros nos mantenemos siempre trabajando en la dirección que dio el comandante Ortega y vamos a desarrollar el trabajo investigativo-preventivo, y en el momento que corresponda se pasarán los resultados al ente correspondiente” (Ídem)

El solo hecho que la investigación no sea dirigida por la fiscalía llama a muchas suspicacias. Debemos llamar a una comisión de notables para que junto a los trabajadores investiguen las acusaciones de corrupción en contra de los funcionarios del gobierno.

Solo hasta que los trabajadores estén en control de los altos funcionarios y fiscalicen su actuar, es que los actos de corrupción dejaran de ser la nota diaria de nuestro sistema político.