Por Alex Burguess

En las últimas semanas se ha vuelto un debate público las futuras reformas al Régimen de Seguridad Social. Reformas vergonzosas y anti-obreras que el Gobierno Sandinista endosa, avala e impulsa, justificándose en la verdad a medias de que el INSS fue quebrado por los gobiernos “neoliberales”, ya que tanto el primer gobierno sandinista, como el actual han sido coautores de la crisis campante del INSS.

La jornada de 8 horas y la Seguridad Social que garantizara un retiro digno, han sido dos triunfos históricos de la clase obrera dentro del capitalismo… En Nicaragua fue Luis Somoza (1957-1963) quien instituyó la Seguridad Social mediante la Constitución de 1950, como una concesión de la dictadura ante los reclamos de los trabajadores durante un periodo de bonanza económica. Hoy, 50 años después, la Seguridad Social está en “quiebra”… pero la causa no es reciente, es de vieja data.

Conquista e Inicios

Luis Somoza Debayle creó en 1955 la denominada Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social y el Instituto Nacional de Seguridad Social. Mediante el Decreto Ejecutivo # 7 “Reglamento de la Seguridad Social” se estableció que para optar a la pensión de vejez se debía cotizar al Seguro Social durante 750 semanas y haber cumplido 60 años. El sistema estaba configurado para funcionar con los siguientes fondos: El Aporte Patronal (no mayor del 15% de la planilla); el aporte del Trabajador (no mayor al 10% de su remuneración) y la cuota estatal (25% de la suma calculada para mantener el sistema). En 1957 el INSS construye sus propias instalaciones, comenzando a brindar servicios de salud. “A lo largo de las dos décadas siguientes se desarrolló un sistema de pensiones contributivas que llegó a cubrir, a fines de los 70, a alrededor del 20 por 100 de la Población Económicamente Activa (PEA)”. (ANTÓN PÉREZ, José Ignacio “Análisis Económico de la Reforma de la Seguridad Social en Nicaragua: Una Propuesta De Pensión No Contributiva En Nicaragua”)

La Revolución: albores de la crisis

El Gobierno Revolucionario aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Social y su Reglamento en 1982. El artículo 48 de la Ley, y 55 inciso “a” del Reglamento establecieron como requisitos para acceder a la Pensión de Vejez tener 60 años de edad y haber cotizado 750 semanas. El financiamiento del Régimen de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales se distribuyó así: Empleador 6.50% sobre planilla; Trabajador: 2.00 % sobre Remuneración; y Estado: 0.25%. Es evidente la claudicación del gobierno sandinista a los “empleadores”, pues el porcentaje de aporte fue fijado en 2% contra el máximo de 15% que establecía la Ley anterior.

El INSS fue sometido a cambios cualitativos cuya mayor expresión fue la inclusión al sistema de pensionados de guerra (madres de héroes y mártires, pensiones de invalidez, etc.): “En 1979, con la llegada al poder del gobierno sandinista se relajaron fuertemente las condiciones de acceso, lo que generó una expansión del número de pensionistas que introdujo severos problemas financieros en el INSS.” (Ídem) La inclusión de las pensiones de guerra en principio es correcta, y la unificación tampoco es el origen de la crisis; sino más bien la política económica de tolerancia del gobierno con la burguesía (Economía Mixta), que terminaron descalabrando la economía en general.

Por otro lado, el INSS fue absorbido por Sistema Único de Salud (Decreto 5 del 8/08/1979). “En la década de los años 80 (…) se creó el Sistema Nacional Único de Salud, tomando todos los recursos del MSP, INSS, las Juntas Locales de Asistencia y Previsión Social (JLAPS), la Junta Nacional de Asistencia y Previsión Social (JNAPS) para ser administrados por el Ministerio de Salud (MINSA), pasando a ser los únicos prestadores de servicios de salud.” (Proyecto CAPUBPRIV, “La Contratación de Servicios de Salud Privados en el primer nivel de atención en América Central”) Esto significó los servicios de salud general fueron “subsidiados” con las cotizaciones de los asegurados, en vez de que fuesen los impuestos de los burgueses y las nacionalizaciones.

Gobierno de Violeta Chamorro: el inicio del fin

El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, títere del imperialismo, aplicó al pie de la letra las “recetas” del Consenso de Washington. La Seguridad Social no escapó y en 1993 y ante la insostenibilidad del Sistema Único de Salud se impone una nueva “Política de Salud Pública”: “Para atender a la población trabajadora, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, estableció en 1993 el modelo de Salud Previsional, cuyo principal objetivo es brindar al asegurado cotizante y sus dependientes atención médica ambulatoria y hospitalaria, orientada a dar: a) cobertura básica; b) calidad técnica aceptable; e) fácil accesibilidad; y, d) Oportunidad en la prestación del servicio.” (Análisis del Sector Salud, Diciembre 2003)

El modelo de Salud Previsional en los hechos significó TERCERIZAR los sistemas de atención en la salud para los asegurados dado que el INSS dejó de prestarlos por sus propios medios: “Las Empresas Médicas Previsionales iniciaron sus actividades en 1993. Al comienzo, la relación contractual se establecía entre allegados al gobierno de turno, amigos y empresarios que deseaban incursionar en este novedoso modelo de salud desconocido por muchos pero que auguraba éxitos para todos. En el principio, el modelo formalizó relaciones contractuales con 151 empresas médicas en casi todo el país, de todos los tipos, tamaños y calidades; sin embargo en la actualidad solamente han quedado 49, de las cuales 10 son de origen público y 39 de origen privado. Se agruparon en la Cámara de Empresas Médicas para fortalecer su poder de negociación con el INSS.” (Proyecto CAPUBPRIV Ob. Cit.)

En un plano macro, el “Ajuste Estructural” (léase privatizaciones) significó que una inmensa masa laboral fue a parar al desempleo: “Producto de la implementación de estas políticas el Estado pasó de 290.000 a 107.000 empleados, de los cuales 68.000 eran miembros del ejército y 74.000 empleados de las empresas públicas cerradas. Fueron privatizadas, devueltas a sus antiguos propietarios o liquidadas 351 empresas agrupadas en la Corporación Nacional de Empresas Públicas, CORNAP; hay que señalar que el conjunto de estas empresas generaban el 30 por ciento del PIB. Los bancos estatales fueron recapitalizados con fondos del Banco Mundial y del BID. El Banco Inmobiliario fue cerrado. En la reestructuración de la banca nacional 5.600 empleados perdieron sus puestos de trabajo.“ (Ajuste Estructural y Desarrollo Rural en Nicaragua. Cuaderno de Investigación # 4. NITLAPAN)  Así pues el creciente desempleo generado por los programas de re-estructuración supuso una reducción importante en el monto de las cotizaciones, arrojando a la mayoría de trabajadores a laborar en el sector informal.

Modelo “a la chilena”

En 1999, durante el Gobierno de Arnoldo Alemán, la Asamblea Legislativa siguiendo las directrices del BM y el BID aprobó la Ley 340 “Ley de Sistema de Ahorro para pensiones” copiando el “modelo chileno” de Seguridad social: “Un sistema de capitalización individual obligatorio al que cada trabajador aportaría un 10,5 por 100 de su salario, de los cuales 7,5 se acumularían en su cuenta individual mientras que el 3 por 100 cubriría inicialmente costes de administración. Esto suponía aumentar la cotización del trabajador, anteriormente fijada en un 5,5 por 100, en más de un 90 por 100.” (Antón Perez, Ob. Cit.) En este descarado sistema, el Estado era “liberado” de su obligación de aportar a la Seguridad Social, convirtiendo el aporte para vejez en una pueril cuenta bancaria.

Dicho sistema nunca fue puesto en práctica ya que en julio de 2004 durante el Gobierno de Enrique Bolaños se determinó que el Sistema era inviable para el Estado. El entonces Ministro de Hacienda, Eduardo Montiel, declaraba: “El problema en Nicaragua es que a como se estructura la reforma, el INSS traslada parte los beneficios a las AFP, ellas cobran una comisión a los pensionados que va hasta el 28 por ciento de las cotizaciones para cubrir sus operaciones, eso está bien, pero si con esto al final no cubren el retiro del pensionado, entonces el Gobierno cubrirá una pensión mínima (…) Al inicio (el déficit) sería similar al costo de mantener otro Ministerio de Transporte, el costo este gobierno podría manejarlo en el sentido de que las reservas técnicas del INSS están para financiar los dos años y medio que le quedan, el problema le hubiera quedado al siguiente gobierno cuando no tuviera reservas” (El Nuevo Diario.- 22/07/2004) La Ley 568 derogó el Sistema de Ahorro para Pensiones en Enero del 2006. En dicho año, en medio del pleito inter-burgués surgido entre el Presidente Enrique Bolaños y el bloque FSLN – PLC; éstos últimos aprueban en la Asamblea como medida de presión la Ley 539 “Ley de Seguridad Social” la que obligaba al Estado a un sinnúmero de beneficios económicos para con los Asegurados.

Una vez que el FSLN tomó el Gobierno en 2007, la implementación de dicha Ley le resultaba nocivo, y por medio del pacto con el PLC, los magistrados sandinistas y liberales en la Corte Suprema de Justicia procedieron a Declararla Inconstitucional por medio de la Sentencia Nº 1 del 10 de enero del 2008.

Reformas del Gobierno Sandinista

La catastrófica administración del INSS desde su génesis ha provocado su “iliquidez sistemática”, lo que motivó al Gobierno Sandinista a aumentar en Enero de 2009 la cuota patronal, pasando de 15% calculado sobre planilla a un mísero 16%, es decir, un punto porcentual. Independientemente, la pavorosa crisis del INSS, agravada por la corrupción de todos los gobiernos de turno, es insostenible y ha generado que el gobierno de Ortega que se auto-proclama defensor de los pobres; se apreste a hacer algo que NINGÚN OTRO GOBIERNO BURGUÉS (liberal o sandinista) ha siquiera propuesto: modificar la edad para el retiro. La suerte está echada, y en los hombros de los trabajadores nicaragüenses está la tarea histórica de defender un derecho adquirido, aún y en contra de este gobierno, que a pesar de su discurso tiene un marcado corte neoliberal.