Por Maximiliano Cavalera

En julio se conmemora un aniversario más de la revolución que derrocó la dictadura de la familia Somoza, la revolución trajo consigo enormes tareas para las masas nicaragüenses, entre estas, estaba el reparto de la tierra y el fomento e incentivo a la pequeña y mediana producción. 32 años han pasado, y el problema de la financiación a la pequeña y mediana producción sigue siendo uno de los principales problemas que afrontan los campesinos nicaragüenses. Nuevamente vemos como el grupo de los campesinos denominados como los “no pago” salen a la palestra pública, demandando soluciones a sus problemas crediticios.

Otra vez.

El 2008 fue el año en que los campesinos del Movimiento de Productores, Comerciantes y Asalariados del Norte, llamados popularmente los “no pago” iniciaron sus protestas principalmente en el norte del país. En aquel entonces, el movimiento exhibía a la opinión pública lo que la mayoría del país conocía hasta la saciedad, los altos intereses que cobran las financieras nacionales y la banca por los préstamos que otorgan a los pequeños y medianos productores y comerciantes.

En aquel entonces, el presidente Daniel Ortega salía a la palestra pública criticando los altos intereses que cobraban las financieras, pero como veremos, no solucionó el problema de los productores, todo lo contrario, solo aplazó los términos.

La ley de Moratoria.

A final la asamblea nacional aprobaría la “Ley Especial para el establecimiento de Condiciones Básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones de microfinanzas y deudores en mora” conocida popularmente como la ley de moratoria. En un acto populista y pocas veces visto en nuestro sistema político, todas las bancadas de la asamblea nacional votaron a favor de esta iniciativa. Pero la aprobación de esta ley, lejos de solucionar los problemas integrales de los productores, solo reguló la forma en que estos pagarían la deuda a las microfinancieras.

Por ejemplo, los deudores pueden intentar renegociar la deuda, pero esta negociación solo la podrían hacer individualmente: “Este proceso de renegociación deberá realizarse caso por caso, en atención a las particularidades de cada crédito otorgado, la naturaleza o tipo de actividad económica que ha sido financiada y la capacidad de pago que presente cada deudor.” (Ley 416) Es decir, uno de los objetivos de la ley fue quitarle fuerza orgánica al movimiento del campesinos del norte dejándolos solos en las negociaciones individuales.

Por otra parte, la ley mandaba reestructurar los adeudos incluidos con todos los intereses corrientes (se exoneraron los intereses moratorios), sumándole un 16% de intereses en la reestructuración de la deuda, a plazos máximos de 4 años para deudas de menores de 10,000 dólares y 5 años a adeudos mayores de 10,000 dólares.

La solución fue tan superflua que el conservador Fabricio Cajina en el debate para la aprobación de la ley declararía: “Es momento que nos quitemos las caretas y veamos de qué lado estamos, el 12% en este momento en la ganadería para esta gente, es una dificultad y no es posible que a sabiendas de eso pretendamos dejar la posibilidad que les cobren el 16% que es de hecho decirles que nunca van a poder pagar.” (Diario Debate Asamblea Nacional 24 de Febrero del 2010)

Según algunas financieras se estaban llegando a arreglos de pago pero: “aproximadamente 9,000 morosos fueron incluidos en los acuerdos entre el movimiento y Acodep, para honrar sus compromisos de pago, representando una cartera cercana a los seis millones de dólares. Pero este convenio no prosperó por incumplimiento de los No Pago.” (El Nuevo Diario 20/07/2011)

De nuevo a las calles.

Casi ha transcurrido un año, y como era de esperarse, la famosa ley de moratoria no resolvió el problema de los productores y pequeños comerciantes que estaban endeudados con las microfinancieras. Este mes, y como medidas de presión, las carreteras del norte del país han estado tomadas por los campesinos del “no pago”, asimismo se han realizado protestas frente algunas entidades financieras que son las dueñas de los créditos de los campesinos y comerciantes.

Pero si la ley de Moratoria solucionaría este problema, ¿porque los “no pago” protestan de nuevo? Omar Vílchez dirigente de los “no pago” denuncia la nueva problemática que los deudores han tenido y la razón por la que están de nuevo en las calles: “Esa tasa era del 16%, y se dejó a la Superintendencia de Bancos Siboif, como órgano garante de los arreglos de pago que suscribieran de manera individual las microfinancieras y los morosos. Sin embargo, las autoridades de la Siboif, 25 días después de aprobada la Ley, sacan una normativa para regular dicha Ley, y establece que los gastos de avalúos iban por el cliente, al final si sumábamos todos los gastos, el interés se subía a más del 20% y nosotros no íbamos a permitir eso” (El Nuevo Diario 12/07/2011)

Como vemos, la ley moratoria no solucionó los problemas que tenían los productores, solo le dio largas a una problemática que está lejos de solucionarse, ya que las dificultades no solo se dan por las altas tasas de intereses, sino porque el Estado no tiene una política para dar créditos factibles para los campesinos, productores y pequeños comerciantes, acompañada con capacitación técnica que les permita no estar al arbitrio del voraz sistema financiero nacional.

La normativa de la SIBOIF complicó la reestructuración

Cuando la ley de moratoria fue aprobada, la misma norma establecía que la Siboif, emitiría una normativa especial de aplicación general. Según Vílchez esta normativa sería nefasta para los intereses de las productores: “Esa normativa vino a reformar la Ley a favor de las microfinancieras, pues subió el techo de la tasa de interés con los cargos que incluyó, hizo exclusiones de deudores, e imposibilitó recuperar las propiedades que ya habían sido embargadas por las financieras, de modo tal que más de 3,000 pequeños productores y comerciantes a la fecha no han podido recuperar ni sus fincas ni sus casas” (Ídem)

El mismo Walmaro Gutiérrez legislador del partido de gobierno reconocería: “más bien me da la impresión que hubo una manipulación que evitó que los deudores aprovecharan los enormes beneficios que les dio la ley” (Ídem)

Ante este panorama, los “no pago han declarado que sus protestas ya tendrán una nueva etapa, esta vez mas defensiva, Omar Vílchez dirigente del movimiento declaraba después de la toma de una carretera que: “Por ahora vamos a retirarnos, pero seguimos unidos, y cada quien va a defender cada una de sus propiedades. Una pulgada de nuestras tierras no la van a tener, porque se han encaprichado. De la posesión no nos sacan ni muertos, las vamos a defender con la vida, porque es el patrimonio de nuestros hijos” (El Nuevo Diario 15/07/2011)

Si las declaraciones de los pequeños productores son ciertas el problema tiende a recrudecerse, según Calixto Jirón Gómez, productor de Boaco y miembro de los No Pago: “Aquí hay mucha gente que sabe de armas, porque fuimos parte de la guerra y defendimos este país, ahora nos toca defender nuestras tierras. Además algunos tenemos nuestras armas de defensa” (Ídem)

Acuerdos aislados.

Aunque en sus declaraciones ambas partes (financieras y productores) se han pronunciado opuestas, podemos ver que en algunos casos se están celebrando acuerdos individuales, el primer acuerdo se realizó con una pequeña Cooperativa llamada Santiago de Nueva Segovia. El dirigente de los “no pago” Omar Vílchez anunciaba el acuerdo: “los morosos pagarán únicamente el saldo de capital “congelado”. Además, incluye la posibilidad de readquirir las propiedades adjudicadas.” (El Nuevo Diario 20/07/2011)

Banca estatal para los productores.

Según Asomif: “15 millones de dólares es la cartera de los No Pago, distribuida en 13 mil 578 morosos.” (El Nuevo Diario 15/07/2011) Es obvio que el problema no es solo de pocas personas, sino que atañe a una buena cantidad de productores nacionales.

Recientemente se aprobó la ley de fomento y regulación de las microfinanzas, ley que regularía la materia, dicha norma lejos de establecer un parámetro para los altos intereses, los deja al libre mercado desprotegiendo a los productores, comerciantes y personas naturales que necesiten financiamientos.

Dicha ley legaliza la creación del Banco de fomento de la producción, institución que se concibió para canalizar recursos del microcrédito para algunas financieras.

Todo esto deja un panorama pavoroso para los productores, que siguen siendo víctimas de las empresas financieras, tanto bancos como microfinancieras. El Estado el que debe asegurar créditos accesibles a una baja tasa de interés, pero en lugar de hacer esto, canaliza una buena cantidad de dinero a través de empresas privadas como Alba Caruna.

Como vemos, solo las empresas privadas manejan el financiamiento, por lo que es necesario que el Estado tenga cree banca estatal, pero no bajo el control leonino de la burocracia, sino que las decisiones las tomen el Estado, los trabajadores y organizaciones de defensa de los consumidores. Solo así se podrá asegurar financiamiento justo para los productores.