1.- Las “irregularidades” y contradicciones del proceso electoral

En términos generales, tanto el gobierno de Estados Unidos como la Unión Europea, a pesar que han denunciado las “irregularidades” y la “falta de transparencia” del proceso electoral, en el fondo han aceptado tácitamente los resultados que confirman un triunfo aplastante del FSLN.

1. 1.- Las cuestionadas elecciones municipales del 2008

Durante las elecciones municipales del año 2008, basados en el sofisma que la suma de la votación obtenida por las dos fracciones liberales en el 2006 eran mayoría, por encima del 38% obtenido por el FSLN y que permitió a Daniel Ortega recuperar la presidencia de la Republica, la oposición burguesa se reunificó coyunturalmente con el objetivo de cuestionar la legitimidad del triunfo sandinista del 2006 y obtener el mayor número de alcaldías posibles, con el objetivo de fortalecerse de cara a las elecciones generales del 2011.

En un proceso de endurecimiento político, el Consejo Supremo Electoral (CSE) ilegalizó al Partido Conservador de Nicaragua (PCN) y al Movimiento Renovador Sandinista (MRS). El gobierno sandinista no permitió observadores internacionales y restringió las libertades políticas y democráticas. Al final del proceso electoral, el CSE bajo absoluto control del sandinismo, declaró vencedor al FSLN y la oposición burguesa, como hiena herida, denunció un masivo fraude electoral, pero resulto incapaz de desarrollar la movilización y tuve que replegarse

Obtener la mayoría de las alcaldías en el año 2008 fue un asunto decisivo y estratégico para el FSLN, puesto que las campañas electorales nacionales se organizan desde los territorios, es decir, desde los municipios, máxime cuando a partir del año 2009 las alcaldías recibirían el 10% del Presupuesto General de la Republica. El control de la mayoría de las alcaldías fue crucial para implementar programas sociales sobre segmentos de la población tradicionalmente adversos, especialmente en aquellos zonas campesinas donde el ejército contra tuvo alguna influencia de masas. Con ello, mejorarían las condiciones políticas para lograr la meta estratégica de la reelección de Daniel Ortega.

1.2.- No, pero si…

Durante algún tiempo, sin percatarse realmente de la importancia de la victoria electoral sandinista en las elecciones municipales del 2008, la oposición burguesa mantuvo la exigencia de cambiar la composición de los magistrados del CSE, pero al final, acorralados, muy debilitados aunque seguros que podrían tumbar a Daniel Ortega enarbolando la bandera de la “no reelección”, aceptaron participar en el proceso electoral que tenía evidentemente los dados cargados.

La oposición burguesa ha denunciado la ilegalidad e inconstitucionalidad de la candidatura de Daniel Ortega, quien logró inscribirse como candidato presidencial, a partir de la sentencia No 504-2009 de la Sala Constitucional que declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución de Nicaragua que prohíbe la reelección continua y por más de dos periodos alternados. No obstante, al mismo tiempo, decidió participar “bajo protesta” en el proceso electoral, a pesar que con esa sentencia Daniel Ortega rompió los candados constitucionales desbrozando el camino a su tercer periodo presidencial.

La explicación de esta contradicción, que por un lado criticaba la candidatura de Daniel Ortega y al mismo tiempo aceptaba las duras reglas del juego electoral, nos la brinda nada menos que Robert Callahan, ex embajador norteamericano en Managua, en un reciente artículo: “(…) Ortega había agarrado claramente a contrapié a sus enemigos. Si se negaban a reconocer su candidatura como legítima y boicoteaban las elecciones (como lo habían hecho en 1984 aunque por otras razones) se presentaría sin oposición y aduciría tener un mandato. Pero si participaban en las elecciones, implícitamente estarían condonando el escándalo judicial. Se decidieron por la segunda opción. La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, no tuvo más remedio que acatar esta forma de encauzar el problema y por las mismas razones”. (The Heritage Foundation, 13/10/2011)

Las ruedas dentadas de la maquinaria del CSE estaban preparadas para triturar a cualquier fuerza política, salvo que generaran una enorme movilización de masas. La oposición burguesa soñaba con desarrollar esta última hipótesis, pero las condiciones objetivas de la economía se inclinaban a favor del sandinismo y no de la oposición. Mientras el sistema capitalista es sacudido por una tremenda crisis, Nicaragua ha gozado en los últimos años de una relativa estabilidad económica que, combinado con la implementación de programas de asistencia social a los sectores más pobres, le impedían a la oposición burguesa manejar un discurso que agitara a las masas contra el gobierno sandinista. En esas condiciones, la oposición burguesa resultó incapaz de articular un vasto de movimiento de masas en contra de la reelección de Daniel Ortega

1.3.- Los observadores internacionales

El general Augusto C. Sandino siempre se opuso a las elecciones supervigiladas por imperialistas, aunque aceptaba, como contraposición a la invasión norteamericana, la presencia de “ministros de gobiernos latinoamericanos”.

Fue el gobierno sandinista en 1989-1990, cumpliendo con los reaccionarios Acuerdos de Esquipulas II quien trajo por primera vez observadores internacionales a los procesos electorales de Nicaragua, inaugurando un prolongado proceso de supervisión internacional de los procesos electorales.

La presencia casi permanente de “observadores internacionales” en las elecciones realizadas desde 1990, coloca como tema de discusión las posibles violaciones a la soberanía nacional. ¿Hasta dónde es permisible que fuerzas extrañas, casi siempre bajo control del imperialismo, opinen, intervengan y finalmente incidan en decisiones que les competen única y exclusivamente a los organismos electorales nacionales?

A pesar de las reticencias iniciales, bajo la brutal presión de los “países donantes”, en la fase final del reciente proceso electoral el gobierno sandinista aceptó con algunas restricciones la presencia de observadores internacionales, bajo la novedosa figura del “acompañamiento electoral”. Bajo esas condiciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) enviaron sus respectivas misiones de observadores. El Centro Carter, que ha supervisado todas las elecciones de Nicaragua a partir de 1990, se negó a participar bajo las restringidas condiciones impuestas por el CSE.

Las diversas fracciones de la oposición burguesa estaban confiadas que la observación electoral lograría lo que ellos con sus propias fuerzas no habían podido establecer: un proceso electoral democrático e incluyente. Error fatal.

1.4.- Denuncias de Ética y Transparencia

Por presiones del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea, el CSE a última hora acreditó las misiones de observación de la OEA y la UE, pero no acreditó a organismos nicaragüenses como Ética y Transparencia (EyT) y el Instituto Para el Desarrollo de la Democracia (IPADE).

En su Informe Preliminar, EyT denunció algunas de las consabidas “irregularidades”: “el funcionamiento de una estructura paraestatal del partido de gobierno a nivel de todos los municipios del país que se encarga de tramitar los documentos de votación sin controles observables (…) La totalidad de las estructuras oficiales de emisión del documento de votación han permanecido cerradas hasta tres meses antes de las elecciones (negando) el derecho al voto a un estimado mínimo de 250,000 personas. (…) El Padrón Electoral no fue auditado y no existen controles confiables sobre el uso de terceros del documento de votación y derecho al voto de un aproximado del 30% del padrón que consiste en ciudadanos en el extranjero o difuntos. (…) Estimamos que a un mínimo de 250,000 ciudadanos en edad de votar se les negó el derecho a la ciudadanía y al voto en estas elecciones, en la mayoría de los casos, por razones de su presunta filiación opositora”.

“En casi el 90% de la JRV, los miembros negaron el acceso a los fiscales, antes de finalizar la conformación de la JRV, tal que estos no pueden garantizar que la urna estuviera vacía al comenzar las votaciones. Se eliminaron requisitos y candados de seguridad (firmas y códigos, al reverso de las boletas) y se pregeneró, por parte del CSE, el código de seguridad, mismo que antes se establecía en la JRV, por los miembros (…).”

1.5.- Criticas de los observadores de la UE

Por su parte, la misión de observadores de la UE fue mucho más dura, al expresar en su Informe Preliminar, lo siguiente: “El proceso electoral de 2011 ha transcurrido hasta la fecha de forma generalmente pacífica, pero ha estado dirigido por un consejo electoral muy poco independiente y ecuánime (…) avaluamos positivamente la fase de votación en el 85% de los 559 juntas observadas. No obstante, constatamos con preocupación que sólo el 63% de las juntas observadas merecieron una valoración positiva en la fase de recuento, en algunos casos a causa de decisiones de anulación discriminatorias en favor del FSLN”

“Los informes de los observadores reflejan un absoluto predominio del FSLN en detrimento de los partidos de oposición en los CED y los CEM, logrado en un número significativo de casos a través de suplantaciones, denegaciones arbitrarias e incluso intimidación para forzar renuncias. Este patrón se ha reproducido en la conformación de las JRV, cuya constitución fue además adelantada con un aviso inferior a 24 horas, reforzando la marginación de la oposición en un tipo de administración electoral”

“El FSLN contó con fiscales en todos los centros de votación, el PLI solo en el 85% (...) Los observadores evaluaron el ejercicio del voto como adecuado o muy bueno en el 85% de los casos observados, y malo o muy malo en el 14% (…)”

El Informe Preliminar de la UE causó revuelo político por la dureza de las críticas, parecía darle la razón a la oposición burguesa, especialmente a las denuncias de “fraude” realizadas por Fabio Gadea Mantilla, candidato del Partido Liberal Independiente (PLI). No obstante, para disipar el malestar que el Informe Preliminar de la UE causó al gobierno sandinista, Luis Yáñez, jefe de la misión de observadores electorales de la Unión Europea (UE), en un lenguaje sibilino declaró: “A mí me gusta ser claro. Si la pregunta es: Si el señor Ortega y el Frente han ganado las elecciones o la han perdido, que es lo que define la famosa palabra fraude… para los políticos fraude es dar por ganador al que ha perdido, y dar por perdedor a quien ha ganado. En ese caso, es indudable que el Frente y el Señor Ortega han ganado las elecciones. En el informe preliminar que tiene 11 páginas, no se utiliza la palabra fraude en ningún momento (…)". (El 19 Digital, 08/11/2011)

Efectivamente, el informe de la UE no cuestiona los resultados electorales ni se refiere a un “fraude”, como alega la oposición burguesa, sino que plantea los temas de confiabilidad, imparcialidad y transparencia, que seguramente serán parte de una agenda negociadora de una inevitable reforma electoral en el futuro inmediato.

1.6.- Declaración conciliadora del Centro Carter

El Centro Carter, a pesar de no haber participado como observador, emitió una declaración mucho más moderada y conciliadora que reconoció abiertamente el triunfo del sandinismo: “Notamos el amplio respaldo electoral otorgado al Presidente Daniel Ortega en las elecciones del domingo pasado. Sin embargo, nos preocupan los informes sobre deficiencias significativas que afectaron el proceso electoral 2011 y sus implicaciones para la gobernabilidad democrática en Nicaragua.  Resulta desconcertante que un país que está mostrando mejoras sociales y económicas haya permitido la erosión de sus instituciones democráticas. (…) “Es nuestra esperanza que los nicaragüenses establezcan un diálogo abierto y sincero para enmendar esta situación”. (Centro Carter, 09/11/2011)

1.7. El informe de la OEA

La misión de observadores de la OEA fue extremadamente cautelosa en sus declaraciones. Inicialmente, en un comunicado emitido el 6 de Noviembre por la noche, declaró que: “(…)no se constataron, de acuerdo a la información recibida hasta este momento, anomalías relevantes (…) La Misión de la OEA ha recibido las denuncias de diversas organizaciones políticas sobre irregularidades en el proceso electoral, las que, por tratarse de hechos no constatados por la propia Misión, serán procesados de acuerdo con las normas establecidas por la Organización, tal como se hace de modo habitual”.

Posteriormente, Jose Miguel Insulza, secretario general de la OEA, en una apresurada visita relámpago a Managua, felicitó a Daniel Ortega por su reelección y declaró en tono triunfante: "Nicaragua ayer avanzó la democracia y la paz (…) Pese a ciertos vaticinios sobre posibles tensiones y actos de violencia la madurez y los deseos de paz marcaron el carácter pacífico con el que se cerraron los comicios generales" (Efe, 07/11/2011). Sin embargo, antes las denuncias de irregularidades, Insulza debió retractarse y borró algunas de las frases pronunciadas en la nota de prensa de la OEA.

Por su parte, Diane Ablonczy, Secretaria de Estado de Canadá, emitió una amenazante advertencia: “Estamos muy preocupados por la pauta de irregularidades electorales en Nicaragua. No sólo en estas elecciones, sino en previas (…) Respaldamos totalmente al secretario general en sus reuniones con los países miembros sobre cómo responder y en que (la OEA) juegue un papel positivo en contrarrestar cualquier erosión a la libertad electoral y la transparencia en un país de América".

Pero esta posible repuesta continental de la OEA puede terminar disolviéndose en la nada. En Centroamérica los gobiernos de El Salvador y Honduras ya felicitaron a Ortega por su reelección. También han reconocido los resultados del proceso electoral nicaragüense todos los países del ALBA (Venezuela, Bolivia, Cuba) más Republica Dominicana, Brasil, Ecuador, Perú y Chile. En pocas palabras, la OEA está dividida en torno al tema y es muy poco probable una repuesta continental minoritaria contra Nicaragua

1.8.- Posición tolerante del Departamento de Estado

Como una premonición de lo que podría ocurrir, el ex embajador norteamericano Callahan, en la parte final de su carta,  reconoció públicamente que la política de Estados Unidos hacia el gobierno sandinista ha sido de tolerancia: “El gobierno de Estados Unidos ha llegado a ignorar o tolerar muchas de estas acciones claramente antidemocráticas por parte de los sandinistas y es probable que continúe tolerándolas, si no van a peor, a pesar del enérgico antiamericanismo de Ortega (…) Ortega ha hecho lo suficiente hasta la fecha para evitar provocar una importante reacción negativa por parte de Estados Unidos y de la comunidad democrática internacional. Sin embargo, si incurriese en un fraude a gran escala en una elección nacional, Estados Unidos y otros países deberían exigirle responsabilidades y desenmascarar a su cada día más corrupto y autoritario gobierno”. (Ibid)

Obviamente, la crisis del imperialismo norteamericano y del sistema capitalista ha obligado a la administración Obama a concentrar esfuerzos en otros puntos del planeta, y dejar que una parte de su patio trasero centroamericano sea administrado por fuerzas como el FSLN, con un pasado revolucionario y antiimperialista, cuya conducción se ha transformado en una nueva burguesía y en el ejercicio del poder ha mostrado un enorme pragmatismo en el manejo de la económica, en la lucha contra el narcotráfico y en las relaciones internacionales.

Es importante recalcar que en su artículo Callahan utilizó el sutil concepto de “fraude a gran escala”, lo que indica que existe un margen de maniobra o de tolerancia al respecto. La última declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre el resultado de las elecciones en Nicaragua, leída por Mark Toner, vocero adjunto, delineó el margen de tolerancia de la administración Obama: "El Gobierno de Nicaragua ha anunciado que Daniel Ortega va a cumplir otro mandato como presidente. Los observadores nacionales e internacionales acreditados han declarado públicamente que el proceso electoral se vio empañado por irregularidades significativas (…) Estamos de acuerdo con la misión electoral de la Unión Europea (UE) en que el Consejo Supremo Electoral no operó de manera transparente e imparcial. También compartimos las preocupaciones de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación con las irregularidades en el proceso electoral y el día de las elecciones (…) Estados Unidos sigue comprometido con la defensa de los procesos democráticos y los derechos humanos universales, y alienta al gobierno de Nicaragua a hacer lo mismo" (Efe, 10/11/2011)

Como se puede observar, la mayor parte de los observadores internacionales, acreditados como tales o no, sean de la OEA o de la UE, así como el propio gobierno de los Estados Unidos han aceptado en los hechos el triunfo electoral de Daniel Ortega.

1.9.- La solicitud de nulidad de las elecciones

 Mientras la OEA y la UE por medio de informes más o menos críticos reconocían implícitamente el resultado de las elecciones en Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que mantiene una inusitada actitud de amistad y colaboración con el gobierno sandinista, declaró que “no podemos permitirnos  llevar a nuestra patria  al límite de  la confrontación como ocurrió en el pasado. Por lo que hacemos un vehemente llamado a que nuestros planteamientos, reclamos  y posiciones sobre el proceso electoral actual, sean encauzados por vías pacíficas no violentas, contribuyendo a que la nación camine invariablemente por el sendero de  la democracia y la paz” (09/11/2011)

La única organización empresarial que se lanzó de frente contra el gobierno sandinista fue la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), al exigir que debe  “considerarse la aplicación del artículo 168 de la Ley Electoral, donde señala la posibilidad de la declaración de nulidad al comprobarse la existencia de los vicios informados o reclamados, siendo estas nulidades de tal magnitud que claramente inciden en los resultados generales de las elecciones”. (La Prensa, 8/11/2011)

Esta Declaración de Amcham provocó un sisma en esa cámara empresarial, al grado que su Presidente Yalí Molina, tuvo que retroceder y dar explicaciones: “Quiero darle la seguridad a la membresía de AmCham que no estamos tomando ninguna posición partidista (…) Nosotros en ningún momento estamos diciendo que se anulen las elecciones, no tenemos pruebas, no fuimos observadores, no estamos metidos directamente en el proceso electoral (…)” (Informe Pastrán)

Los empresarios nicaragüenses han reconocido públicamente que las políticas económicas del gobierno sandinista no afectan sus negocios, y muy al contrario las apoyan.

2.- Lo que muestran los resultados electorales.-

Salvo la elección presidencial de 1984, que se produjo bajo la agresión militar  imperialista y la guerra civil,  si la comparamos con el crecimiento del padrón electoral, en las siguientes elecciones presidenciales de 1990, 1996, 2001 y 2006, la votación a favor del FSLN mostró una clara tendencia decreciente, con algunos altibajos.

Votación histórica del FSLN

Fuente: CSE

Esta tendencia decreciente de la votación a favor del FSLN se relativiza si la comparamos con los votos válidos, en donde el promedio de la votación histórica rondaba el 39%. Estos votos fueron los que le permitieron al FSLN, en el llamado periodo neoliberal, mantener una importante presencia dentro de la Asamblea Nacional y vetar cualquier reforma constitucional que no fuera previamente negociada con la dirigencia sandinista.

2.1.- El derrumbe del PLC y la ruptura del pacto

A partir de la recuperación del gobierno en el año 2007, el FSLN tuvo una clara estrategia de consolidar su hegemonía política, pero para imponerla necesitaba romper el círculo vicioso del pacto con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dirige Arnoldo Alemán. Contradictoriamente, cuando el FSLN estaba en la oposición utilizó el pacto con el PLC para conquistas cuotas de poder y fortalecerse, pero al recuperar el gobierno, las cuotas de poder que solicitaba el PLC desde la oposición le resultaban muy onerosas.

Antes de las elecciones del 2011, pese al colaboracionismo abyecto del PLC en todos los niveles, se produjo una crisis del pacto, porque inicialmente implicaba la repartición de los cargos en partes igualitarias, y el FSLN no estaba dispuesto a mantener esas proporciones.

El pacto implica cogobernar con la oposición, y tiene un alto costo político para ambos, pero lo más importante es que resulta antagónico con el proyecto hegemónico que el FSLN lleva en sus genes guerrilleros. Para imponer su hegemonía, el FSLN necesita más de un periodo presidencial para Daniel Ortega. Esta es la verdadera explicación de la ruptura del pacto.

Resultado de las elecciones nacionales 2011

Fuente: CSE

El resultado de las elecciones muestra un claro derrumbe de la otrora poderosa maquinaria electoral del PLC. El FSLN obtuvo 62 de las 91 diputaciones de la Asamblea Nacional, en resumen obtuvo 24 diputados más que las ultimas elecciones del 2006. El PLC se derrumbó literalmente. En el año 2001, el PLC había obtenido 53 diputados, en el año 2006 bajó a 25 diputados y ahora en las elecciones del 2001 se redujo a 2 diputados. Un desplome total.

La corriente del liberal Eduardo Montealegre obtuvo 22 diputados en el año 2006, y ahora al frente de la alianza PLI obtuvo 26 diputados, consolidándose como la fuerza de oposición al FSLN.

2.2.- El crecimiento de la votación a favor del FSLN

Al parecer, los votos tradicionales del PLC se inclinaron a favor del FSLN. Es indudable que los programas sociales impulsados por el gobierno sandinista, con el dinero proveniente de la ayuda venezolana, incidió en el crecimiento de la votación a favor del FSLN.

No se puede descartar que una parte de la base electoral del PLC, por cierto compuesta por sectores muy humildes, pero cansada de tres periodos continuos de no recibir los beneficios directos del gobierno, se haya inclinado a votar por el FSLN.

Votación para diputados de la Asamblea Nacional

Fuente: CSE

De los datos oficiales del CSE, se desprende que el FSLN ganó las elecciones abrumadoramente en la costa del pacifico, es decir, en las principales ciudades o centros urbanos, pero que la alianza PLI tuvo una importante votación en la zona montañosa del norte y centro del país, es decir, en las zonas donde se produjeron combates durante la guerra civil, lo que indica que una parte importante del campesinado abandonó al PLC para votar por el PLI. En el año 2006, los votos de la corriente de Eduardo Montealegre provinieron de los sectores urbanos, mientras que el PLC mantuvo su bastión en el campesinado. Pero en estas elecciones, a pesar de ir en alianza con el MRS, que se suponía representaba a la clase media y los intelectuales del sandinismo, encontramos que la votación más importante del PLI proviene de los sectores campesinos: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chontales, Boaco, Matagalpa y Jinotega. En la costa del Pacifico hubo una excepción a favor del PLI: el departamento de Masaya con una votación de casi el 40%

Estos datos muestran también la debacle del MRS, debido a que una parte de su base social parece haber retornado al FSLN.

3.- El problema de fondo: la ley electoral

Muchas de las irregularidades denunciadas en el pasado proceso electoral tienen su origen en la Ley Electoral vigente, que fue producto del pacto del PLC-FSLN en el año 2000, y que teóricamente estaba destinada a garantizar la hegemonía del PLC por un largo periodo. Con mucha habilidad política, el FSLN logro copar las instituciones electorales y desde ahí preparar su hegemonía política.

Por ello, no en vano, el Informe Preliminar de la UE señalaba críticamente lo siguiente:

“La regulación de los partidos políticos no es objeto de una ley específica, sino de regulación parcial en la ley electoral. Destaca en ella el excesivo protagonismo en la vida de las organizaciones políticas concedido al CSE, convertido en árbitro de discrepancias internas de los partidos sobre cuestiones tan relevantes como la representación legal de los partidos, su personalidad jurídica o la legitimidad de la constitución de sus órganos, ámbitos que, además, la ley regula de manera ambigua. Este excesivo poder ha servido en el pasado, y lo mismo ha ocurrido en el reciente proceso, para debilitar la autonomía de los partidos, garantía fundamental del pluralismo político, al sacar de su esfera de soberanía exclusiva decisiones que pueden tener gran impacto sobre la continuidad de sus estructuras, militancias y proyectos políticos. Este problema se agrava, indudablemente, en un contexto en el que el la independencia y neutralidad del CSE es seriamente cuestionada.

Por otra parte, la ley electoral diseña un marco muy restrictivo para el nacimiento y supervivencia de los partidos políticos. Ello se refleja en los exigentes requisitos requeridos para la creación de nuevos partidos, la extinción de todos aquellos partidos cuyos resultados no alcancen un 4%, la prohibición de las candidaturas independientes, la obligatoriedad para los partidos regionales de concurrir en coalición con otros partidos en las elecciones generales y, especialmente, en la ambigüedad de las disposiciones relativas a la representación legal de los partidos”.

La actual Ley Electoral, aprobada bajo el pacto PLC-FSLN, permitió derogar las candidaturas independientes, e ilegalizar a los partidos de izquierda por fuera del FSLN que, aunque minoritarios todavía, representan una visión diferente que defiende genuinamente los intereses de los trabajadores y de los pobres.

La oposición burguesa no cuestionó la naturaleza antidemocrática de la actual Ley Electoral, creyendo que podía derrotar al FSLN. En realidad, la oposición burguesa nunca ha pretendido la democratización de Nicaragua, sino utilizar el descontento social para tomar el poder o en su defecto negociar con el FSLN.

4.- Es hora de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana

Mientras Fabio Gadea Mantilla y el PLI han planteado, con muy poco vigor, la realización de nuevas elecciones, organizan protestas en algunas ciudades  que no logran adquirir la masividad esperada por sus dirigentes. En algunos casos estas protestas han terminado con muertos del lado del PLI, como ocurrió en los poblados campesinos de Camoapa y San José de Cusmapa.

Nicaragua nuevamente se ha polarizado entre la hegemonía sandinista y el bloque antisandinista, esta vez ya no bajo la conducción del PLC sino de la corriente de Eduardo Montealegre, agazapada en el PLI. La polarización política siempre ha sido utilizada por los bandos en pugna para negociar determinadas cuotas de poder.

Los trabajadores y los pobres no ganan nada en medio de esta polarización entre dos corrientes que, en el fondo, coinciden en aplicar medidas neoliberales con el analgésico de los programas asistenciales.

Nicaragua necesita ser democratizada en beneficio de los más pobres, por ello desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) demandamos al nuevo gobierno que encabezará Daniel Ortega a proceder de inmediato a:

1.- Derogar la actual Ley Electoral e iniciar la discusión que permita aprobar, con la mayoría absoluta obtenida en la Asamblea Nacional, una nueva Ley Electoral democrática e incluyente que permita, entre otras cosas, la legalización de las candidaturas independientes y la devolución de la personalidad jurídica a los partidos de izquierda.

2.- Ahora que el FSLN tiene mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana, donde los trabajadores y el pueblo decidan democráticamente como reorganizar la economía y el Estado, siempre en beneficio de los más pobres.

Si el FSLN ha conquistado a la mayoría del pueblo, como arrojan los resultados electorales, nada debe temer.